Si
el PRI y el Partido Verde insisten en aprobar en el Senado la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ésta
carecerá de legitimidad, sostienen las fracciones del PRD y del PAN,
algunos de cuyos legisladores se quejan por los candados que se le
introdujeron, entre ellos el de los fideicomisos que administran
Hacienda y el Banco de México. Eso hará más opaco el manejo del Fondo
Mexicano del Petróleo, por lo que, dicen, podrían plantear su
inconformidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
MÉXICO, D.F. (Proceso).- Más de 250 horas de discusión y
trabajo del grupo plural de senadores y expertos para elaborar la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública terminaron
por descarrilarse.
Las causas fueron múltiples: los escándalos de las casas
del presidente Enrique Peña Nieto, la de su esposa y la de su
secretario de Hacienda, Luis Videgaray; la crisis de los normalistas de
Ayotzinapa desaparecidos; la posibilidad de que se abran los
expedientes por las violaciones graves a derechos humanos y el temor
creciente de que se hagan públicas las cuentas de los fideicomisos que
manejan Hacienda y el Banco de México, en especial el del Fondo
Mexicano del Petróleo.
Desde antes de que terminara el periodo ordinario en
diciembre último, arreciaron las presiones gubernamentales en relación
con el trabajo que involucró a los senadores, a los comisionados del
Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos
(IFAI), a tres colectivos de organizaciones, periodistas y expertos en
la materia –Red por la Rendición de Cuentas, Colectivo por la
Transparencia y México Infórmate–, y se plantearon a través de las
bancadas del PRI y Partido Verde más de 80 modificaciones al borrador
que fueron consideradas como “regresivas” por la oposición y los
expertos.
La dictaminación se entrampó y se frenó la aprobación de
esta ley reglamentaria, para la cual se había fijado el sábado 7 como
plazo máximo, según la reforma constitucional de 2014. Algunas
diferencias se han ido negociando, pero quedan como “irreductibles”
cerca de 20 temas muy delicados para el gobierno federal.
Los senadores Arely Gómez González, del PRI, y Pablo
Escudero, del Partido Verde, admitieron en rueda de prensa el martes 10
que Agustín Carstens, gobernador del Banco de México, y el consejero
jurídico Humberto Castillejos frenaron con sus observaciones puntos
importantes, como la apertura y rendición de cuentas en los
fideicomisos y los relativos a inteligencia y contrainteligencia, entre
otros.
“Por supuesto que el doctor Carstens ha hecho opiniones.
Por supuesto que vamos a ir a hablar con el doctor Carstens para que
nos diga qué es lo que opina y hablamos con otros de los sujetos
obligados para ver qué es lo que opinan. La seguridad nacional, la
seguridad pública, la inteligencia, la contrainteligencia, son temas
muy sensibles, no se puede ir a la ligera”, refirió Escudero Morales,
presidente de la comisión anticorrupción que deberá elaborar el
dictamen.
La senadora priista Arely Gómez, quien facilitó durante
las negociaciones los avances con las organizaciones no gubernamentales
y los expertos, admitió en rueda de prensa que se presentaron 88
observaciones de “sujetos obligados” y del consejero jurídico, Humberto
Castillejos. “El consejero jurídico en todas las iniciativas tiene una
participación en el proceso legislativo”, afirmó.
De esas observaciones, según Gómez, uno de los temas más
difíciles es el de los fideicomisos. “Se está tratando de ver quién va
a ser el responsable de la información”; también están los relacionados
con inteligencia, contrainteligencia y derechos humanos.
Para el perredista Alejandro Encinas, los “corchetes” son
el resultado del tropezón de la Casa Blanca que impidió avanzar en
diciembre y atascó la negociación, mientras que su correligionaria
Dolores Padierna Luna advirtió que los candados de acceso a la
información en lo referente a fideicomisos hará más opaco el Fondo
Mexicano del Petróleo, “sin duda el más importante, tanto en cuantía de
recursos como en funciones, porque manejará la renta petrolera”.
La legisladora del PAN Laura Rojas advirtió que su
partido se opone a eliminar la obligación de que se transparente la
lista de cancelaciones y condonaciones en materia tributaria, así como
las atribuciones del IFAI para imponer medidas de apremio a fondos y
fideicomisos que maneja la Secretaría de Hacienda.
Padierna informó que, tan sólo para tener una idea de las
dimensiones del tema de fideicomisos, hasta el último cuatrimestre de
2014 Hacienda admitió que existen 352 de ellos que manejan 452 mil 454
millones de pesos y cuyo acceso no es público, salvo para los usuarios
autorizados por la dependencia, y no se detallan las aportaciones
correspondientes.
De esos 452 mil 454 millones, 21.7% corresponden a 46
fideicomisos de infraestructura pública (98 mil 365 millones); 21.2% a
120 fideicomisos de “apoyos financieros” (96 mil 89 millones); 20.7% a
seis fideicomisos para “estabilización financiera” (93 mil 573
millones), y 17.2% a 24 fideicomisos de pensiones (77 mil 681 millones).
Estos fideicomisos no incluyen el que manejará el Banco
de México –el futuro Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización
y el Desarrollo–, que “sin
duda será el más importante y deberá operar con máxima transparencia y
rendición de cuentas”, puntualizó la senadora Padierna.
Los grandes corchetes
En específico, el documento preliminar sobre propuestas
de modificaciones, cuya copia tiene Proceso, identifica como los
corchetes más importantes los siguientes artículos y asuntos:
–Artículo 23 (fideicomisos): Se propone modificar la
redacción consensuada para exentar de responsabilidades como sujetos
obligados a “los fideicomisos y fondos públicos que no cuenten con
estructura orgánica y, por lo tanto, no sean considerados una entidad
paraestatal”.
El PRD propone una redacción alterna para aclarar que “la
institución fiduciaria o el mandatario cumplirán con sus obligaciones”
a través de sus propias áreas, unidades y comités de transparencia.
–Artículo 42: Establece excepciones para formar comités
de transparencia en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional
(Cisen), el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para
el Combate a la Delincuencia; el Centro Federal de Protección a
Personas; la Dirección de Coordinación de Inteligencia de la Comisión
Nacional de Seguridad Nacional; la Subprocuraduría Especializada en
Investigación de Delincuencia Organizada; el Estado Mayor Presidencial;
el Estado Mayor de la Defensa Nacional y el Estado Mayor de la Armada.
El gobierno federal propone una redacción para que sus
unidades administrativas no estén sujetas a la autoridad de los Comités
de Transparencia, “siendo sus funciones responsabilidad exclusiva del
titular de la propia unidad administrativa”.
–Artículo 43: Sobre las funciones de cada Comité de
Transparencia, se le agrega en el numeral III que éstos deberán ordenar
a las áreas que “expliquen, de forma fundada y motivada, las razones
por las cuales en el caso particular no ejercieron dichas facultades,
competencias o funciones”.
El PAN y el PRD consideran regresivo este agregado.
–Artículo 70: En cuanto a declaraciones patrimoniales, el
PAN y PRD defienden la redacción original que propone tener acceso a la
versión pública. El gobierno plantea agregar una frase: “… de los
servidores públicos que así lo determinen”, abriendo un candado
discrecional.
–Artículo 70: En materia de intervención en las
telecomunicaciones, el gobierno propone eliminar el numeral XLIX que
obliga a hacer públicos los listados de “solicitudes de las empresas
concesionarias de telecomunicaciones y proveedores de servicios o
aplicaciones de internet para la intervención de comunicaciones
privadas, el acceso al registro de comunicadores y la localización
geográfica en tiempo real de equipos de comunicación, una vez concluida
la intervención”.
–Artículo 83: En lo que atañe a obligaciones de
transparencia sobre las actividades de exploración, extracción y
refinación de petróleo e hidrocarburos, el gobierno propone sujetarlas
a los mecanismos de las leyes secundarias en materia energética.
–Artículo 101: El gobierno propone mantener reservas
sobre información “que pueda dañar la estabilidad financiera, económica
o monetaria” hasta que “se extingan las causas que dieron origen a su
clasificación”.
El PRD considera que tal redacción “abre la posibilidad de permanecer reservados de manera atemporal o permanente”.
–Artículo 113: Es considerada por el PAN y el PRD una de
las grandes diferencias porque PRI y Partido Verde plantean mantener
reservada la información que “comprometa la seguridad nacional, la
seguridad pública o la defensa nacional”, así como aquella que “pueda
menoscabar la conducción de las negociaciones y relaciones
internacionales”.
El gobierno busca eliminar en estos casos la llamada “prueba del daño” para mantener la reserva.
–Artículo 115: El borrador originalmente consensuado con
organizaciones ciudadanas y expertos prohíbe invocar reservas “cuando
se trate de violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa
humanidad, calificadas así por la autoridad competente” o “se trate de
información relacionada con actos de corrupción, de acuerdo con las
leyes aplicables”.
La propuesta gubernamental busca que los organismos
garantes no sean los que determinen la existencia de violaciones graves
a derechos humanos. Esta es una de las grandes diferencias con la
Procuraduría General de la República y el gobierno federal.
–Artículo 149: El gobierno propone acotar la “prueba de interés público” en información cuando exista una colisión de derechos.
–Artículos 207 y 210 en materia de sanciones: El gobierno
se opone a la imposición de sanciones cuando se declare inexistencia de
la información, cuando el sujeto obligado deba generarla o cuando se
clasifique información como reservada “sin que se cumplan con las
características señaladas por la ley”.
PAN-PRD irían a la Corte
En su documento Posicionamiento a la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, los senadores del PRD
que participaron en la negociación –Dolores Padierna, Angélica de la
Peña, Alejandro Encinas, Zoé Robledo, Isidro Pedraza y Armando Ríos
Piter– admiten que hubo grandes avances que hoy están en riesgo.
Uno de esos avances es que “se precisó que por
violaciones graves a derechos humanos y delitos de lesa humanidad y
actos de corrupción no podrá reservarse información por ningún sujeto
obligado”.
Otro es que se crea un Sistema Nacional de Transparencia
y se incorpora como sujetos obligados a los partidos y agrupaciones
políticas, sindicatos y autoridades del ámbito laboral.
Para el PRD, la modificación de más de 80 artículos y la
eliminación del capítulo “Denuncia por incumplimiento de las
obligaciones de transparencia de los sujetos obligados” son
“ampliamente regresivas y rompen el consenso con las organizaciones
sociales especialistas en el tema, académicos, órganos garantes, así
como senadores y senadoras”.
En lo concerniente a transparencia en el sector de
hidrocarburos, el pleno de los consejeros del IFAI advirtió el
miércoles 11 que debe estar incluido porque uno de los compromisos
asumidos fue “publicar como mínimo contratos con las empresas
extractivas”.
Legisladores del PAN, como Roberto Gil Zuarth, y del PRD
que participaron en la negociación plantearon desde el martes 10 que
podrían acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en
caso de que el PRI y el Partido Verde insistan en aprobar “una ley
regresiva que nacerá con un problema de legitimidad”.
Gil Zuarth acusó al PRI y al PVEM de pretender “crear
opacidades por mayoría” que obligarán a la oposición a plantear el
recurso de anticonstitucionalidad ante la SCJN.
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