Ante el retraso injustificado de investigación sobre feminicidio
La
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos
(CMDPDH) y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF)
presentaron ante un Juzgado de Distrito en Materia Administrativa del
Distrito Federal, un amparo por el retraso injustificado en la emisión
de la declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG) para el
Estado de México.
Ello debido a que desde hace 10 meses el Sistema Nacional para
Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las
Mujeres (SNPASEVM) continúa “investigando” la violencia feminicida en
el Edomex, sin dar a conocer los resultados de la indagatoria o
declarar la AVG.
En entrevista, Nayomi Aoyama, abogada de la CMDPDH, explicó que la
demanda de amparo en contra de la Secretaría de Gobernación (Segob),
SNPASEVM y el Instituto Nacional de la Mujeres (Inmujeres), fue
presentada el pasado 10 de febrero y admitida por el Segundo Juzgado de
Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal.
La demanda se presentó ante el retraso injustificado en la realización
de la investigación por violencia feminicida en el Edomex, y con la
finalidad de que la AVG sea emitida lo antes posible. “Y que con esto
se garantice a los derechos de las mujeres en el Estado de México,
poniendo fin a la permanente vulneración que sufren las mujeres de la
entidad”, dijo la activista.
Cabe recordar que de 2005 a 2010, el OCNF tuvo conocimiento de un total
de 922 casos de homicidios con características feminicidas cometidos en
la entidad, ante lo cual se presentó una solicitud de declaratoria de
AVG en diciembre de 2010.
En enero de 2011 el Sistema negó, sin justificar o argumentar su
negativa, la procedencia de la investigación, por lo que las
organizaciones presentaron la primera demanda de amparo contra esta
resolución.
En 2012 y tras un año de litigio, un juez de distrito determinó que el
Sistema Nacional había vulnerado los derechos de las organizaciones, y
ordenó a las autoridades dejar sin efectos su determinación y emitir
una nueva, apegada a derecho.
Después de años de retrasos en el cumplimiento, finalmente el 28 de
abril de 2014 el Sistema admitió la procedencia de la solicitud y
anunció que realizaría la investigación y que ésta correría a cargo de
un Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario, conformado sólo por
funcionarios y sin la presencia de personalidades de la academia, como
ocurre con los Grupos de Trabajo que investigan en otros estados.
Sin embargo –señaló la abogada–, a más de cuatro años de la
presentación de la solicitud de AVG; y a 10 meses desde la admisión de
la misma, la Alerta continúa en “investigación” y por obvias razones la
declaratoria no ha sido decretada.
Aoyama señaló que el tiempo que las dependencias y el gobierno federal
tarden en responder a una solicitud ciudadana debe de estar basada en
principios del debido proceso administrativo, lo que se traduce en que
la respuesta no debe ser tardada y se debe atender en los tiempos de la
naturaleza de la petición.
En ese sentido recordó que la AVG debería actuar de manera
inmediata. Sin embargo, “lo que parecía ser la forma idónea de combate
contra la violencia feminicida, se ha visto opacada por decisiones
burocráticas y políticas”.
Añadió que en octubre pasado tuvieron la última interlocución con el
Sistema y les aseguraron que el documento de la investigación ya estaba
listo, aunque no les dieron a conocer el contenido ni les informaron
cuándo sería publicado.
“Al tardarse más de 10 meses no sólo han incumplido con los derechos
procesales de nosotros como solicitantes sino con los derechos de las
mujeres, porque ellas siguen siendo víctimas de feminicidio y siendo
desaparecidas; por eso más allá de la investigación, lo que estamos
demandando es la declaratoria urgente de la AVG en el Edomex”,
puntualizó.
De 2011 a 2013 se registraron 600 homicidios en la entidad y tan sólo
en 2011 y 2012 se reportaron mil 258 casos de desapariciones de mujeres
en el Estado de México.
Para la representante legal, la tardanza injustificada y la resistencia
de las autoridades federales por declarar la AVG –no sólo en el Edomex
sino en todas las entidades en las que se ha solicitado– refleja la
“insensibilidad” del Estado mexicano ante la violencia contra las
mujeres.
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anaiz Zamora Márquez
Cimacnoticias | México, DF.- 20/02/2015
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