Asa Cristina Laurell/II
Como señalé
en mi artículo anterior, los grupos de presión están empezando a tomar
posiciones en el debate sobre salud. En esta ocasión analizaré la
propuesta del Centro de Estudios Espinosa Yglesias que apareció en enero
de 2018. El texto se guía por las opiniones de un panel de expertos que
incluye algunas personas que se han manifestado por otros medios, por
ejemplo Funsalud. Hace explícito que sus valores son promover la
libertad individual con equidad social. Reivindica así que todos los
mexicanos deben contar con protección social, por lo menos en salud y
pensiones, propuesta que coincide con la incumplida
seguridad social universalde Peña Nieto.
Sostiene que la reforma del Instituto Mexicano del Seguro Social de
1997 fue un paso importante en esta dirección, pero fracasó en su
componente salud debido a que no se logró separar el financiamiento de
la prestación de los servicios, que fue una condición impuesta para
autorizar el préstamo puente del Fondo Monetario Internacional y el
Departamento del Tesoro de Estados Unidos a México en 1995. No
profundiza en las razones de esta falla; no hay ni una palabra sobre la
resistencia institucional, la amenaza de colapso de prestación de
servicios para 40 por ciento de la población y la poca respuesta del
sector privado. El próximo paso positivo, según el texto, fue la reforma
de 2003 que introdujo el Seguro Popular (SP) basada en la misma visión
de separar el financiamiento y la prestación de servicios. Apunta,
acertadamente, tres razones del estancamiento del SP: el bajo y
decreciente presupuesto público de salud, la casi nula preocupación para
fortalecer y ampliar la infraestructura pública sanitaria y el manejo
discrecional de las transferencias federales vía el SP por parte de los
estados.
El texto plantea una cuarta reforma hacia un sistema nacional de
salud con estricta separación entre el financiamiento y la prestación de
los servicios. Su esquema es básicamente el financiamiento público con
prestación de este tipo o privada. Para incrementar los recursos, todos
los trabajadores, asalariados e independientes, pagarían mediante sus
impuestos lo que presupone un padrón único de salud en manos de las
secretarías de Salud y de Hacienda, para transitar a la desaparición de
la cuota obrero-patronal, por ejemplo, con un incremento del impuesto al
valor agregado etiquetado a dicho rubro. El Fondo de Salud así
recaudado daría derecho a un paquete de atención primaria a la persona, y
a largo plazo cubriría primer y segundo niveles de atención. Habría,
además, un Fondo Nacional de Intervenciones de Alto Costo, cuya
cobertura de padecimientos no se define. Como se puede observar, es el
mismo esquema que el SP, pero con menos beneficios para sus afiliados y
una pérdida grande de derechos para los derechohabientes de los
institutos de seguridad social. O sea, se lograría equidad disminuyendo
los servicios de salud garantizados a todos.
Los servicios se prestarían con un esquema competitivo entre
los proveedores privados y públicos con la libre elección de prestador
de los registrados en el padrón único de salud. No se analizan los
costos y complicaciones burocráticas involucrados en este modelo. En vez
de ello, se enfatiza que permitiría introducir la gerencia empresarial
en ambos grupos, lo que llevaría a la eficiencia y la calidad,
suposición tan repetida como no comprobada. El texto propone una serie
de arreglos tanto en las formas de pago como en la organización de los
servicios, entre otros, el pago sobre la base de grupos relacionado de
diagnósticos costeados y la autonomía de los hospitales públicos. Lo que
no se discute es el tema de la ganancia, condición de existencia de la
iniciativa privada ni las maneras de conseguirla. Resulta además
inconsistente que se critique la segmentación del sistema de salud para
luego hacer una propuesta que lo fragmenta todavía más. Tampoco hay
argumentos para sostener que los privados contribuirían a la
construcción de infraestructura donde más falta hace en los estados
empobrecidos del país.
Esta propuesta es muy semejante a la que se ha instrumentado en
Colombia con muy malos resultados; sin embargo, ésta no se menciona. Se
argumenta que no hay que ir por el camino de Estados Unidos por sus
altos costos, pero no se dice que la prestación privada de servicios es
una razón importante de éstos. Tampoco se analizan las experiencias de
Inglaterra y Suecia, con el modelo de separación entre financiamiento y
prestación de servicios que actualmente está causando dificultades
grandes de acceso e incrementos en la inequidad.
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