Trabajan 17 veces más que en las zonas urbanas
Brechas de desigualdad las colocan en desamparo absoluto
Cd. de México, 12 feb. 18. AmecoPress/SemMéxico.- Las
mujeres son las principales productoras agrícolas y clave en el
sostenimiento de la seguridad alimentaria de los países; sin embargo,
son quienes menos ingresos perciben, ya que el 38 por ciento de las
mujeres hace trabajo agrícola no remunerado, señala la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
El dato anterior es parte de una investigación “La
Constitución de 1917: La mujer y su aportación en el desarrollo rural
sustentable”, realizado por el Centro de Estudios para el Desarrollo
Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria (CEDRSSA), de la Cámara de
Diputados, en la que se indica que las principales actividades de estas
mujeres son la agricultura, ganadería, silvicultura, caza, pesca y
artesanía, lo cual supera 17 veces las tareas en las zonas urbanas.
A pesar de su incorporación al ámbito laboral y que trabajan jornadas
dobles, considerando las tareas domésticas que desempeñan sin
remuneración, 32.7 por ciento trabaja por su cuenta (no son asalariadas)
y 16.3 por ciento no obtiene remuneración alguna. El 51% carece de
prestaciones de salud e igual porcentaje no tiene prestaciones,
“colocándose en el desamparo absoluto”.
Seis de cada diez mujeres rurales no cuentan con contrato escrito que
les garantice estabilidad en sus ingresos; 31% solo recibe un salario
mínimo y únicamente 18% asume jornadas laborales de 48 horas a la
semana.
Las condiciones educativas y laborales que afrontan las mujeres de
las áreas rurales de México propician que se acentúe la brecha de
desigualdad prevaleciente en el campo, ya que 66.6% de la población en
pobreza extrema del país, está conformada por población rural.
El documento refiere que, en 2012, el Consejo Nacional de Evaluación
de la Política de Desarrollo Social (Coneval), estimó que 27.6 millones
de mujeres estaban en condiciones de pobreza y 8.5 millones son de un
contexto no urbano, equivalente a que seis de cada diez mujeres rurales
en el país se encuentran en situación de pobreza y más de tres millones
viven en pobreza extrema.
En tanto, 93.5% de las mujeres rurales mexicanas son vulnerables por
“carencias sociales” (alimento, educación, servicios de salud, servicios
públicos, vivienda y otros).
A ello se suma que, ante la migración de los varones —no solo a áreas
urbanas sino al extranjero, particularmente a Estados Unidos— en busca
de trabajo mejor remunerado, las mujeres jefas de familia se quedan en
su localidad asumiendo una mayor y más directa participación para
recuperar la economía rural del país.
Esa tendencia ha “feminizado la agricultura” con enormes desventajas,
ya que actualmente tienen que enfrentar problemas como falta de
titularidad de las tierras (los dueños son los hombres, muchas veces
emigrados), acceso a créditos (sistemáticamente se les niegan), a
recursos y a asistencia técnica.
Todo esto, sin considerar que su incorporación a dichos procesos
productivos en condiciones de desventaja cultural, social, económica y
académica, no las releva de las actividades de género, como cuidado y
educación de hijos y ser su sustento económico, que las “avasalla de
tiempo completo”.
El documento destaca el derecho de las mujeres a la tenencia de la
tierra, ya que su preocupación es constante, para que el desarrollo
rural sustentable se mantenga como sostén económico, tanto individual
como colectivo.
La investigación del CEDRSSA apunta que las mujeres han logrado
obtener sus derechos agrarios, a partir de un gran esfuerzo individual y
de un complejo proceso de negociación en el seno de la familia,
particularmente con el cónyuge titular.
“Poco más de la mitad de las actuales ejidatarias y comuneras
heredaron la tierra que poseen, mientras que una quinta parte la obtuvo
mediante cesión gratuita; en ambos casos de manos del cónyuge o del
padre, principalmente, o de la ejidataria titular”, establece.
Además, las mujeres en el ámbito rural requieren crédito oportuno y
barato, acceso a la tecnología, inclusión y capacitación técnica, para
aumentar su producción y apoyar con redes de comercialización para la
venta de sus productos.
Ante este panorama, uno de los retos de México es consolidar la
perspectiva de género en los programas de desarrollo sustentable y en el
marco constitucional, así como la necesidad de políticas públicas para
fortalecer la capacidad de autogestión de las mujeres del campo en
actividades productivas y cambios cualitativos en su calidad de vida, de
acuerdo con el estudio.
Por el papel fundamental de las mujeres en la gestión, conservación,
protección, restauración y aprovechamiento de los recursos naturales, es
necesario orientar las acciones de gobierno hacia la construcción del
desarrollo rural sustentable, a partir del reconocimiento de las
diferencias de género y la protección de sus derechos humanos,
considera.
Resalta que hoy más que nunca es indispensable lograr un pacto
mundial que sensibilice a las generaciones presentes y futuras sobre la
importancia de la mujer en el desarrollo rural sostenible.
Foto: SemMéxico.
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