La
Sedesol entregó a tres universidades casi 540 millones de pesos en
convenios que luego negó o en cuyo cumplimiento se desentendió. Casi la
mitad del dinero de plano desapareció, según la ASF.
Los
presuntos fraudes se cometieron con el mismo esquema revelado por
Animal Político en la investigación periodística La Estafa Maestra.
la Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó
formalmente ante la Procuraduría General de la República (PGR) tres
nuevas denuncias penales por malos manejos de casi 540 millones de pesos
que la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) entregó mediante
convenios a tres universidades en 2015, año en que esa dependencia
estuvo encabezada por Rosario Robles y el hoy precandidato del PRI a la
presidencia, José Antonio Meade.
Los presuntos desvíos se cometieron con el mismo esquema revelado por Animal Político en la investigación periodística “La Estafa Maestra”,
es decir, a través de convenios que dependencias del gobierno federal
firmaron con universidades por servicios que, a su vez, estas terminan
subcontratando con otras empresas para eludir los controles de
licitación y transparencia. Los bienes y servicios que se contrataron
terminaron siendo de dudosa calidad o inexistentes.
Los nuevos casos denunciados por la ASF ante la PGR contemplan convenios de Sedesol firmados en 2015 con la Universidad
Intercultural del Estado de México, la Universidad Politécnica de
Chiapas y la Universidad Tecnológica Nezahualcóyotl, quienes
recibieron en conjunto casi 540 millones de pesos que estaban
destinados, entre otras cosas, a identificar a personas en condiciones
de pobreza extrema alimentaria.
Lo que los auditores descubrieron es, entre otras cosas, que buena
parte del dinero simplemente desapareció, que la existencia de algunos
convenios fueron negados por la propia SEDESOL, pese a que los firmó y
hay copias de los mismos. Además, la comprobación de los servicios
realizados es, en el mejor de los casos, sospechosa.
Con estas tres nuevas carpetas de investigación abiertas por PGR en diciembre pasado, ya suman 19 las averiguaciones
que la Procuraduría tiene en curso por fraudes y desvíos con el esquema
de la “Estafa Maestra”, sin que al momento alguna haya sido resuelta.
Cabe recordar que Rosario Robles fue la secretaria de Desarrollo
Social, desde diciembre de 2012 hasta el 28 de agosto de 2015, llegando
en su relevo José Antonio Meade, que se mantuvo en el cargo hasta el 6
de septiembre de 2016.
A continuación se mencionan las conclusiones a las que llegaron los
auditores al verificar los convenios mencionados y que dieron pie a las
denuncias interpuestas. Todo ello forma parte del informe de resultados
de la auditoría financiera y de cumplimiento 277-DS.
Universidad Intercultural del Estado de México
La Secretaría de Desarrollo Social adjudicó, de forma directa, un
monto de 124 millones de pesos a la Universidad Intercultural del estado
de México para la aplicación de Cuestionarios Únicos de Información Socioeconómica (CUIS) en zonas rurales y semiurbanas,
con el objetivo de localizar e identificar a personas que pudieran
estar en condiciones de pobreza extrema alimentaria en los 32 estados
del país.
La adjudicación se dio mediante la firma del convenio
UCD/33901/010/2015 cuya vigencia fue del 5 de marzo de 2015 al 31 de
julio de 2015. En este caso el periodo corresponde únicamente a la
gestión de Rosario Robles al frente.
Lo que la Auditoría encontró al revisar este convenio fue que Sedesol
no proporcionó prueba de las supuestas cotizaciones que hizo con
distintas universidades para aplicar los cuestionarios, y elegir a la
Universidad Intercultural del Estado de México por ser la mejor opción.
Luego, cuando se solicitó la información, se descubrió que la
referida universidad subcontrató la totalidad de los servicios por los
que recibió el dinero con dos empresas externas incumpliendo con lo
pactado en el convenio: que la Universidad pudiera realizar a los
servicios.
La institución pagó a las dos empresas subcontratadas 61.2 millones de pesos
para la aplicación de los cuestionarios, sin que exista prueba alguna
de donde quedaron los otros 62.8 millones de pesos que la Secretaría de
Desarrollo Social le entregó a la Universidad a través del convenio
firmado. El dinero simplemente desapareció por lo que los auditores presumen que se cometió un fraude a la Hacienda Pública.
Cuando los auditores solicitaron la comprobación de los servicios
pactados, tanto las empresas contratadas como la Universidad entregaron
exactamente los mismos documentos, incluso con los logotipos de la
Universidad y la Sedesol, lo que permite presumir que se trataba solo de
copias para solventar el trámite.
La ASF cuestionó a la Secretaría de Desarrollo Social sobre este
cúmulo de irregularidades pero la dependencia literalmente respondió que
no era de su incumbencia.
“En respuesta de los resultados, la dependencia fiscalizada informó
que no es posible pronunciarse respecto de la subcontratación realizada
por la UIEM, debido a que corresponde a hechos ajenos a su control.
Universidad Politécnica de Chiapas
En este caso la Secretaría de Desarrollo Social entregó a la Universidad Politécnica de Chiapas 400 millones de pesos para llevar a cabo la supervisión, control, mejora y monitoreo de los comedores comunitarios en el Estado de México.
Para ello, la dependencia federal firmó dos convenios con la
universidad, cada uno por 200 millones de pesos. El primer convenio,
número 710.33901.13/2015 tuvo una vigencia del 14 de abril al 31 de
diciembre de 2015, mientras que el segundo, 710.33901.14/2015, fue con
una vigencia del 6 de mayo al 31 de diciembre de 2015.
La vigencia en ambos contratos abarcó tanto el periodo de Rosario Robles como el de José Antonio Meade en la Sedesol.
El informe de la Auditoría destaca que, como es el modus operandi en
esto casos, la dependencia se excusó de haber entregado el dinero sin
ningún tipo de competencia con el argumento de que la Universidad es una
institución pública y solo se necesitaba acreditar que tuviera la
capacidad técnica de realizar el servicio. ¿Cómo se acredita esa
capacidad técnica? Con una promesa escrita sin que se realice ninguna verificación al respecto.
Lo grave es que cuando se pidió a la dependencia los comprobantes del
servicio por el cual se pagaron los 400 millones, la SEDESOL de plano
no proporcionó evidencia alguna que acreditara que recibió en tiempo y
forma los servicios de la Universidad. Posteriormente desconoció por
completo haber firmado los referidos convenios.
“En respuesta de los resultados, la dependencia fiscalizada informó que la Dirección General de Desarrollo Comunitario desconoce
la existencia del Primer Convenio Específico número 710.33901.13/2015, y
Segundo Convenio Específico número 710.33901.14/2015 formalizados
con la Universidad Politécnica de Chiapas debido a que no fueron
incluidos en el acta de entrega – recepción del titular de esa
dirección”, señala el informe de los auditores.
Esta negativa es incongruente con la realidad, agregan los auditores,
ya que la documentación de dichos convenios fue entregada a la
Auditoría Superior de la Federación en la visita domiciliaria que se
efectuó a la Universidad Politécnica de Chiapas.
“La respuesta de la SEDESOL respecto del desconocimiento de las operaciones con la UPCH, no es congruente con la evidencia documental existente en sus archivos como son los convenios formalizados con la UPCH y
el pago de 400,000.0 miles de pesos que se realizó a dicha
universidad”, detalla el reporte que dio pie a la denuncia contra
Sedesol.
Y como es costumbre en estos casos, la Universidad no realizó el
servicio sino que para ello subcontrató a un tercero sin ningún tipo de
licitación o competencia. Además pagó por el servicio 278.4 millones de
pesos sin que exista justificación sobre dónde quedó el resto de dinero
transferido por la dependencia. Los auditores presumen un fraude al
erario de, por lo menos, 121.6 millones de pesos.
Universidad Tecnológica Nezahualcóyotl del Estado de México
Esta universidad logró que la Sedesol le transfiriera directamente
poco más de 15 millones de pesos, con el objetivo de operar la
coordinación de diversos proyectos vinculados con la Cruzada Nacional
contra el Hambre, programa con el cual se busca abatir la pobreza
alimentaria.
El convenio firmado (que no tiene número) tuvo una vigencia del 16 de
febrero al 31 de diciembre de 2015. Abarcó tanto la gestión de Robles
como de Meade en Desarrollo Social.
Lo que los auditores encontraron en este caso fue que la Sedesol no
tenía documento alguno que acreditara que se cumplió con el objetivo del
contrato.
Sobre el cumplimiento de dicho convenio, la SEDESOL informó : “En
cuanto a la acreditación en tiempo y forma de los entregables derivados
de dichos convenios no existe un documento como tal; sin embargo eso
queda plasmado en el Acta de cierre de la Comisión Técnica…” indica
el repofrrte de los auditores. El problema es que no se proporcionó
tampoco ninguna evidencia documental de que lo anterior fuera cierto.
Cabe señalar que algunos de los conceptos que tendrían que haberse
cubierto por parte de la universidad era realizar trabajos como la
conformación y consolidación de comités comunitarios, autodiagnósticos
comunitarios, planes de desarrollo comunitario, la gestión e
implementación de acciones y proyectos específicos y asambleas
implementadas para el fomento al desarrollo comunitario.
Pero cuando se pidió a la universidad la comprobación, lo único que
entregó fueron documentos donde se asegura que se realizaron 5,001
asambleas de seguimiento. Los auditores revisaron la documentación y
encontraron múltiples incongruencias como fechas de 2014 o promotores
que no tenían el perfil para serlo. En resumen, ninguna evidencia
concreta que acreditara que esas asambleas ocurrieron.
Por ello la Auditoria concluyó que existe un quebranto a erario público que asciende a los 15 millones 658 mil pesos. La denuncia penal se interpuso en contra de los funcionarios de la Sedesol que resulten probables responsables.
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