Raymundo Espinoza Hernández*
La reforma energética
se ha concretizado en una serie de proyectos extractivos y de
infraestructura –entre ellos 13 gasoductos– que han puesto en vilo a los
pueblos originarios de diversas regiones del país. Es el caso de los
habitantes de la Sierra hidalguense y la Sierra Norte de Puebla,
comunidades tepehuas, nahuas, otomíes y totonacas de los municipios de
Tenango de Doria y Huehuetla, en el estado de Hidalgo, así como de
Honey, Pahuatán y Tlacuilitepec, en el estado de Puebla, quienes se han
organizado para emprender un proceso colectivo de defensa del territorio
frente a la amenaza que representan el gasoducto Tuxpan-Tula y la
fractura hidráulica, así como los proyectos mineros y las
hidroeléctricas que se incluyen en el paquete de inversiones impulsado
por el gobierno.
La obra consiste en un ducto privado de 36 pulgadas de diámetro para
transportar diariamente 886 millones de pies cúbicos de gas natural
proveniente de Estados Unidos a lo largo de 263 kilómetros. Con un
tiempo de vida útil de 25 a 30 años, el gasoducto afectará a más de 260
mil personas de al menos 459 localidades de 34 municipios en Veracruz,
Puebla, Hidalgo y el estado de México. No obstante, la Dirección General
de Impacto Social y Ocupación Superficial de la Secretaría de Energía
(Sener) únicamente consideró 15 localidades como
comunidades indígenas susceptibles de ser afectadaspor el proyecto y, por tanto, como titulares del derecho a la consulta. Lo que excluye a 444 comunidades, que para esta secretaría, según sus criterios, no son indígenas o no resentirán los impactos del gasoducto.
La empresa Transportadora de Gas Natural de la Huasteca (TGNH) ganó
en 2015, de forma polémica, la licitación para la construcción y
operación del proyecto. La Comisión Federal de Electricidad ya ha
favorecido a otras filiales de TransCanada adjudicándoles los gasoductos
El Encino-Topolobampo, Tula-Villa de Reyes y Sur de Texas-Tuxpan. En
dichos casos se han registrado conflictos sociales y disputas judiciales
en torno a la afectación del interés legítimo y los derechos colectivos
de pueblos indígenas. Por otro lado, TNGH subcontrató a la empresa
Bonatti para llevar a cabo la obra, constructora italiana que al
participar en el Proyecto Integral Morelos presionó a los gobiernos de
Tlaxcala, Puebla y Morelos para reprimir y criminalizar opositores.
Para lograr sus cometidos, autoridades y empresas han recurrido a
todo tipo de mecanismos de persuación y despojo. La propiedad social
campesina y la propiedad ancestral de las comunidades, lo mismo que la
propiedad privada en las localidades, están siendo acaparadas
directamente por la empresa o bien por intermediarios que posteriormente
negocian con ella los terrenos. Además del desplazamiento de decenas de
familias, las amenazas derivadas de la ejecución del proyecto implican
la destrucción de los entornos vitales y la cultura de los pueblos de la
región: sus manantiales y fuentes de agua, su bosque mesófilo de
montaña, su biodiversidad, sus cerros sagrados y sus caminos de
peregrinación. Por si fuera poco, la vida útil del gasoducto supone un
riesgo para la población más cercana a su área núcleo, pues tendrán que
acostumbrarse al peligro de vivir durante décadas junto al gasoducto, en
zonas donde los deslaves e incendios son frecuentes.
En un contexto marcado por la marginación y el hostigamiento
continuo por parte de las empresas, las autoridades municipales y los
representantes de la Sener, la Comisión Nacional para el Desarrollo de
los Pueblos Indígenas y la Procuraduría Agraria, los consejos indígenas
de las comunidades decidieron promover diversas demandas de amparo
contra cerca de 100 autoridades municipales, estatales y federales
–incluidas la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección
al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de
Energía–, así como tomar medidas en los pueblos tendentes a fortalecer
la organización comunitaria y visibilizar el conflicto.
El gasoducto debía comenzar a operar en enero de 2018, sin embargo,
después de acalorados debates y del trámite de los recursos respectivos,
las comunidades de Cuautepec y San Pablito, en la Sierra Norte,
lograron a finales del año pasado que los jueces segundo y tercero de
distrito en Puebla ordenaran la suspensión definitiva de la obra, así
como de la vigencia de la autorización de impacto ambiental y la
evaluación de impacto social. Igualmente, ordenaron la suspensión de los
procedimientos de consulta previa irregulares, por lo que la obra no
podrá ser concluida al menos hasta que haya cosa juzgada. Asimismo, las
comunidades de San Antonio El Grande, San Nicolás, Chila de Juárez,
Montellano, Zoyatla, Ahuacatitla, Tlalcruz de Libres, Cuauneutla,
Cruzanta, San Andrés y Tlacuilotepec han logrado el reconocimiento
judicial de sus autoridades tradicionales, punto de partida de la
estrategia jurídica para la defensa de sus territorios.
Además de las batallas en tribunales, las comunidades ven la
necesidad de reapropiarse de los espacios públicos en sus municipios y
de desarrollar redes de articulación social más amplias que les permitan
enfrentar el acoso de empresas y gobiernos. Con conciencia,
organización y movilización social estos pueblos trascienden las
presentes agresiones hacia un futuro de libertad y justicia.
*Asesor legal del Consejo Regional de Pueblos Originarios en Defensa del Territorio de Puebla e Hidalgo
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