Salvador García Soto
Aún no cumple ni un año de existencia y la imparcialidad y efectividad del flamante Instituto Nacional Electoral ya están en la mira pública. Si con la integración de los órganos locales en septiembre pasado hubo denuncias de un proceso desaseado y que no satisfizo totalmente los principios de imparcialidad y equidad en la integración de los consejos estatales, con la contienda electoral en marcha el grupo de consejeros comandados por Lorenzo Córdova se juegan la credibilidad y confianza de la nueva institución.
Un caso particular que puede marcar el futuro, junto con la legitimidad y autoridad del órgano electoral y de los consejeros que lo dirigen, es la ilegal, onerosa y ostentosa campaña de propaganda del Partido Verde Ecologista, alentada y auspiciada desde el gobierno federal para posicionar al satélite del PRI. Hasta ahora el Consejo General del INE ha actuado de manera sospechosamente lenta y permisiva ante las denuncias de cuatro partidos políticos por “actos anticipados de campaña”, por la publicidad que se pagó en medios (cine, radio y televisión) fuera de la ley y de los tiempos oficiales. Ni los consejeros del INE ni los magistrados del tribunal electoral federal encontraron delitos del Verde y sólo se quedaron en endebles “amonestaciones públicas”.
A los 450 millones de pesos que costó la campaña del PVEM con sus 24 mil spots mediáticos, más cientos de anuncios espectaculares por toda la República promovidos por sus diputados, senadores y por el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, se suma otra evidencia de la clara vinculación gubernamental a la estrategia verde: el anuncio de la entrega anticipada de vales de medicinas en el IMSS y el ISSSTE que el gobierno federal autorizó, a partir del 15 de marzo, por ser uno de los “compromisos” que los legisladores del PVEM ofrecieron en el bombardeo de su machacado eslogan: “El Verde sí cumple”.
Si después de más de tres meses el silencio del INE ya sonaba a complicidad, ayer por fin el presidente del órgano, Lorenzo Córdova, habló del tema: “No me voy a pronunciar (sobre la campaña del PVEM) porque entiendo que hay una queja que se ha presentado ante nosotros sobre ese punto y eventualmente es una queja que tendrá que resolverse por parte de las instancias del instituto. Lo que sí es que hay un marco legal que tenemos que hacer respetar y sí hay alguna irregularidad en relación con estos hechos”, dijo el consejero.
La nueva queja la presentó el representante de Morena, Horacio Duarte, y se refiere en específico a la colusión de servidores públicos del IMSS y el ISSSTE para favorecer con recursos del erario al PVEM a través de la emisión de los “vales de medicinas” que promovió ese partido en su millonaria publicidad.
Veremos si esta vez los consejeros electorales y los magistrados del Trife no se hacen de la vista gorda ante el cinismo con el que actúan tanto el Partido Verde como sus promotores de Los Pinos y la Secretaría de Gobernación. Si esta tampoco la ve y la sanciona ejemplarmente la autoridad electoral entonces no habrá duda: el INE nació ciego, sordo y cómplice.
NOTAS INDISCRETAS… La marca “Plaza México” fue embargada en septiembre pasado por el SAT debido a un adeudo fiscal de 68 millones de pesos que la empresa debía, producto de 10 créditos fiscales que le otorgó el fisco y que no pagó. El embargo de cinco marcas de propiedad industrial “Plaza México” se produjo por parte de la Administración Local del Centro del DF, luego de que la contribuyente del mismo nombre no cumpliera con sus obligaciones fiscales ni atendiera los requerimientos que se le hicieron, según un documento del SAT del que este columnista tiene copia. Así que ni los toros se salvaron de la cogida de Lolita… Los dados repiten. Escalera doble.
sgarciasoto@hotmail.com
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