Guatemala, Ecuador y Nicaragua responderán ante el Comité de Derechos Humanos por una legislación que penaliza a las víctimas
Madrid, 30 may. 19. AmecoPress.- Una niña de 13
años violada por un sacerdote en Nicaragua. Una menor abusada
sexualmente por su abuelo en la zona caribeña del mismo país
centroamericano. En Guatemala, una víctima de 12 años violada por un
funcionario gubernamental responsable de un programa de apoyo a la
niñez. Y en Ecuador, otra niña de 12 con la vida rota por el incesto.
Todas ellas fueron madres demasiado pronto sin que se les dieran
opciones para abortar. La impunidad también sella años de dolor, Informa
Resumen Latinoamericano.
Estos cuatro casos se presentaron esta semana en el Comité de
Derechos Humanos de Naciones Unidas, en un litigio único que ilustra uno
de los más dolorosos estigmas de América Latina, la única región del
mundo donde aumenta la violencia sexual contra las niñas.
La demanda en contra de los Estados en los que se registraron las
violaciones —Guatemala, Ecuador y Nicaragua— la llevan Ginebra Planned
Parenthood Global, una organización por los derechos sexuales y
reproductivos de las mujeres, otras seis asociaciones de la región y el
Centro de Derechos Reproductivos estadounidense. La acción pretende
impulsar una reforma legal. Los derechos que el comité de la ONU declare
violados crearán estándares para todos los Estados que han ratificado
el pacto de derechos civiles y políticos. Se prevé que se soliciten
medidas generales para cambiar la situación legal en el territorio.
“Esto se puede traducir en una despenalización del aborto en Nicaragua o
protocolos de implementación en Guatemala”, señala Catalina Martínez,
directora regional para América Latina y el Caribe del Centro de
Derechos Reproductivos.
“Los Estados tendrán que cumplir los estándares que dicte el comité”, explica también Ximena Casas, de Planed Parenthood Global.
Los funcionarios de Naciones Unidas escucharán a las víctimas de
Ecuador y Guatemala. La ecuatoriana Norma (nombre ficticio) fue violada a
los 12 años por su padre. Sus hermanas y primas también fueron
violentadas por su padre, padrastros y tíos. Hoy cuida de su hijo en una
casa de acogida donde recibe atención psicológica. En Ecuador, siete
niñas menores de 14 años resultan embarazadas al día por la violencia
sexual.
Fátima, originaria de Guatemala, tiene 21 años. Hace nueve fue
violada por un hombre cercano a su familia que era empleado de la
Secretaría de Bienestar Social. Ocurrió en una guardería gubernamental
donde la ingresó su madre al morir el padre. Allí estuvo con su hermana y
ambas fueron víctimas de aquel hombre. Casi una década después, el
violador y padre del hijo de Fátima no ha sido llevado a la justicia.
“Si el Estado no lo detiene es porque no quiere”, asegura Paula Barrios,
de Mujeres Transformando el Mundo, una de las organizaciones que va a
Ginebra.
América Latina tiene la segunda tasa más alta de embarazos
adolescentes tras África. Pero es la única región donde aumenta la
violencia sexual contra ellas. Faltan medidas en materia de derechos
sexuales y reproductivos y está prohibido al acceso a la pastilla del
día después.
Planned Parenthood calcula que en la zona se supera el millón de
niñas que sufren violencia sexual cada año. La organización documentó en
2015 más de 214 casos en los que detallaron el impacto mental y social
entre las víctimas, ahogadas por la depresión, la angustia y los
pensamientos suicidas. El suicidio es la segunda causa de muerte entre
los adolescentes. En Guatemala, por ejemplo, el embarazo adolescente es
la primera causa de abandono escolar.
Las activistas de la organización han encontrado un patrón en el que
se desenvuelven estos comportamientos criminales. “En estos países, el
Estado falla dos veces. No protege a las niñas de la violencia sexual y
les impone un embarazo producto de un delito en donde ellas no pueden
tomar sus decisiones”.
Hay 26 países en el mundo que son muy restrictivos con el aborto (lo
penalizan o solo lo permiten para salvar la vida de la madre). Entre los
que lo castigan totalmente, seis están en América: Nicaragua, Honduras,
El Salvador, Surinam, Haití y República Dominicana. En Nicaragua, ocho
de cada diez víctimas de violación tienen menos de 13 años, según
Planned Parenthood.
La decisión de presentar los casos ante la ONU pretende impulsar
cinco estándares: primero, obligar a una niña violada a continuar el
embarazo es cruel, inhumano y degradante. El segundo llama a respetar la
autonomía y capacidad de juicio de las niñas. El tercero pide tratar
este asunto como discriminación de género, pues muchas de las niñas y
mujeres no tienen acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva.
El cuarto es el derecho a la integridad personal: que las menores que
quieran abortar no sean tratadas como criminales, el aborto debe ser
materia de servicios de salud y no del código penal. El quinto, y
último, es el derecho a la vida: las menores de 14 años tienen cuatro
veces más riesgo de morir en el parto.
El caso buscará reparaciones, pero, para Ximena Casas, “es una
oportunidad única para garantizar que las vulneraciones no vuelvan a
ocurrir”, añade.
Foto: Archivo AmecoPress.
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