El poder de Televisa, y de los otros grandes consorcios mediáticos,
no es resultado de la operación del libre mercado o de la libertad de
expresión, sino del control estatal y de los privilegios
gubernamentales. Durante el sexenio pasado, Enrique Peña Nieto gastó más
de 50 mil millones de pesos en publicidad oficial. De acuerdo con los
estudios de la organización civil Fundar, 40% de ese gasto llegó a
solamente diez de las mil 433 empresas mediáticas que operan en el país.
Televisa y TV Azteca juntos recibieron 30%. Y estas cifras no incluyen
la indignante corrupción informativa que también existe a nivel
estatal, donde gobernadores derrochan enormes cantidades de dinero
público a favor de coberturas mediáticas favorables.
Andrés Manuel López Obrador ha anunciado que reducirá drásticamente
el gasto en publicidad. Habrá un recorte de más de 50% en este rubro.
Además, el jefe de Comunicación Social de la Presidencia de la
República, Jesús Ramírez, afirma que este recurso se distribuirá de
manera mucho más equitativa y equilibrada, incluyendo las radios
comunitarias y los medios alternativos.
El nuevo gobierno también dará un fuerte impulso a los medios
públicos. Se creará una nueva Coordinación General de Medios Públicos
para potenciar y coordinar la muy importante labor de medios como Canal
11, Canal 22, Radio Educación, IMER y Notimex, entre otros. El nuevo
presidente ha aclarado que no se trata de convertir estos medios en
voceros del gobierno en turno, sino de fortalecerlos como verdaderos
medios públicos que abren la puerta a la más amplia pluralidad de voces.
López Obrador también se ha comprometido con garantizar el acceso
universal y gratuito al internet en todo el país. En muchas regiones la
televisión abierta sigue siendo la única fuente de información
disponible. Con internet para todos los ciudadanos podrán elegir mucho
más libremente dónde y con quiénes se informan.
Así que los medios de comunicación privados tendrán que aprender
rápidamente a convivir con las reglas del libre mercado y la competencia
mediática. Si quieren sobrevivir, deben generar nuevos contenidos más
confiables y formatos más plurales capaces de retener la atención de una
audiencia mexicana cada vez más demandante y consciente, como lo
anticipó Jenaro Villamil desde el año pasado en su importante libro La
rebelión de las audiencias.
Este nuevo contexto es lo que explica tanto la llegada de Carmen
Aristegui como la salida de Carlos Loret de Mola de Grupo Radio Centro.
Aristegui no es de ninguna manera una aplaudidora ciega de López
Obrador. La periodista ha ganado a pulso su gran prestigio a partir de
décadas de trabajo sumamente profesional a favor de la verdad y la
pluralidad. Su contratación por la radiodifusora responde al hecho de
que México ya no es gobernado por un presidente de la República
intolerante y autoritario que censura las voces disidentes. Al
contrario, López Obrador promueve la libertad de expresión y está a
favor de que se prioricen tanto los criterios del libre mercado,
Aristegui es una apuesta lucrativa para cualquier medio, como la
voluntad de las audiencias.
Es absurdo alegar censura en el caso de Loret de Mola. Las tendencias
en las mediciones de audiencia de su programa Sin Anestesia no eran
positivas. Aun así, Radio Centro quiso retener sus servicios a partir de
una renegociación de su contrato, tal y como se logró con el importante
programa de Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez. Pero Loret prefirió
hacer berrinche en lugar de aceptar las nuevas condiciones. Sus
posibilidades de contratación futuras con algún otro medio no dependerán
de la venia del presidente de la República sino de la capacidad del
periodista de asumir con humildad las lecciones del libre mercado
resultado del nuevo momento democrático que se vive en la nación.
Ahora bien, se facilitaría enormemente la necesaria rebelión de las
audiencias si los grupos parlamentarios de Morena en el Congreso de la
Unión también pusieran manos a la obra para reformar tanto la Ley
Federal de Radio y Televisión como la Ley Federal de Telecomunicaciones.
Recordemos cómo en 2013 el Congreso de la Unión se vio obligado por la
presión social, articulada con particular fuerza por el movimiento
#YoSoy132, a aprobar una reforma constitucional en materia de medios de
comunicación. Esa reforma implicó un avance importante en varias
materias, incluyendo el fortalecimiento de los medios públicos,
indígenas y comunitarios, la prohibición de los monopolios, los derechos
de la audiencia, y mayor autonomía legal para el órgano regulador del
sector.
Sin embargo, las modificaciones a las leyes secundarias
correspondientes dejaron mucho que desear, ya que fueron redactados con
la activa participación de los abogados de Televisa. Ello explica por
qué aun después de las reformas continuamos hoy en un contexto mediático
muy similar al pasado. Televisa sigue como la empresa dominante en el
sector, concentrando 70% de la audiencia nacional, 65% de las
concesiones de televisión abierta, 55% de la televisión por cable, 80%
de televisión satelital y 90% de los contenidos audiovisuales, de
acuerdo con datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Y el
nuevo canal de televisión, de Grupo Imagen, en lugar de revolucionar las
formas de comunicación ha terminado reproduciendo el mismo modelo
periodístico de Televisa.
El éxito de la Cuarta Transformación no sólo depende de las acciones
del nuevo presidente o de las instituciones públicas, sino también de
las acciones de cada uno de nosotros. Así como votamos el pasado primero
de julio, continuemos expresando nuestras preferencias todos los días
con nuestras miradas, nuestros oídos y nuestras pantallas.
http//johnackerman.mx
Este análisis se publicó el 9 de diciembre de 2018 en la edición 2197 de la revista Proceso.
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