Por: Teresa Ulloa Ziáurriz*
Durante
febrero de 2014, la jueza Primera de Distrito en Materia Administrativa
de la Ciudad de México, Paula María García Villegas, ordenó al Gobierno
del Distrito Federal (GDF) credencializar a un grupo de al menos 35
mujeres en condición de explotación sexual comercial, para acreditarlas
como trabajadoras no asalariadas con el supuesto fin de que puedan
laborar en puntos determinados de la vía pública sin ser extorsionadas
ni remitidas a un juez cívico, según informó la Secretaría del Trabajo
y Fomento al Empleo (STyFE) del DF.
Esta decisión tuvo su raíz en la promoción de un juicio de amparo por
parte de las mismas mujeres, manejadas por una organización avecindada
en La Merced, representadas por el bufete jurídico Tierra y Libertad.
Resolución que no fue combatida por el GDF, a pesar de asegurar que su
política sobre este problema no ha cambiado.
Desgraciadamente y para el perjuicio de sus habitantes, en México
abundan ejemplos de este tipo en acciones y decisiones tomadas por la
autoridad que en un primer momento hacen parecer como benéfica una
medida que, si es vista a la luz de la información y los
acontecimientos en países donde se ha dado esta reglamentación –y no de
la ignorancia–, demuestran el tremendo daño que hacen a las mujeres y
el grave retroceso en el respeto a sus derechos.
Tenemos ante nosotros una clara muestra de ignorancia, dolo o algún
otro interés –que no nos queda muy claro– respecto de la Convención
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la
Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), aprobada en 1979 por la
Asamblea General de Naciones Unidas y ratificada por nuestro país desde
1981, y de la cual México es Estado Parte.
No debemos olvidar que se trata de un instrumento jurídicamente
vinculante para México, sus tres poderes y sus tres órdenes de gobierno
y que, a partir de la reforma al artículo primero constitucional de
2011 pasa a ser parte de la normativa nacional de nuestro país.
Recordemos que la CEDAW, en su artículo 6, establece que “los Estados
Partes tomarán todas las medidas apropiadas, incluso de carácter
legislativo, para suprimir todas las formas de trata de mujeres y
explotación de la prostitución de la mujer”.
¿Esta credencial es entonces una forma de protección o, por el
contrario, un acto de aceptación y reglamentación de un delito? La
resolución de la jueza García Villegas contraviene a la CEDAW en su
artículo 6.
¿De qué manera la credencialización suprime la explotación de la
prostitución en el DF? ¿Hasta qué punto podemos hablar de prostitución
“voluntaria” en un contexto social adverso en el que mujeres y niñas
–no sólo de la Ciudad de México, ya que también proceden de otros
estados de la República y Centroamérica– no tienen acceso a servicios
básicos, educación, empleo y seguridad?
Especialmente la Recomendación General número 19 del Comité de la CEDAW
establece que los Estados Partes, al examinar sus leyes y políticas,
deben tomar en cuenta una serie de observaciones respecto a la
violencia contra las mujeres, tales como: combatir la pobreza y el
desempleo porque aumentan las oportunidades para la trata de mujeres y
las obliga (incluso a las niñas) a ejercer la prostitución.
También se ordena capacitar a los funcionarios judiciales y a los
encargados de hacer cumplir la ley para lograr la aplicación efectiva
de la Convención; así como adoptar medidas preventivas y punitivas
concretas para eliminar la trata de mujeres y la explotación sexual,
entre muchas otras.
Es así que, a pesar de que contamos con tratados internacionales, éstos
se ignoran al momento de resolver amparos, causas, demandas, e
inclusive al momento de elaborar leyes, poniéndolas al servicio del
patriarcado en una sociedad como la mexicana que no toca ni con el
pétalo de una rosa a los demandantes de prostitución.
Recordemos que sin demanda, no hay oferta. Y vemos con mucha decepción
que en lugar de respetar la jerarquía de leyes, se convierte a la
Ciudad de México en cómplice de la explotación de la prostitución
ajena, reglamentando el negocio de tratantes y lenones.
Y es que la credencialización de estas mujeres en condición de
explotación sexual en el DF no es el único ejemplo de ignorancia por
parte del Estado. Más que emblemático por el grado de impunidad en el
que se ha mantenido, se encuentra el caso del ex dirigente del PRI
capitalino Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre.
A la fecha, no sólo ha librado varios procesos para fincarle
responsabilidades (como la increíble exoneración que le otorgó el
Instituto Electoral del DF en agosto pasado por utilizar recursos del
partido para sostener a un grupo de edecanes/asistentes administrativas
en su nómina) –que afortunadamente ya fue revertida–, sino que las
mujeres que fueron víctimas de su sistema de reclutamiento no han
accedido a la justicia.
Esto, sin olvidar que Sandra Esther Vaca Cortés, quien fuera su
secretaria particular (y responsable de dar el visto bueno a las
mujeres reclutadas y que administraba los turnos para brindarle
servicios sexuales a Gutiérrez de la Torre), se registró como aspirante
a diputada local por Iztapalapa.
No ha importado que este caso se encuentre debidamente fundamentado, y
de acuerdo con el desempeño de las autoridades, tampoco ha importado la
existencia de instrumentos como la CEDAW.
Aún peor, ahora que se aproximan las elecciones, un diputado local del
PRD, ignorando la jerarquía de las leyes y las reiteradas observaciones
que el Comité de la CEDAW le ha hecho a nuestro país, interpone una
iniciativa para reglamentar la prostitución por tercera Legislatura
consecutiva, propuesta profundamente machista y patriarcal, que deja
ver que más nos vale fijarnos a quiénes postulan los partidos y a
quiénes les damos el voto.
Inclusive la referida resolución de la jueza García Villegas y la
iniciativa recientemente presentada en la Asamblea Legislativa del DF
también contravienen la Ley General para Prevenir, Sancionar y
Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para Proteger y
Asistir a sus Víctimas, jerárquicamente superior a cualquier ley del
DF. Dudo mucho que sea ignorancia…
Twitter: @CATWLACDIR
*Directora de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en
América Latina y el Caribe (CATWLAC, por sus siglas en inglés).
Cimacnoticias | México, DF.-
Foto: Producciones y Milagros Agrupación Feminista AC
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