Uno de los momentos en que más se habló de ello fue tras la recaptura de Joaquín El Chapo Guzmán, el 21 de febrero de 2014, cuando este semanario, en su edición 1947, reportó: “El funcionario de la DEA que habló con este semanario sostiene que ‘fue una operación conjunta… Agentes de la DEA estuvieron presentes en el operativo al momento de su captura’”.
Unos meses después, el viernes 21 de septiembre de ese año, el diario estadunidense The Wall Street Journal publicó que agentes del Departamento de Justicia de su país encubiertos (disfrazados como marinos mexicanos) participan armados en misiones conjuntas unas cuatro veces al año, en operativos antinarcóticos, y que una de ellas fue la que condujo a la captura del capo en Mazatlán, Sinaloa. De inmediato la Marina lo desmintió y señaló que entre sus normativas se prevé la instrucción en campo por parte de integrantes del Servicio Marshall, pero que no existe participación de éstos en tareas que competen a autoridades mexicanas.
El tema siempre ha sido controvertido. México nunca ha aceptado plasmarlo en los acuerdos con el vecino país del norte y oficialmente siempre ha negado su participación en operativos, por ello llama la atención que el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, explicara a los senadores que “la propuesta [de subir alguaciles estadunidenses armados a vuelos transfronterizos]se ha hecho varias veces y la analizamos con seriedad. Estamos analizando desde su viabilidad jurídica, hasta su posible o no conveniencia en materia de seguridad”.
Antes de la llegada de Videgaray a la SRE, los negociadores mexicanos rechazaban de inmediato la propuesta por una cuestión de principios y esa postura siempre molestó a las autoridades de Estados Unidos. Sin embargo, era de los temas que México ni siquiera aceptaba discutir.
Los alguaciles del aire federales (Federal Air Marshalls o FAMs) surgieron en 1961, durante el gobierno de John F. Kennedy, para intentar proteger a las aeronaves de su país de los secuestros, en aquel entonces fundamentalmente políticos.
Antes del 11 de septiembre de 2001, el programa lo integraban apenas unos 50 agentes; la lucha antiterrorista detonada a partir de los aviones que se estrellaron contra las Torres Gemelas, en Nueva York, lo relanzó y en los últimos años llegó aproximadamente a 4 mil agentes y un presupuesto que ronda los mil millones de dólares.
A pesar de ello el programa no está bien evaluado en Estados Unidos. Como señalaba The New York Times en octubre de 2015, se le considera “algo más que un placebo muy costoso”, dado que medidas como los candados en las cabinas de los pilotos y las revisiones de seguridad en los aeropuertos han hecho mucho más que este programa. En la misma publicación se indicó que John J. Duncan Jr, el representante republicano por Tennessee, consideraba al servicio de alguaciles del aire “el más innecesario, inútil, dispendioso programa” del gobierno estadunidense.
La televisora CNN divulgó el 22 de abril de 2017 que sus periodistas “no han podido encontrar un solo incidente en el que un alguacil federal del aire haya impedido o intervenido para evitar una trama terrorista”. En la misma nota reveló que el 6 de abril de ese año, en el vuelo 221 de Delta, que partió de Manchester, Inglaterra, rumbo al aeropuerto John F. Kennedy en Nueva York, un alguacil olvidó su pistola cargada en el baño de la aeronave, afortunadamente sin consecuencias fatales, pues un pasajero la entregó a la tripulación.
Con estos antecedentes, es más que evidente que la solicitud estadunidense es un simple medio para doblar a las autoridades mexicanas y abrir la puerta para la presencia oficial y reconocida de agentes de seguridad armados en operativos en territorio nacional. Los alguaciles federales del aire son la vía para romper finalmente la resistencia contra su abierta actuación en México.
Y la posición mexicana de analizarla con seriedad y abrirse a dicha posibilidad es otra muestra más de la debilidad y el entreguismo de este gobierno frente a Donald Trump. Peña y Videgaray mantienen exactamente la misma postura que mostraron el 31 de agosto de 2016, cuando todavía como candidato republicano a la presidencia de su país lo invitaron a visitar México. Trump, por su parte, también mantiene el mismo trato.
Es evidente que los reiterados intentos de los mexicanos por suavizar la posición del presidente estadunidense han fracasado una y otra vez, pero, sin medir las posibles consecuencias de sus concesiones, Peña y Videgaray están nuevamente dispuestos a ceder a sus solicitudes. Permitir el ingreso de agentes extranjeros al país, aunque sea únicamente en los vuelos comerciales entre México y Estados Unidos, es un precedente que le permitirá al gobierno de Trump insistir en que esto se amplíe a los agentes de la agencia antidrogas DEA y, posteriormente, hasta las fuerzas armadas de su país, como ya expresó Trump en aquella llamada telefónica que sostuvo con Peña Nieto en enero del año pasado, tras la cancelación de la visita del mexicano a Washington.
Lo criticable de la posición de México no es, como Videgaray piensa, el “negociar el Tratado de Libre Comercio a cambio de los Air Marshalls”, sino que estén analizando con seriedad la posibilidad de responder afirmativamente a esa solicitud. Abrir esa puerta implica que por la misma, más temprano que tarde, entren también los marines.
Este análisis se publicó el 4 de febrero de 2018 en la edición 2153 de la revista Proceso.