Obtiene liberación pero no reconocen su inocencia
Teodora
Vásquez, mujer salvadoreña que cumplió más de diez años en prisión,
condenada por homicidio agravado por la muerte de su hija recién nacida,
hoy empezó su primer día en libertad.
Fue liberada ayer por las autoridades salvadoreñas de un reclusorio
de mujeres en Ilopango, municipio ubicado en el departamento de San
Salvador. Fue sentenciada en 2007 a 30 años de prisión por homicidio
agravado en perjuicio de una recién nacida. En enero de este año, su
pena fue conmutada a 10 años 7 meses, que cumplió ayer.
Al salir de la prisión, fue recibida por su familia, entre ella sus
papás y su hijo de 14 años, defensoras de Derechos Humanos, y docenas de
periodistas. “Estoy muy contenta de regresar nuevamente con mi
familia”, dijo Teodora al salir de las puertas del reclusorio.
Sin embargo, la Agrupación Ciudadana por la despenalización del
aborto, que acompaña a Teodora desde el 2014, consideró la resolución de
la Corte Suprema de Justicia (CSJ) insuficiente, “porque no reconoce su
inocencia”.
Las organizaciones sociales que apoyan a Teodora sustentan que la
mujer que se desempeñaba como cocinera en una cafetería de una escuela y
que en 2007 cuando tenía 24 años de edad, tuvo una emergencia
obstétrica en el lugar de su trabajo, habría llamado al 911 de la
Policía Nacional Civil en busca de auxilio pero éste nunca llegó. Fue
así que tuvo un parto extrahospitalario en los baños de la instalación.
El producto nació muerto.
La Agrupación Ciudadana argumentó que aún conociendo esta
información, el Juzgado Segundo de Sentencia nunca presumió su
inocencia, y que en el juicio “no se presentaron pruebas contundes de la
existencia de un delito.”
El Salvador es uno de los pocos países en el mundo que mantienen una
prohibición absoluta del aborto. En una treintena de casos, según las
organizaciones, las Cortes han emitido condenas entre 30 y 40 años de
prisión a las mujeres acusadas.
Las mujeres que han sido sentenciadas proceden, de manera
desproporcionada, de entornos empobrecidos, en los que apenas tienen
acceso a educación, atención médica o justicia, manifestó Amnistía
Internacional. Es por eso que deben seguirse los casos de al menos 27
mujeres en la misma situación que continúan encarceladas.
“El Salvador aún está lejos de garantizar plenamente los derechos de
las mujeres y las niñas en el país”, dijo Erika Guevara-Rosas, directora
para las Américas de Amnistía Internacional quien pidió a las
autoridades salvadoreñas derogar urgentemente “esta indignante
prohibición del aborto”.
De hecho, desde finales del 2016, la Asamblea Legislativa de El
Salvador recibió una propuesta para despenalizar el aborto terapéutico:
cuando corra peligro la vida de la madre, no exista posibilidad de la
vida extrauterina, y cuando el embarazo sea producto de la violación de
menores de edad.
Hasta ahora no se han encontrado mayorías para esta propuesta, ni
entre las filas del partido de izquierda, el Farabundo Martí para la
Liberación Nacional. Representantes de organizaciones sociales pidieron a
la Asamblea Legislativa aprobar la medida antes de que concluya la
actual legislatura el 30 de abril próximo.
Diversas personas funcionarias de las Naciones Unidas han expresado
su preocupación por esta legislación salvadoreña. La Relatora Especial
sobre las ejecuciones extrajudiciales, Agnes Callamard, al final de su
visita el pasado 5 de febrero a este país centroamericano, pidió al
Estado declarar una "moratoria", es decir, aplazar la aplicación de la
prohibición del aborto.
En México, existen casos similares. El más reciente, el de Dafne
McPherson Veloz, quien permanece desde 2015 en situación de reclusión en
un penal de Querétaro, acusada de homicidio agravado, luego de haber
sufrido un parto fortuito en los baños de la tienda departamental donde
trabajaba. En noviembre del 2017, el Tribunal Colegiado Vigésimo Segundo
Penal de este estado, rechazó reprogramar un juicio que la daría
libertad.
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Sonia Gerth
Cimacnoticias | Ciudad de México.-
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