Los afanes centralistas del presidente les vinieron estupendos a los gobernadores, porque de esa manera le dan la vuelta a uno de los principales problemas que tienen encima.
No es la primera vez que ocurre. Con su declaratoria de guerra al narco, el entonces presidente Felipe Calderón se quiso consagrar como el jefe de Estado “valiente” que por fin combatía de frente a esa expresión de la delincuencia organizada. Tal era el discurso oficial.
Su sucesor, Enrique Peña, dejó de lado la retórica de guerra, pero mantuvo la estrategia.
Cada uno pretendió resolver desde el centro el problema. Con la Secretaría de Seguridad Pública al mando de García Luna y de la Comisión Nacional de Seguridad con distintos titulares en cada uno de los gobiernos.
Además de quitarle la responsabilidad a los gobernadores, ambos gobiernos les dieron millones de pesos a través de distintos subsidios de fondos federales de seguridad pública para equipar a sus policías, comprar patrullas, armas y equipos.
Lo que los gobiernos estatales hicieron con ese dinero no se sabe, a la luz de las condiciones de inseguridad en todo el país y la ausencia de cuerpos policiales civiles profesionalizados.
Ante el fracaso de los gobiernos de Calderón y Peña, con un alto costo humano y económico, López Obrador se la pasó durante años criticando la estrategia. Razón no le faltaba. Su propuesta de no apagar el fuego con el fuego tuvo respaldo porque suponía un nuevo paradigma.
Para sorpresa de todos, el nuevo presidente no sólo mantiene la estrategia, sino que la profundizó. Calderón, ni en sus más preciadas ambiciones, se atrevió a reformar la Constitución para darle a los militares, de plano, todas las tareas de seguridad, incluida la que corresponde a los policías, que tiene que ver con los delitos comunes.
La Guardia Nacional de López Obrador no supone ningún cambio. Sólo que ahora los gobernadores quedan a salvo completamente de las tareas de seguridad. Por eso es que expresaron su respaldo “sin regateos”.
Claro, porque cualquier fracaso se le atribuirá directamente al gobierno de López Obrador y a su Guardia Nacional que, a pesar de no haber sido aprobada constitucionalmente, ya está desplegada en 11 regiones del país. El secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, no dijo cuáles, pero es fácil pensar en las 12 regiones en las que el Ejército tiene dividido al país.
Antes de ser una realidad legal, La Guardia Nacional deberá pasar por las impugnaciones que acabarán en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo que pase en el máximo tribunal tampoco se sabe, no sólo porque no sabemos cómo va a terminar el actual conflicto por la polémica Ley de Remuneraciones, sino porque cuando desecharon la Ley de Seguridad Interior, los ministros establecieron que los militares no deben cumplir funciones de seguridad pública.
El titular del Ejecutivo piensa lo contrario y su mayoría en el Legislativo lo respalda, lo que podría derivar en otro conflicto entre poderes.