Organizaciones civiles, territorio de sordidez que debe ser regulado

La Jornada 

La organización no gubernamental Médicos Sin Fronteras (MSF) admitió ayer que en el curso del año pasado ha registrado 24 casos de acoso o abuso sexual y 146 denuncias por acoso en general. Por ello, 19 personas fueron despedidas y otras cinco sancionadas con diversas medidas disciplinarias. Pero el número de abusos podría ser más elevado porque, según dijo la propia organización con sede en París, el recuento no incluye los casos directamente gestionados por los equipos en el terreno y no informados a la sede.

Esta información se suma de manera inevitable al escándalo en que se encuentra sumida Oxfam internacional, una federación de organizaciones civiles humanitarias, por las violaciones que cometieron algunos de sus integrantes en Sudán del Sur y Liberia, así como porque los integrantes de su misión a Haití tras el terremoto que asoló a esa nación en 2010 contrataron prostitutas con dinero de la propia organización humanitaria.

En el pasado reciente, tanto en México como en el mundo, diversas fundaciones y organizaciones no gubernamentales han sido señaladas por el escrutinio público, en incluso sometidas a procesos judiciales, porque funcionaron, en los hechos, como pantalla para la comisión de delitos, algunos de ellos graves. Otras han sido denunciadas como instituciones fachada con propósitos políticos y propagandísticos de diversos gobiernos, y algunas más, como instrumentos para la realización de fraudes y desvío de recursos.

En nuestro país, en la década antepasada, la Cruz Roja fue objeto de señalamientos en contra de su entonces presidente José Barroso Chávez por irregularidades millonarias en el manejo de fondos, y tanto en México como en España instituciones laicas y religiosas de asistencia privada se han visto involucradas en el tráfico, secuestro y maltrato de menores.

Frecuentemente autodefinido como guardián de la pureza, en contraste con la corrupción gubernamental, el descrédito de los partidos y/o la voracidad empresarial, ese tercer sector concentra sin duda un importante conjunto de propósitos humanitarios y legítimos, pero es también uno de los ámbitos más opacos de la sociedad, en el cual la corrupción no es ni más ni menos grave que en las oficinas públicas, son usuales los negocios disfrazados de militancia ciudadana y el afán de influir en la escena política en favor o en contra de determinados partidos termina siendo su razón de ser. Ajenas a todo control y a toda regulación, algunas de estas organizaciones se arrogan la potestad de juzgar y condenar a gobiernos, empresas, medios informativos y formaciones partidistas, valiéndose para ello del manto de pureza en el que previamente se han arropado.

Un caso insoslayable es el de Mexicanos contra la Corrupción, una entidad dotada de un músculo financiero inexplicable que le permite llevar a cabo investigaciones sobre una diversidad de asuntos y que no oculta su fobia hacia las luchas del magisterio democrático ni esconde sus preferencias políticas favorables a las fórmulas partidistas de continuidad del modelo neoliberal y contrarias a las propuestas electorales de cambio de rumbo político, económico y social.

En ese mismo ámbito sórdido, pero con raíces aún más inciertas, surgió hace unos días una entidad denominada Pejeleaks, dedicada por entero a las campañas de descrédito en contra de uno de los aspirantes a la Presidencia en la elección de julio próximo. Productor de calumnias disfrazadas de reportajes y de revelaciones, esa organización secreta se permite recaudar fondos y reclutar simpatizantes por medio de su sitio en Internet. No es la única, sin duda, pero sí la más prominente por su capacidad económica y mediática.

En términos generales, es clara la necesidad de legislar y regular con seriedad la labor de las organizaciones civiles, ciudadanas, no lucrativas o no gubernamentales. No cabe duda que muchas de ellas desarrollan tareas encomiables y valiosas y que corren el riesgo de verse sofocadas por las malas prácticas de otras que, movidas por intereses vergonzantes –económicos, corporativos, políticos o delictivos–, han encontrado en el disfraz de ONG una coartada perfecta.