Autor:
Érika Ramírez @erika_contra
Diariamente, en el país se registran cuatro desapariciones y tres asesinatos de menores de edad, desde que fue declarada la “guerra” contra el narcotráfico. En 9 años se cometieron más de 11 mil homicidios contra la población infantil y adolescente. Rebasado e ineficiente, el sistema de protección gubernamental
La imagen de Nadia, una pequeña de 6
años, circula en el portal de la Alerta Amber. Suma 13 días en calidad
de desaparecida. Estaba acompañada de su hermana María, apenas 4 años
mayor que ella, de quien tampoco se tiene rastro. Ambas niñas dejaron de
ser vistas desde el 30 de enero pasado. Se “considera que la integridad
de la menor se encuentra en riesgo toda vez que puede ser víctima de la
comisión de un delito”, advierte el boletín de búsqueda AAMX952.
La violencia en México ha provocado que
diariamente desaparezcan cuatro niños y/o adolescentes mexicanos;
mientras, otros tres son asesinados, documenta la Red por los Derechos
de la Infancia en México (Redim). Es el México en el que el Estado ha
abandonado a la infancia y adolescencia, pese a los compromisos
internacionales asumidos y los pactos institucionales plasmados en la
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, dicen
defensores de la infancia.
El año que recién concluyó, “México se enfrentó a la emergencia nacional”, indica la Redim, en su Balance Anual 2017, silencios, vacíos y retrocesos en los derechos de la infancia en México. Y
es que de acuerdo con su análisis y documentación, 2017 fue el de
“mayor vulnerabilidad” para los niños y adolescentes, en tanto que el
Estado no dio avances significativos para erradicar la violencia en su
contra.
“La epidemia de niñez desaparecida, el
crimen organizado y el escaso cumplimiento de la Ley General de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se traducen en cifras
desalentadoras que se transforman en retos a superar para el siguiente
gobierno”, menciona el documento.
“Tenemos una realidad muy compleja, somos un país muy grande con muchos Méxicos
en perspectiva de la desigualdad y con un gran rezago institucional en
el marco de la protección de derechos de niños y niñas”, dice en
entrevista Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Redim.
Esta violencia se desató a partir de la
llamada guerra contra el narcotráfico, desatada por el presidente
panista Felipe Calderón. Las cifras de la Redim exponen que de 2007 a
2016, los homicidios contra la población infantil y adolescente suman 11
mil 749 casos. Tan sólo en 2016, 1 mil 126 niños y adolescentes fueron
víctimas de homicidio, a nivel nacional. Los principales estados donde
mayor violencia se registra son: Estado de México, Guerrero y Chihuahua,
documentó la organización con base en las Estadísticas de mortalidad, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Un ejemplo de la violencia en contra de
los niños se muestra con el caso de Lupita, a quien en redes sociales se
le conoció como “la niña de las calcetitas rojas”. Las investigaciones
de la periodista Frida Guerrea, quien se ha encargado de documentar el
mapa de feminicidios en el país, reveló que la pequeña, de 5 años de
edad, había sido asesinada por su padrastro, con la complicidad de su
madre.
Lupita nació el 16 de enero de 2013 en
Nezahualcóyotl, Estado de México. Era la cuarta hija de “Monse”…
“proveniente de una madre con problemas de drogadicción en un mundo
donde la pobreza y la dejadez institucional se palpan a diario sin
buscar realmente la manera de atender tan grave problema”, describe la
periodista en su blog.
Luis Alberto Muñoz, de la Oficina de
Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODDI), agrega que en México
se está pasando una situación grave de vulneración a derechos humanos en
general, “tendríamos que partir de ese escenario. Sin embargo, el
Estado tiene una obligación de protección especial para los niños, niñas
y adolescentes, lo que hace que cuando se vulnera esta población sea
todavía más grave. Este tipo de violaciones las vemos en todos los
escenarios: desapariciones; homicidios y migrantes”.
Ley, inhabilitada
El 4 de diciembre de 2014, se echó a
andar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. A
la fecha, representantes de diversas organizaciones critican la falta de
acciones para hacer efectiva la protección a este sector.
A partir de entonces, y con dicha ley,
pareciera que hay un sistema de protección a los derechos de la niñez y
los adolescentes; pero “el contexto indica que este sistema no está
siendo efectivo aún, es muy nuevo, y sin duda está haciendo un trabajo
importante, pero todavía hace falta fuerza y voluntad política
importante para garantizar una protección integral como lo refiere la
ley”, dice Nancy Ramírez Fernández, coordinadora de incidencia política
en Save de Children México.
A través de ésta, se obliga a crear y
regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema
Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes, “a efecto de que el Estado cumpla con su responsabilidad
de garantizar la protección, prevención y restitución integrales de los
derechos de niñas, niños y adolescentes que hayan sido vulnerados”.
El primer derecho que marca la Ley en su
artículo 13 es el del “Derecho a la vida, a la supervivencia y al
desarrollo”; en tanto que en su párrafo VIII se estipula el “Derecho a
una vida libre de violencia y a la integridad personal”. “el contexto
que les estamos dando sin duda, no es un contexto de protección, es un
contexto que responde a la violencia generalizada que se vive en el
país”, dice la integrante de Save de Children.
La misma ley, establece la creación de
una Procuraduría Federal de Protección, que va a estar dentro del
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), y
procuradurías locales de cada estado. El primer problema, dice Muñoz
López, de la ODDI, ha sido que éstas entren en funcionamiento. Se
tardaron un par de años para echarlas a andar. Y las que entraron, “no
sé si es falta de capacitación o recursos pero no están haciendo el
trabajo que deberían de hacer”, comenta.
El artículo 123 de la Ley indica que
para solicitar la protección y restitución integral de los derechos de
niños y adolescentes, las Procuradurías de Protección deberán, entre
otros procedimientos, “Determinar en cada uno de los casos identificados
los derechos que se encuentran restringidos o vulnerados” (párrafo
III). Así como: “Elaborar, bajo el principio del interés superior de la
niñez, un diagnóstico sobre la situación de vulneración y un plan de
restitución de derechos, que incluya las propuestas de medidas para su
protección” (párrafo IV); y “dar seguimiento a cada una de las acciones
del plan de restitución de derechos, hasta cerciorarse de que todos los
derechos de la niña, niño o adolescente se encuentren garantizados”
(párrafo VI).
Mecanismos tardíos
Uno de los casos exhibidos en medios de
comunicación y redes sociales, en fechas recientes, fue la desaparición
del adolescente Marco Antonio Sánchez Flores, quien fue “encontrado” 5
días después de que se había registrado en un video su detención por
parte de policías de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de
México.
La presión social promovió la búsqueda
del estudiante de la Escuela Nacional Preparatoria 8 Miguel E Schulz, de
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), pero la Alerta Amber
se emitió 5 días más tarde de su desaparición.
Simón Hernández León, abogado del
Instituto de Justicia Procesal Penal y quien lleva el caso del joven
practicante de taekwondo, dice en entrevista que el caso de Marco
Antonio ha sido difícil de acompañar porque las autoridades han venido
minimizando el tema, aunque “hay un contexto de desaparición forzada y
criminalización de juventudes que no está siendo considerado”.
Agrega que culpabilizar a las víctimas
se ha vuelto en una política gubernamental. La relevancia en este caso
es que él apareció, dice, aunque sabemos que esto fue gracias a la
presión social. Y esto pudo facilitar que fuera localizado con vida.
El abogado y su equipo, relatan, han
tenido dos fases de tratamiento por parte de la Procuraduría. Mientras
él estuvo desaparecido e, incluso, cuando el caso estaba en la Fiscalía
Antisecuestros, la clasificación legal era de “persona extraviada”,
aunque se sabía de la participación de agentes del Estado.
En el segundo momento, expone, una vez
que ya fue localizado, “la lógica de seguir mediatizando el caso, de
presentar elementos de la investigación de manera sesgada, nos parece
también muy preocupante: se va a ir construyendo una narrativa para
culpabilizar a Marco Antonio, exonerar toda posible participación de
autoridades y relativizar que esto haya sido un caso de desaparición
forzada”.
Todo adolescente víctima de delito tiene
una serie de derechos de protección a la honra, el nombre, a su propia
imagen, “que no están siendo respetadas por la Procuraduría en esta
reiterada mediatización o exposición pública de su imagen e incluso en
contra de una resolución de un juez de amparo”.
“No tuvimos una actividad de la
Procuraduría en Protección de la Infancia, que debería ser algo
relevante a la luz de la promulgación de la Ley General sobre
Desaparición Forzada, que establece obligaciones para distintas
autoridades y una de ellas tiene que ver con la coordinación
institucional, con los mecanismos de búsqueda y localización y con
garantizar que estas denuncias y las subsecuentes búsquedas sean de
manera inmediata sin ningún tipo de obstáculos, como sucedió en el caso
de Marco Antonio”, explica Hernández León.
El abogado recuerda que parte de la
dificultad de la familia radicó en que, incluso, teniendo datos de qué
policías lo habían detenido, la agencia del Ministerio Público les
comentó que tenían que esperar 48 horas para recibir una denuncia, lo
cual supone una violación a la Ley General de Desaparición Forzada e
incluso a las sentencias en las que México ha sido sentenciado en la
Corte Interameriana.
Otro error de la Procuraduría, dice el
abogado, fue señalar que emitir la Alerta Amber podía poner en riesgo a
Marco Antonio, que fue la manifestación que le hicieron a la familia y
por eso no se activó en lo inmediato sino ya que existía presión
inmediata de localización.
“Nos parece que esto también es una de
las deficiencias estructurales que da cuenta del tratamiento inadecuado
en los casos de desaparición forzada, es decir que las autoridades
siguen desconociendo sus obligaciones legales y constitucionales;
segundo, teniendo un trato muy indolente hacia las víctimas e incluso
revictimizante, que generan obstáculos innecesarios y configuran
afectaciones para acceder a la justicia. Entonces, el tema de que no se
haya activado la alerta con la debida diligencia supone que la búsqueda
fue obstaculizada.”
El tema de criminalización es algo más
sistémico en la práctica de las corporaciones policiacas hacia los
jóvenes, acusa. “En los últimos 5 años, justamente, 7 mil menores de 18
años han desaparecido y nos parece que tiene esto tiene un vínculo
directo con la política de seguridad y las consecuencias que ha tenido
la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública,
como la política de combate al narcotráfico, la estrategia desarrollada
por el gobierno federal en los últimos 10 años, vinculada a otros
factores que son parte de la violencia hacia este sector de la
población”.
Inequidad social
Otro de los aspectos que destacan los
especialistas, así como el Balance Anual de la Redim, es la inequidad
social en que se desenvuelve este sector de la población mexicana. Datos
del Consejo Nacional de Población (Conapo) indican que en el país, 20.7
millones de niñas, niños y adolescentes se encontraban en situación de
pobreza, durante 2016. De acuerdo con las estratificaciones de pobreza
que se han evaluado oficialmente, el 51.1 por ciento de la población de
entre 0 y 17 años era pobre; el 42.1 por ciento en pobreza moderada y el
9 por ciento en pobreza extrema.
Las cifras de Conapo indican que entre
2014 y 2016, a nivel nacional se observa una disminución de 2.8 puntos
porcentuales de la población infantil y adolescente en condición de
pobreza. Sin embargo, el porcentaje de población de 0 a 17 años en
condición de pobreza extrema o moderada se incrementó en seis entidades
(Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Campeche y Ciudad de México) en el
mismo lapso de tiempo.
Contralínea solicitó entrevista
con Enrique Guerra García, titular de la Procuraduría Federal de
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, a través de la Unidad de
Comunicación Social del DIF. Hasta el cierre de edición no se obtuvo
respuesta.
Érika Ramírez
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