Ante disminución de recursos debe garantizar vida de gestantes
En
México cada año mueren 857 mujeres por causas prevenibles durante el
embarazo , parto o posparto, de acuerdo con el Observatorio de
Mortalidad Materna en México (OMM). Pero en este sexenio de recortes al
presupuesto y a la salud, no se ven claridades sobre cómo se cumplirán
los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) a cumplirse en 2030.
Este 28 de mayo, se conmemora el Día Internacional de Acción por la
Salud de las mujeres, el cual se instauró desde 1987 en Latinoamérica y
el Caribe por los grupos feministas para exigir a los gobiernos
políticas públicas que vigilen la salud sexual y reproductiva de las
mujeres y garantizar su acceso a la salud.
Durante el sexenio del priista Enrique Peña Nieto (de 2012 a 2017) la
Razón de Mortalidad Materna (RMM) se redujo de 42.3 a 36.8 defunciones
por cada 100 mil nacidos vivos, pero las principales causas de muerte
materna siguen siendo complicaciones que de haber sido atendidas a
tiempo, habrían salvado la vida de las mujeres.
De acuerdo con el “Ranking Nacional de Salud Materna” del MELISA
Institute, 93 por ciento de las muertes maternas se producen por
hemorragias, preeclampsia, eclampsia, sepsis puerperal, hipertensión y
aborto.
Al hablar de estas complicaciones prevenibles o tratables, el sistema
de salud mexicano no ha hecho lo propio para atenderlas, aún cuando en
la Ley General de Salud se establecen acciones encaminadas a identificar
y erradicar los factores de riesgo para la salud de las mujeres
embarazadas.
Tal es el caso de una joven que falleció en 2017 en el Hospital
Central Universitario de Chihuahua, tras la preeclampsia que presentó
desde antes del parto y la negligencia médica de la que fue víctima.
Con un embarazo de 36 semanas la joven acudió con su madre y su
esposo al Hospital Central, el pasado 17 de marzo, debido a que tenía
presión arterial alta. Esto provoco que le realizaran una cesárea de
forma inmediata; sin embargo, el personal médico continuaba sin poder
estabilizarla.
Ya no podía moverse ni abrir los ojos, presentaba hinchazón abdominal
y una presión arterial cada vez más alta. Su condición empeoró y al
solicitar ayuda para atenderla ésta le fue negada a su familia ya que el
personal “responsable” estaba adscrito a otras áreas del hospital.
Finalmente, el 20 de marzo fue atendida y se le suministraron
sedantes, pero debido a la gravedad de su situación se le recomendó a su
familia trasladarla a la Unidad de Cuidados Intensivos para colocarle
un catéter. Al llevarla a rayos X para revisar si éste había sido
colocado de manera correcta, la joven presentó un paro
cardiorrespiratorio que la llevó a la muerte.
SISTEMA DE SALUD FRACTURADO
De acuerdo con el Grupo de Información en Reproducción Elegida
(GIRE), la mayoría de las muertes maternas prevenibles están
relacionadas con fallas estructurales e institucionales del sistema de
salud.
Uno de estos problemas viene de la falta de cobertura médica, ejemplo
de ello es el Seguro Popular. Pese a que durante el sexenio de Enrique
Peña Nieto se buscó incrementar a ocho millones de beneficiaros la
cobertura de este programa, no se logró un acceso efectivo.
En entrevista con Cimacnoticias, la secretaria técnica del OMM, Hilda
Argüello Avendaño detalló que tan sólo en 2010, 39.2 por ciento de las
muertes maternas del país fueron mujeres afiliadas al Seguro Popular y
para 2017 la cifra de muertes se incrementó a 66.1 por ciento. “Lo que
indica que ocho de cada 10 mujeres que murieron por causas relacionadas
al embarazo contaban con Seguro Popular y esto no hizo diferencia en que
ellas sobrevivieran”.
También durante ese sexenio se firmó el “Convenio General de
Colaboración Interinstitucional para la Atención de la Emergencia
Obstétrica, un camino hacia la universalización de los servicios de
salud”, que establece que cualquier unidad médica del Sector Salud debe
brindar atención a toda mujer “en edad gestacional que presente una
emergencia obstétrica sin que lo impidan las condiciones de
derechohabiencia o afiliación a cualquier esquema de aseguramiento, y
sin que ello signifique o esté condicionado por un desembolso monetario
de parte de la paciente”, se lee en sus lineamientos.
“La idea era buena, pero sólo opera en algunas unidades del segundo
nivel (hospitales) a pesar de que en 2015 se incluyó en la Ley General
de Salud y todas las unidades debían atender violencias obstétricas. Con
este convenio se benefician mil mujeres al año; sin embargo, se
presentan más de 400 mil emergencias obstétricas”, explicó Hilda
Argüello.
En este programa no se incluye el primer nivel (UMF o Centros de
Salud), por lo que si hay una emergencia, el personal de salud espera a
que esta sea más grave para llevarla a segundo nivel y por fin sea
atendida.
“Cuando las mujeres llegan a una unidad médica de segundo nivel, ya
llegan en condiciones complicadas y su oportunidad de sobrevivir
disminuye. Muchas de ellas están falleciendo en unidades médicas del
sector público porque llegan en condiciones que debieron haberse evitado
si el primer nivel de atención hubiera entrado en acción”, detalló
Argüello.
LOS TEMAS PENDIENTES
Para la investigadora jurídica en GIRE, Karen Luna Bueno, una de las
principales problemáticas que deben ser atendidas es la homogeneización
en los protocolos de atención que existen en las diferentes
instituciones del país, ya que cada médico atiende de acuerdo a lo que
aprendió en la Universidad o de acuerdo a las prácticas arraigadas en
sus hospitales.
Por ejemplo: “a las mujeres no se les permite caminar cuando están en
labor de parto, pese a que está comprobado que esto es positivo. No
cortan el cordón umbilical hasta que deja de latir. Tampoco aplican
oxitocina durante el tercer periodo del trabajo de parto, que es cuando
está recomendado porque disminuye el riesgo de hemorragias. No lo hacen,
aun cuando son prácticas que podrían salvar vidas”, explicó Hilda
Argüello.
Por eso, coincidieron ambas especialistas, es importante que en este
sexenio se haga énfasis en la creación de protocolos con perspectiva de
género y que se apliquen las legislaciones ya existentes.
“Es muy frecuente que el personal médico no acate la Norma Oficial
Mexicana NOM-007-SSA2-1993, que refiere a la atención de la mujer
durante el embarazo, parto y puerperio y del recién nacido. Tampoco la
Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012, referente al expediente
clínico, ya que observamos falta de coherencia entre las notas de los
enfermeros y los médicos”, detalló Karen Luna. De ahí la importancia de
aplicar la legislación ya existente.
Por otro lado, es necesaria la disponibilidad de insumos,
infraestructura y bancos de sangre. Como prioridad, “se debe poner
atención en presupuestos, pero también garantizar el acceso universal a
atención médica, sobre todo en el momento del parto”, concluyó Hilda
Argüello.
CIMACFoto: Yunuhen Rangel Medina
Por: Berenice Chavarría Tenorio
Cimacnoticias | Ciudad de México.-
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