La Jornada
Durante un acto al
que asistieron el presidente Andrés Manuel López Obrador, la secretaria
del Trabajo, Luisa María Alcalde, así como representantes de los
principales organismos empresariales y sindicales, ayer se dio a conocer
que a partir del primero de enero de 2019 el salario mínimo general
tendrá un incremento de 16 por ciento nominal, al pasar de 88.3 a 102.68
pesos diarios, mientras en la zona fronteriza se establecerá una medida
especial que elevará la remuneración mínima en ciento por ciento, con
lo que alcanzará 176.72 pesos por día.
Se trata de un hecho histórico por varias razones. Primera, porque se
pone fin a la deplorable política de fijar los ingresos de los
trabajadores, no sólo por debajo de lo que mandata la Constitución –de
acuerdo con la cual éstos deben satisfacer las
necesidades normales de un jefe de familiay para proveer la educación de los hijos– sino incluso por debajo del nivel mínimo de bienestar definido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
Segunda, porque a contracorriente de lo ocurrido hasta ahora, un alza
de esta magnitud se produce en un entorno inflacionario controlado, lo
cual significa que no se establece como paliativo, sino como auténtica
recuperación del poder adquisitivo. Y, en tercer lugar, como remarcaron
los titulares del Ejecutivo y de la cartera del Trabajo y Previsión
Social, el aumento que entrará en vigor el año próximo es sólo una
primera medida dentro de un plan mayor para impulsar el bienestar y el
poder adquisitivo de las clases trabajadoras.
Asimismo, resulta digno de encomio que una decisión de tan obvio
beneficio para el país haya sido tomada de común acuerdo entre la
administración federal y las cúpulas de la iniciativa privada, entre las
que destaca el apoyo expresado por el Consejo Coordinador Empresarial y
la Confederación Patronal de la República Mexicana, instancias que en
semanas recientes han tenido desavenencias y jaloneos con el Presidente y
su entorno.
Sin duda, tal voluntad para avanzar en la materia responde en parte a
la urgencia que los propios empresarios perciben en la reactivación del
mercado interno, estancado desde hace décadas por una política ruinosa
de contención salarial que apostó por el mercado mundial en detrimento
de los trabajadores, pero también de pequeñas y medianas empresas. En
este sentido, no puede pasarse por alto que 57 por ciento de la
población empleada ejerce dentro del sector informal, y esa situación se
explica en buena medida por la falta de incentivos a la formalización
representada por los raquíticos salarios vigentes.
En suma, es digno de elogio que se haya dado una actuación armónica
en este asunto clave para el bienestar de las mayorías y para la
estabilidad del país. Cabe esperar que esta voluntad de entendimiento
por parte de las cúpulas empresariales se haga extensiva a los puntos
del programa gubernamental a los que hasta ahora se ha resistido.
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