Francisco López Bárcenas*
El último día de enero
la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) en el
estado de Puebla citó a comparecer ante ella a cuatro integrantes del
Comité del Ordenamiento Territorial Integral de Cuetzalan (Cotic), como
indiciados por el delito de obstrucción de obra pública, debido a que
entre el 19 de noviembre de 2016 y 2 de octubre de 2017 participaron
junto con cerca de mil personas en un plantón de rechazo a las
pretensiones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de instalar en
ese municipio el Proyecto de Línea de Alta Tensión Entronque Teziutlán
II-Tajín (LAT), porque consideran que contraviene el Programa de
Ordenamiento Territorial Integral Municipal aprobado en una sesión
cabildo abierto el 15 de octubre de 2010 y publicado en el Periódico Oficial del Estado el 10 de diciembre del mismo año.
Los indiciados son personas de reconocida solvencia moral y prestigio
social, por su trabajo en pro de los derechos de las comunidades de la
región y la defensa del territorio. Además de ser miembros del Cotic, la
señora Rufina Edith Villa Hernández, de origen nahua, es integrante de
la organización Maseualsiuamej Mosenyolchicahuanij y secretaria del
Cotic; el señor Nazario Diego Téllez, también nahua, es representante
del Grupo Altepetajpianij, cooperativista de la Unión Tosepan
Titataniske; el señor Álvaro Aguilar Ayón es asesor de la Unión de
Cooperativas Tosepan Titataniske, y Luis Enrique Fernández Lomelín,
investigador universitario. Si la CFE sabe que en los hechos de los
cuales se les acusa participaron cerca de mil personas, ¿por qué
incriminarlos sólo a ellos?, ¿por qué en este momento, si los hechos
sucedieron hace un año?, ¿qué intereses puede haber detrás de esta
acción político-policial?
En el Cotic están convencidos de que se trata de una medida para
disuadirlos del defender su territorio y su forma de vida, pues eso
afecta importantes intereses económicos. Para sustentar su afirmación,
señalan que la subestación que la CFE pretende construir en su
territorio pasaría cerca del sitio donde la empresa Controladora de
Operaciones de Infraestructura SA de CV, subsidiaria de Ingenieros
Civiles Asociados (ICA), pretende construir cuatro nuevas
hidroeléctricas interconectadas en el río Apulco, en los municipios de
Tetela de Ocampo, Xochiapulco, Zacapoaxtla, Cuetzalan, Tlatlauquitepec y
Nauzontla; curiosamente cerca de la mina El Aretón, propiedad de minera
Autlán y del Cerro Las Espejeras, en Tetela de Ocampo, donde el Grupo
Frisco tiene concesionadas más de 10 mil hectáreas de terrenos, proyecto
que se encuentra suspendido por la oposición de la gente y la carencia
de permisos ambientales.
Esa es una explicación. Pero también pueden existir otras. La
mayoría de los socios de las cooperativas que se agrupan en torno a la
Unión Tosepan Titataniske han mostrado sus simpatías con el partido
Morena y la señora Rufina Edith Villa Hernández es su candidata a la
presidenta municipal de Cuetzalan; siendo esta situación, la acción
podría estar encaminada a minar el apoyo a los candidatos de ese partido
en la contienda electoral en curso, para posicionar a los grupos
caciquiles de la región y el estado. Por otro lado, el señor Nazario
Diego Téllez es representante común de los macehual en los amparos que
las comunidades han interpuesto contra las concesiones mineras que, de
llevarse a cabo, afectarían el territorio de Cuetzalan, Tlatlauquitepec,
Yoanahuac y Atexcaco. Si la acción de la CFE procediera y el Ministerio
Público obsequiara las órdenes de aprehensión, quedarían
automáticamente sin representante en los juicios.
En este contexto, con la criminalización de los miembros del Cotic
más que perseguir el respeto y la aplicación de la ley, pareciera que se
ha montado una provocación política con múltiples propósitos. Si se
tratara de comunidades desorganizadas, la medida podría tener efectos
pero en la Sierra Norte de Puebla tienen una experiencia de lucha
probada en décadas de organización, que ahora podrían echar a andar para
defender su proyecto de vida, frente a los proyectos de muerte, como
ellos bautizaron a los megaproyectos que los han invadido en los últimos
años. El caso no está cerrado y una cosa es clara: para detener al
movimiento tendrían que encarcelar no a cuatro dirigentes, sino a miles
de habitantes de las comunidades. Y para eso les van a hacer falta
cárceles.
*Investigador de El Colegio de San Luis Potosí
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