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En
una coyuntura de rampante deterioro de la clase política y fracaso del
plan económico y de reformas de Peña Nieto, México se acerca a las
elecciones federales de medio término, a celebrarse el próximo 7 de
junio. Ahí se renovará por completo la Cámara de Diputados.
La
Procuraduría General de la República acaba de dar “carpetazo”, es
decir, acaba de declarar cerrado el caso de la desaparición forzada de
los 43 de Ayotzinapa. Pronunció su “verdad histórica” sobre los hechos
afirmando que los jóvenes fueron ultimados por narcotraficantes e
incinerados en el basurero público de Cocula, en el sureño estado de
Guerrero. Además exculpó al Ejército de cualquier participación en la
desaparición de los jóvenes estudiantes normalistas. Con esto se echa
aun más leña al fuego, no se ha respondido a la demanda de justicia de
toda la Nación. Mucho menos se arroja luz sobre la desaparición forzada
de más de veinte mil compatriotas estos últimos años.
En
Michoacán, estado vecino al de Guerrero, la intervención federal
fracasó, como toda la estrategia anticrimen. Se apresó a los
principales dirigentes de las Autodefensas, a los más críticos del
gobierno. Se detuvieron importantes capos, sin embargo, la violencia
sigue corroyendo ese estado, como también Guerrero, Tamaulipas,
Chihuahua, Durango, el Estado de México y varios más.
La
victoria de Syriza en Grecia es una muestra de cómo la indignación
puede expresarse -y ganar- por la vía electoral. Con todo lo que haya
que cambiar no deja de ser una referencia para la multitud de
indignadas e indignados que todos los días brotan en este país por
múltiples y muy justificadas causas.
La figura del Presidente
de la República se erosiona a pasos agigantados por los escándalos de
enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias que se develan un día
sí y otro también. El Enrique Peña Nieto que hace dos años era el
“golden boy” de los medios informativos de esta economía globalizada,
ahora es criticado acremente por los mismos órganos que ayer lo
ensalzaban: el Wall Street Journal y The Economist. Su poca o nula
legitimidad hace que a pesar de haber entregado todos los recursos de
la Nación con sus reformas, la atracción de inversiones productivas no
despunte y la economía no crezca como se requiere.
Los
escándalos de corrupción de servidores públicos bullen por todo el país
y en todos los medios informativos. No sólo las residencias
multimillonarias en dólares del presidente, de su esposa, de su
secretario de Hacienda. También los contratos de privilegio a empresas
como HIGA. Escándalos también de corrupción en varios estados más como
en Chihuahua, Guerrero, Veracruz, Sinaloa. Parece que ninguno de los
principales partidos se libra de que al menos uno de sus ínclitos
representantes sea señalado por el dedo de fuego de una opinión pública
harta ya de la partidocracia. El poder presidencial parece construirse
ahora con base en los acuerdos de impunidad y de cobijamiento mutuo con
los señores feudales de las entidades federativas.
También se
deteriora el salario de todo tipo y todos los niveles de trabajadores.
Salario que es el único en América Latina que está por debajo de la
línea de pobreza. Por eso vuelven a cobrar dinamismo las maquiladoras
en la frontera, porque México es muy competitivo para machacar el
ingreso de las familias.
Por todo esto es que día a día
aumenta y se diversifican las insurgencias. La de Ayotzinapa, en primer
lugar, de dimensiones ya nacionales e internacionales, persistente,
combativa. La de los pueblos y comunidades que defienden su agua, su
territorio, su vida. La que clama por la liberación de presos políticos
como el Doctor Mireles o Nestora Salgado y el respeto absoluto a los
derechos humanos. Las que piden se investiguen y se castiguen casos de
corrupción de gobernadores, como lo demanda Unión Ciudadana e
Chihuahua. La de los agricultores, hundidos por el derrumbe de los
precios de sus productos…
En este contexto, no sin razón son
muchas las voces que piden no se lleven a cabo las próximas elecciones
o que se promuevan el abstencionismo y la anulación del voto. Porque es
evidente que o no hay puentes, o hay muy pocos, entre la arena de las
luchas sociales y la arena política partidaria.
Sin embargo,
hay voces que señalan que valdría la pena intentar, experimentar algo
que pueda comunicar a las insurgencias con el proceso electoral federal
y sobre todo, con la legislatura que de ahí surja. Se trataría de que
todos los partidos de verdadera oposición al régimen se pusieran de
acuerdo en una plataforma mínima y que se comprometan a impulsarla
conjuntamente en la Cámara de Diputados. Se trataría de retomar las
demandas básicas de la insurgencia social que recorre el país
actualmente y convertirlas en iniciativas de ley, en políticas, en
cursos de acción eficaces.
Se dice que esta plataforma para
una legislatura de coalición podría tener cuatro ejes básicos: derechos
humanos, lucha contra la corrupción e impunidad, aumento salarial de
emergencia y austeridad de la clase política. Con medidas y compromisos
concretos, sin maximalismos.
La plataforma común debería
incluir compromisos para retomar las demandas fundamentales en torno a
Ayotzinapa, los presos políticos y las desapariciones forzadas. Debería
también incluir acciones eficaces para aumentar el poder adquisitivo de
las familias y frenar el deterioro de la economía popular.
Habría que abordar con valentía el combate eficaz a los casos concretos
de corrupción, comenzando por las residencias de Peña Nieto y su
esposa, el tráfico de influencias a favor de empresas, las denuncias
contra los gobernadores.
En un contexto en que los partidos y
los diputados son quienes menos credibilidad tienen para la ciudadanía,
sería muy bueno que los futuros diputadas y diputados comenzaran por su
propia casa. Es decir, que comenzaran por reducir sus percepciones y
privilegios y garantizar un manejo transparente y de verdadera
rendición de cuentas del Legislativo.
Lo más probable es que
el deterioro presente por todos los rumbos de este país haga perder al
PRI la mayoría en la Cámara de Diputados. Pero sería terrible que no se
constituyera una nueva mayoría comprometida al menos en lo mínimo con
las causas más urgentes de este país. Ya no podemos permitirnos un
parlamento de minorías pulverizadas y paralizadas. Urge que haya una
mayoría que al menos se haga eco de las muchas insurgencias.
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