Cambio de Michoacán
Me cuento entre los que
ya sospechábamos que el inicio del sexenio de Andrés Manuel López
Obrador no sería tan fácil ni tan terso, y que la transición calificada
como “de terciopelo” o era un pacto convenido para negociar impunidad
por una mudanza del poder estatal sin perturbaciones, o era una ilusión
óptica y auditiva. En especial, pensé que el mayor conflicto que el
nuevo equipo gobernante tendría que resolver al inicio de su gestión
sería el de la cancelación de la construcción del nuevo aeropuerto en el
vaso de Texcoco. Hasta ahora, al menos, en ese tema parece haber un
control de daños y una salida negociada con los empresarios involucrados
en el proyecto aeroportuario.
En cambio, la liebre ha saltado por
otro lado. Se ha agudizado la confrontación al interior del Estado
mismo, entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, por una parte, y el
Poder Judicial por la otra. Y se trata de un conflicto de pronóstico
reservado. Los ministros de la Corte, magistrados y jueces han salido a
la palestra a oponerse activamente —seguramente haciendo bloque con
otros grupos y fuerzas menos visibles— a defender sus elevadísimas
prerrogativas, por no decir opulentos e insultantes ingresos.
“Es la guerra”, ha dicho Ricardo Monreal, líder de la fracción de Morena
en el Senado. Y ha propuesto abrir investigaciones a los ministros por
presunta corrupción y hasta posibles vínculos con la delincuencia
organizada. El semitroglodita también senador Félix Salgado Macedonio,
asimismo del grupo de Morena, ha planteado, por su parte y sin más, la
destitución de todos los ministros de la Corte por el presidente López
Obrador para que otros nuevos sean designados (acotación: a la
desaparición de un poder por otro se le llama, técnicamente, golpe de
Estado).
¿Pero de dónde vienen esos privilegios palaciegos que
tan obstinadamente defienden los ministros, magistrados y jueces, así
como otros miembros del alto funcionariado estatal? Básicamente, de dos
fuentes. La primera, la reproducción endogámica de los mismos grupos de
poder que durante décadas se hicieron del control del Estado y de sus
órganos para usarlos en beneficio propio; es decir, de un proceso de
corrupción no individual sino sistémica en la que no necesariamente cada
funcionario es o puede ser señalado como corrupto, sino lo es el
organismo en su conjunto, y cada alto componente individual es tan sólo
una pieza o elemento de ese aparato. La segunda, lo que podríamos bien
llamar la Doctrina Fox (el del “gobierno de empresarios para
empresarios”), según la cual es necesario que el Estado pague altos
estipendios a fin de captar para la administración pública a los
ejecutivos de alta empresa o “impedir” que los funcionarios públicos se
“fuguen” hacia el sector privado.
En todo caso, quienes ahora
suspenden por controversia constitucional la nueva Ley de Remuneraciones
de los Servidores Públicos tienen a su favor al menos dos artículos
constitucionales: el 94, que en uno de sus párrafos dicta: “La
remuneración que perciban por sus servicios los Ministros de la Suprema
Corte, los Magistrados de Circuito, los Jueces de Distrito y los
Consejeros de la Judicatura Federal, así como los Magistrados
Electorales, no podrá ser disminuida durante su encargo”, y el 14, que
establece que “A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de
persona alguna”.
Por su parte, la nueva Ley de Remuneraciones es reglamentaria del artículo 127 que en su fracción II establece: “II.
Ningún servidor público podrá recibir remuneración, en términos de la
fracción anterior, por el desempeño de su función, empleo, cargo o
comisión, mayor a la establecida para el Presidente de la República en
el presupuesto correspondiente”.
En consecuencia, como se ve,
la aplicación a rajatabla de la fracción citada y de la nueva Ley sólo
podría hacerse en violación a los artículos 14 y 94 de la Ley Suprema.
Por eso la secretaria de Gobernación de López Obrador y ministra en
retiro de la propia Corte, Olga Sánchez Cordero, ha señalado que será
muy difícil y se ha manifestado en contra de la reducción de las
remuneraciones de los ministros y magistrados del poder judicial. Ella
misma, según se sabe, percibe en su condición de ex ministra una pensión
de retiro de 258 mil pesos mensuales, más otros beneficios en efectivo y
en especie. A eso se añadirá ahora su remuneración como secretaria de
Estado, remuneración que ha ofrecido públicamente donar. El tener esos
ingresos, como queda dicho, no la hace una persona corrupta, sino que es
producto de un aparato que en su conjunto se fue corrompiendo hasta
alcanzar niveles majestuosos en la desigualdad con respecto de los
salarios mínimos, los comunes y los profesionales.
Pero hay
algo más. Creo que la controversia fue mal planteada desde el inicio. En
vez de que el tema de las remuneraciones a los altos funcionarios se
tratara en el Congreso dentro del debate del Presupuesto de Egresos —el
cual sólo se iniciará después del 15 de diciembre—, fue planteado por
López Obrador apenas unos días después del 1 de julio, cuando aún ni
siquiera era declarado presidente electo, en conferencia de prensa en la
que salió a decir que su propia remuneración sería de 108 mil pesos y
que haría aplicar la disposición del artículo127. Desde luego, nunca
antes un candidato triunfante se había atrevido, al margen del Congreso y
de un proyecto de Presupuesto, a establecer per se su
retribución. El tema en vez de ser de racionalidad presupuestal se
politizó y desde entonces generó urticaria y temores en amplios sectores
de la administración pública. Hoy, no sólo los miembros del Poder
Judicial sino muchos otros servidores públicos promueven amparos y se
rebelan contra la nueva disposición legal expedida por el Congreso.
Desde luego que entre la población en general hay enojo contra la
posición asumida por ministros y magistrados, en los que se han
focalizado los señalamientos como casta privilegiada —que efectivamente
son, pero no sólo ellos—, enojo que se manifiesta en las redes sociales,
muchas veces con propuestas e iniciativas desubicadas o imposibles de
cumplir por el Legislativo como no fuere a costa de romper el propio
orden constitucional. Por el contrario, lo que se está logrando es
unificar a las fuerzas de la derecha, el PRI, PAN, grupos empresariales y
en general a los aún amplios sectores antiobradoristas detrás de la
Corte y en contra de lo que ya califican como autoritarismo del Presidente y su partido.
Pero eso no quiere decir que no se pueda hacer nada contra el sistema
de privilegios de la alta burocracia estatal en sus diferentes poderes.
En primer lugar, por supuesto, la nueva Ley de Remuneraciones habrá de
aplicarse en lo sucesivo a los nuevos empleados de confianza del
presidente López Obrador y en general a los que en el futuro se vayan
incorporando a la administración pública federal y de los Estados.
En segundo término, como ya se hizo, llegar al acuerdo con los miembros
de la actual Suprema Corte y del Poder Judicial en general, de no dar
efecto retroactivo a la norma reglamentaria del 127. Desgraciadamente,
por un tiempo, sí seguirán vigentes los faraónicos ingresos de esos y
otros estamentos —consejeros del INE, IFAI, CNDH y, en general, de los
organismos autónomos— a los que no les sería aplicable directamente esa
ley sino violando el artículo 14 constitucional.
En el plano
presupuestal, en tercer lugar, revisar todas las prerrogativas no
retributivas que también benefician a esa casta de opulentos
funcionarios; es decir, vehículos, combustibles, teléfonos, ayudantías,
guaruras, etcétera, que ahora tendrán que ser pagados por los
funcionarios con sus propios y elevados ingresos. Se debe partir de un
señalamiento evidente: lo que esos miembros del servicio público
perciben no son salarios, pues no se corresponden con el nivel de
capacitación de su fuerza laboral, por más que algunos de ellos sean muy
meritorios, ni mucho menos con las condiciones generales del mercado
laboral, ahí donde se establecen realmente los salarios, sino con la
específica ubicación de esos individuos en la cúpula del aparato
administrativo que debe ser público pero que se ha tergiversado para
ponerse al servicio de interese privados.
Y en un cuarto plano,
perseguir puntualmente, esas sí como abusos de poder y delitos, y como
lo sugiere el senador Monreal, las otras expresiones de corrupción, pero
individuales. Desde luego, los abusos de poder, como el nepotismo que
ya ha sido exhibido por investigaciones periodísticas, como el que,
hasta ahora, a 500 ministros, magistrados y jueces se les han encontrado
familiares y allegados cobrando en la nómina del Poder Judicial, en
muchas ocasiones como aviadores. Lo mismo ha de hacerse en los organismos autónomos y todos los sectores donde sea necesario aplicar auditorías de personal.
Eduardo Nava Hernández. Politólogo – UMSNH
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