La Auditoría Superior de la Federación (ASF) interpuso una nueva
denuncia penal ante la PGR contra los funcionarios que resulten
responsables, por un presunto esquema de simulación de servicios que la
Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y tres universidades públicas
del Estado de México ejecutaron, a lo largo de 2015, y que derivó en el
desvío de más de 600 millones de pesos.
La denuncia penal involucra tres contratos entre la Sedesol y
universidades mexiquenses, así como 20 empresas supuestamente fantasma,
contratadas para brindar servicios que se presume no se realizaron, y
que a su vez se encuentran vinculadas con la red de compañías de “La
Estafa Maestra”.
Los contratos y pagos por estos servicios se efectuaron en las
gestiones de Rosario Robles (titular de la Sedatu actualmente), y José
Antonio Meade (hoy precandidato del PRI a la presidencia), al frente de
Sedesol.
Ante la denuncia penal, Animal Político buscó una postura oficial de Robles, pero no dio una respuesta sobre el tema.
En cuanto a Meade, respondió que los contratos que dan origen a las
denuncias presentadas por la Auditoría no fueron suscritos por él, “ni
sus vigencias corresponden a su gestión” como secretario Desarrollo
Social.
“Los servicios fueron, además, devengados en su mayoría previo a la
gestión del Dr. Meade Kuribreña”, indicó el equipo del ahora
precandidato, en una tarjeta informativa.
El 30 de enero de 2015, con Robles al frente de la Sedesol, la
dependencia suscribió tres convenios con igual número de universidades.
Uno por 136 millones 85 mil pesos con la Universidad Tecnológica del Sur
del Estado de México (UTSEM); otro con la Universidad Tecnológica de
Nezahualcóyotl (UTN), por 319 millones 121 mil pesos, y el tercero con
la Universidad Politécnica de Texcoco (UPT), por 156 millones 478 mil
pesos.
La vigencia original de dichos convenios fue del 30 de enero al 30 de
noviembre de 2015. El objeto social en todos fue similar: supervisar
que los recursos federales que se entregan a estados y municipios, como
parte del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, se
aplicaran correctamente.
Los convenios, como es el común denominador en el modus operandi de
“La Estafa Maestra”, se entregaron sin licitaciones ni competencia
alguna, aprovechando una excepción en la Ley de Adquisiciones que
permite dar adjudicaciones directas a instituciones públicas, con la
condición de que éstas puedan realizar el trabajo.
Los pagos de Sedesol a las universidades se realizaron en tres
partes, todos ellos en las mismas fechas. El 6 de abril de 2015, la
dependencia entregó 47.6 millones a la UTSEM, 111.6 millones a la UTN y
54.7 millones a la UPT; el 6 de julio se transfirieron 34 millones a la
UTSEM, 79.7 millones a la UTN y 39.1 millones a la UPT.
Finalmente el 4 de septiembre de 2015, ya con Meade a la cabeza de la
Sedesol, se hicieron las transferencias más grandes por universidad:
54.4 millones a la UTSEM, 127.6 millones a la UTN, y 62.6 millones a la
UPT.
Además de estas cantidades, la ASF descubrió que la Sedesol
de Meade desembolsó 62 millones 142 mil pesos extra por supuestos
servicios realizados de septiembre a noviembre de 2015.
Estas adecuaciones se autorizaron mediante tres oficios, fechados del
30 de diciembre de 2015, así como el 2 y 24 de febrero de 2016.
Las auditorías
De acuerdo con cuatro auditorías forenses practicadas por la ASF a la
cuenta pública 2015, presentadas en la denuncia de la PGR junto con un
dictamen técnico, la Sedesol transfirió recursos públicos a tres
universidades mexiquenses por servicios que se pagaron, pero que no hay
evidencia de haberse realizado.
La ASF detectó que las universidades contrataron a cinco compañías
para brindar los servicios, quienes a su vez subcontrataron a otras 15,
sin justificación alguna.
Ninguna de estas empresas tenía la capacidad humana ni material para
realizar los servicios. Es decir, se presume que son empresas
irregulares o fantasma, de acuerdo con la investigación de la ASF. Se
trata del mismo modus operandi descrito en “La Estafa Maestra”.
Animal Político comprobó que al menos cuatro de
las compañías a las que se les entregaron los recursos están
relacionadas entre sí, por socios y representantes legales.
Además están vinculadas con la red de compañías reveladas en el
reportaje de “La Estafa Maestra”, y que fueron usadas por Sedesol (y
otras dependencias federales) en 2013 y 2014, para desviar recursos.
Para tratar de “comprobar” que el dinero se gastó correctamente, las
autoridades universitarias entregaron expedientes como pruebas de dichos
servicios. Lo que descubrió la ASF es que en dichos expedientes había
fotografías repetidas, o correspondientes a otros lugares y años, firmas
copiadas y posiblemente falsificadas, entre otras irregularidades.
La ASF denunció que estos desvíos no solo propiciaron la desaparición
de recursos públicos, sino que afectaron a la sociedad en
general, pues se desvió dinero que debería destinarse a programas de
desarrollo social, que contribuyen a abatir problemas graves como la
pobreza y la desigualdad.
“Los recursos públicos del subsidio erogados a través de estos
convenios no forman parte de los planes estratégicos de desarrollo
social para abatir la carencia y el rezago social y el gasto, en
consecuencia, no benefició a la población más vulnerable del país. El
desvío de recursos revelados en esta auditoría, demuestra que mientras
persistan y reincidan estas prácticas y conductas irregulares, las
brechas de desigualdad social que imperan en el país no podrán
superarse”, concluyó la ASF.
Los resultados de estas auditorías fueron publicadas en su momento por diferentes medios de comunicación,
sin embargo, la denuncia ante PGR apenas fue interpuesta por la ASF a
finales de 2017, pues debe transcurrir un plazo para que las
dependencias traten de justificar las irregularidades, que en este caso
no ocurrió.
Se trata de la cuarta denuncia que interpone la ASF ante PGR por posibles desvíos en Sedesol en 2015 con universidades. Las tres anteriores fueron por un monto de 540 millones en conjunto, y hasta el momento no hay avances en las indagatorias.
Leer: Con Robles y Meade hubo desvíos al estilo Estafa Maestra por 540 mdp en Sedesol, revela Auditoría
La simulación
En vez de cumplir con la tarea que se les asignó, las tres
universidades transfirieron el cien por ciento de los servicios que
deberían realizar a terceros, a los que también entregaron el 99 por
ciento del dinero recibido, es decir, unos 605 millones de pesos.
De esta forma se violó lo pactado en los convenios, en los que se
estipulaba que las instituciones educativas tendrían que ejecutar por sí
solas la mayor parte de los servicios.
Pero esta irregularidad no fue idea de las universidades, sino de la
propia Sedesol. En todos los casos, señalan las auditorías forenses de
la ASF, fue la dependencia la que firmó “anexos” con las instituciones
educativas, en donde estas acordaron transferir los recursos a empresas
que la propia Sedesol “recomendó”.
Peor aún. Las universidades y la Sedesol argumentaron que los
servicios fueron realizados a través de más de mil 200 personas
denominadas Coordinadores Técnicos Sociales (CTS), que supuestamente
supervisaron los programas sociales y que, a cambio, recibieron un
salario pagado con los recursos de los convenios.
Sin embargo, los auditores señalaron que lo anterior no pudo ser
real porque las empresas subcontratadas originalmente por las
universidades, y a las que les fue transferido el dinero, en realidad no
pagaron a ningún CTS, sino que enviaron el dinero a otro puñado de
compañías.
“Lo anterior permite presumir un esquema de simulación de servicios, por un importe total de 611,711.9 miles de pesos (611 millones de pesos)”, indicaron los auditores.
Los nexos entre empresas
Como parte de la investigación forense, los auditores identificaron
las compañías que recibieron recursos de los convenios que Sedesol firmó
con las tres universidades mencionadas en 2015, y que presuntamente
simularon los servicios. Animal Político rastreó datos de dichas empresas y se confirmó su nexo con empresas fantasma.
De acuerdo con el reporte de la auditoría, las empresas Integrasoft
SA de CV, Grupo Corporativo Integral Vazme SA de CV, Cofint SC,
Infraestructura Astoria SA de CV, e Izarre SA de CV fueron las que
recibieron recursos directamente de las tres universidades.
Como ya se dijo estas no usaron el dinero para cumplir con ningún
servicio, sino por el contrario, lo transfirieron entre ellas o a otro
grupo de empresas: Srevint SA de CV, Factores y Servicios Humanos SA de
CV, CMA Servicios Estratégicos SA de CV, Corporativo Kukmu S de RL de
CV, Elevait SAPI de CV, Sultan Group Development, Matchser SA de CV,
Servicios Comerciales S de RL de CV, RIEU Recursos de Capacitación S de
RL de CV, Ji&am Administración S de RL de CV, Distribuidora Zadot SA
de CV y Soluciones en Comercio Caricom SA de CV.
Estas compañías a su vez triangularon los recursos con Unificación de
Recursos Administrativos SA de CV y World Heritage Group SA de CV. En
estas operaciones también estuvieron involucradas seis personas
físicas.
Animal Político obtuvo las actas constitutivas de varias de
estas compañías, y se descubrió que cuatro de ellas fueron creadas en
Coahuila ante el mismo notario de nombre Gustavo Muñoz Domínguez. Se
trata de Factores y Servicios Humanos, Unificación de Recursos
Administrativos, Srevint y Matchser, estas dos últimas creadas con tan
solo un día de diferencia en 2014.
Factores Humanos tiene entre sus representantes legales a Beatriz
Ariana Enríquez Herrera, quien también desempeña ese rol en la empresa
Unificación de Recursos Administrativos. A su vez esta empresa tiene
como otra de sus representantes a Graciela Díaz Hernández, quien también
es apoderada de las compañías Matchser y Srevint.
Pero los vínculos no se limitan a estas empresas. Animal Político pudo
verificar que uno de los socios de la empresa Factores y Servicios
Humanos, Javier Ángel Gonzalez Colsa, también es socio de la compañía
Integradora de Capital Humano SA de CV, una de las empresas fantasma
uilizadas entre 2013 y 2014 en “La Estafa Maestra”
Integradora no es una empresa con un papel menor en aquella red. Fue
la única que recibió recursos de otra compañía llamada ESGER Servicios y
Construcciones, que se convirtió en receptora de más de 680 millones de
pesos provenientes de distintas universidades.
En enero pasado el Servicio de Administración Tributaria (SAT)
incluyó a ESGER en su lista definitiva de compañías que simulan
operaciones, es decir, de empresas fantasma.
Esta es la tarjeta informativa que el equipo de Meade Kuribreña envió sobrre el tema.
NOTA INFORMATIVA
Los contratos que dan origen a las denuncias presentadas por la
Auditoría Superior de la Federación (ASF) no fueron suscritos por el Dr.
José Antonio Meade Kuribreña ni sus vigencias corresponden a su gestión
como Secretario Desarrollo Social. Los servicios fueron, además,
devengados en su mayoría previo a la gestión del Dr. Meade Kuribreña.
A efecto de que no se volvieran a presentar las condiciones
observadas por la Auditoría Superior de la Federación, la administración
del Dr. Meade Kuribreña implementó las siguientes acciones:
a. Ante el incumplimiento de pago por parte de las referidas
instituciones públicas de educación superior a los Coordinadores de
Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional (Coplades) y Coordinadores
Técnicos Sociales (CTS´s), la Sedesol tuvo que realizar adecuaciones
hacia finales del ejercicio fiscal 2015, que permitieran dotar de
suficiencia presupuestaria a la estrategia de otorgamiento de “ayuda
social extraordinaria”, exclusivamente a aquellas personas con méritos,
que hubieren contribuido a la supervisión de las obligaciones a cargo de
los gobiernos locales derivadas de la operación del Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura (FAIS).
b. La Sedesol modificó el 31 de marzo de 2016, los Lineamientos de
operación del FAIS, con lo que se clarificaron las atribuciones que a
dicha Dependencia del Ejecutivo Federal le asigna la Ley de Coordinación
Fiscal. De esta forma, propuso la figura de los Agentes de Desarrollo
Local (ADL), en tanto mecanismo oficial para coadyuvar al cumplimiento
de las obligaciones a cargo de los gobiernos locales. Los honorarios de
dichos agentes no los cubrirá más Sedesol, puesto que deberán cubrirse
con cargo al 3% de los recursos que para operación se asignan anualmente
a los gobiernos locales para el FAIS, el mismo que se publica con el
Presupuesto de Egresos de la Federación del año en curso, en el Diario
Oficial de la Federación.
c. En su caso, se hizo del conocimiento del Órgano Interno de Control
en la Sedesol, las irregularidades detectadas en la operación de los
programas.
En suma, la contratación de Coplades y CTS se realizó de manera
previa a la gestión del Dr. Meade Kuribreña, quien -a su llegada a la
dependencia- atendió la situación preexistente a fin de: no dejar en
desamparo a aquellos trabajadores que demostraron con documentos que
habían realizado trabajos que en última instancia habían aportado a
Sedesol; cancelar esa modalidad de contratación y para crear un nuevo
mecanismo de apoyo a la ejecución del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura transparente y basado en la normatividad.
***
Con información de Nayeli Roldán.
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