El diputado democratacristiano Pablo Lorenzini indicó que hay mujeres que dicen ser violadas aunque tuvieron relaciones porque "se tomaron un traguito de más o estaban apenadas"
Tamara Vidaurrázaga Aránguiz
Santiago
de Chile, 19 feb. 15. AmecoPress/SEMlac.- Continúan las respuestas de
todos los sectores políticos y sociales, ante el proyecto de ley de
aborto terapéutico por tres causales que la presidenta chilena,
Michelle Bachelet, envió al Parlamento a fines de enero. El proyecto,
comprometido en su campaña política, propone tres causales en las que
el aborto se realizaría en los servicios de salud: violación,
inviabilidad fetal y peligro de vida de la mujer.
Además,
antepone la confidencialidad del facultativo médico a la obligación
actual de denunciar ante el sistema judicial a quienes interrumpen sus
embarazos, sin importar el motivo, lo que en la práctica implica que
las mujeres dejarán de ser criminalizadas e ir a la cárcel por este
motivo, como sucede actualmente en el país.
Por ello, la
presidenta indicó que "los hechos han demostrado que la prohibición
absoluta y la criminalización de toda forma de interrupción del
embarazo no han impedido ni impiden su práctica en condiciones de gran
riesgo para la vida y salud de las mujeres (...) No es tolerable que se
castigue con pena privativa de libertad a aquellas mujeres que se
encuentran en esta difícil disyuntiva".
El texto
señala que las interrupciones se practicarían hasta las 12 semanas de
gestación, con excepción de las niñas menores de 14 años, en cuyos
casos se podrá realizar hasta las 18 semanas, puesto que "debemos
considerar que las niñas y adolescentes muchas veces desconocen su
estado", indicó la mandataria.
Según cifras
entregadas por Bachelet, unas 16.500 mujeres acaban de ser
hospitalizadas con riesgo para sus vidas o en casos de malformación del
feto en embarazos menores a 22 semanas, y cada año existen 500 muertes
por malformación fetal.
La última
reacción polémica provino desde un sector de la Democracia Cristiana
(DC), integrante de la propia coalición de Bachelet, Nueva Mayoría,
cuando el diputado Pablo Lorenzini indicó que hay mujeres que dicen ser
violadas aunque tuvieron relaciones porque "se tomaron un traguito de
más o estaban apenadas", poniendo así en duda las violaciones y
culpabilizando a las mujeres de estos actos.
La respuesta
ante estos dichos misóginos no se hizo esperar desde lados diversos.
Karla Rubilar, perteneciente a una nueva organización de centro
derecha, consideró: "Lorenzini ha excedido con sus declaraciones todos
los límites de respeto hacia las mujeres. En Amplitud Chile rechazamos
sus declaraciones".
Desde la DC,
la exministra del Servicio Nacional de la Mujer (Sernam), Laura
Albornoz, señaló: "Las declaraciones del diputado Lorenzini han
agraviado profundamente el compromiso de las mujeres DC con las mujeres
de Chile, pedimos disculpas por la ofensa".
Por su parte,
el monseñor Ricardo Ezzatti señaló, respecto al proyecto: "hemos dicho
que un proyecto de aborto es siempre contrario a lo que Dios quiere,
porque Dios nos ha hecho para vivir y la sociedad humana está llamada a
organizarse, justamente, para que la vida sea defendida y pueda crecer
desde el comienzo y hasta el final".
El rector de
la Universidad Católica también se manifestó en contra del proyecto, al
indicar que en los recintos de salud de la entidad no se practicarán
interrupciones de embarazos, aunque el documento contempla también la
objeción de conciencia del personal médico que, por razones de fe, no
desee participar en esta práctica, en cuyo caso se derivará a otro
especialista.
Respecto de
las polémicas surgidas, Bachelet adelantó en su discurso de
presentación del proyecto: "sé que este es un tema sensible, somos un
país diverso donde conviven distintas concepciones religiosas,
filosóficas y culturales. No siempre hay acuerdo en los temas que
atañen a la conciencia de cada uno, pero como comunidad no podemos
renunciar a la definición del bien común y de las tareas compartidas".
Agregó luego
que, "sin embargo, hay que tomar una decisión y no podemos evitarlo,
obligando a las mujeres a que carguen solas con las pesadas
consecuencias de no poder decidir por causa de una ley, porque
atropellamos su dignidad, prolongamos sus sufrimientos, arriesgamos sus
vidas".
La ministra
del Sernam, Claudia Pascual, indicó que con el proyecto "e resguarda la
voluntad de las mujeres, como no queremos imponer posiciones ni
decisiones, se tiene que dar un margen de voluntad a las mujeres y en
ese marco también poder entender cómo tratar la opinión, la opción, la
voluntad de las mujeres en sus distintas edades".
La gran
mayoría de la coalición de la presidenta se mostró a favor de la
propuesta. El diputado y médico socialista Juan Luis Castro dijo
reconocer que existen causales que obligan médicamente a poder
interrumpir eventualmente el embarazo. "Tenemos que destapar de una vez
por todas esta situación", indicó.
Por su parte,
las feministas en general recepcionaron bien el proyecto que, en
concreto, era más de lo que esperaban, si bien a la mayoría le parece
todavía insuficiente.
La directora
ejecutiva de la Fundación Instituto de la Mujer, Gloria Leal, indicó a
SEMlac que el proyecto es, sin duda, un avance para las mujeres en
Chile. "Sabemos que este es solo el primer paso para lograr lo que
deseamos las feministas, que es el aborto garantizado por el Estado, en
todos los casos", precisó.
"Sin embargo,
al menos este proyecto repone lo que existía en Chile antes de que la
dictadura prohibiera el aborto en todos los casos. Lo que resulta
relevante es que, por fin, se abra de manera pública el debate, al que
esperamos también ser convocadas las feministas".
Actualmente,
en el país, el aborto es ilegal en todos los casos, desde que el aborto
terapéutico —que existía desde los años treinta— fue derogado durante
la dictadura militar en 1989, un poco antes de que Augusto Pinochet
dejara el poder.
Foto: Archivo AmecoPress.
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