La
Ley Maria da Penha, que norma desde 2006 los delitos de violencia
contra las mujeres, fue un hito en Brasil en la lucha contra violencia
machista dentro y fuera del hogar, el acoso sexual y otros delitos de
los que son víctimas las mujeres. Esa ley fue completada por la del
Feminicidio, que desde 2015 agrava las penas a los asesinatos por razón
de género, al tipificarlos como un “crimen horrendo”. Crédito: Paulo
Pinto/PT
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El primer día de 2019, mientras Jair Bolsonaro asumía la presidencia en
Brasil, el año se estrenaba con siete feminicidios y tres intentos
frustrados. Unos cuchillos fueron el arma usada en ocho de los casos,
con tres sobrevivientes. En otros dos, las mujeres fueron golpeadas
hasta la muerte.
Excompañeros que no aceptaban el fin del matrimonio o del noviazgo constituyen la mayoría de los asesinos, en los registros diarios de Jefferson Nascimento, abogado y activista de los Derechos Humanos en São Paulo.
Hasta el 28 de abril, hubo este año un total de 620 intentos de
feminicidio, la mayoría consumados, según su monitoreo a partir del
noticieros televisivos, informaciones de la prensa y otras fuentes.
“Es
dramático, se retrocede a la ‘legítima defensa del honor’, que en el
pasado fue el argumento para absolver a hombres que asesinaban a
mujeres”: Joluzia Batista.
Ese total podría elevarse, porque seguramente hay casos que no
trascienden públicamente. Por otro lado no todos los casos con víctimas
femeninas son feminicidios o femicidios, que tipifican a los asesinatos
de mujeres por su condición de género.
En 2018, por ejemplo, hubo 4.254 homicidios intencionales de mujeres,
de los cuales solo 1.173 se tipificaron como feminicidios, según el
Monitor de la Violencia del Foro Brasileño de Seguridad Pública (FBSP), que realiza en asociación con el Núcleo de Estudios de Violencia de la Universidad de São Paulo y el portal digital G1, del grupo Globo de comunicación.
Los datos indican que los asesinatos de mujeres cayeron 6,7 por
ciento en comparación con el año anterior, algo menos de la reducción de
10,3 por ciento en los homicidios en general (de 63.722 en 2017 para
57.117 en 2018).
Pero, en contraste, los casos de feminicidio aumentaron 12 por ciento.
Esa tendencia se acentuó en este año, a juzgar por los datos del
estado de São Paulo, que concentra 21 por ciento de los 209 millones de
brasileños, donde los feminicidios subieron de 21 a 37 víctimas, entre
el primer trimestre de 2017 y mismo período de este año.
“El principal factor es que las mujeres ya no aceptamos los papeles
sociales que nos impone la sociedad patriarcal y machista. Algunos
hombres reaccionan con violencia”, señaló a IPS la abogada Silvia
Pimentel, profesora de Derecho en la Universidad Católica de São Paulo e
integrante del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas (Cedaw).
Su temor es que la proliferación de armas, fomentada por el decreto
que firmó Bolsonaro el 7 de mayo, convierta en fatal gran parte de la
violencia machista que sufren las mujeres en Brasil.
En el estado de São Paulo, por ejemplo, en lo que va de año
ocurrieron en promedio 88 agresiones diarias con lesiones corporales en
mujeres. “Con más armas en circulación, más mujeres morirán, pues no hay
como defenderse de tiros”, lamentó Pimentel.
Flavio
Bolsonaro (D), senador e hijo del presidente Jair Bolsonaro, con el
expolicía militar Fabricio Queiroz, su asesor cuando era diputado del
estado de Río de Janeiro, hasta 2018, investigado por el manejo
irregular de los salarios de miembros del equipo del senador y con
relaciones con los grupos parapoliciales ilegales que dominan varios
barrios cariocas. La afición del presidente y sus hijos por las armas de
fuego los llevaría a otros lazos con esas milicias. Crédito: PT
La medida del presidente de extrema derecha amplía el derecho de portar armas de fuego a 19 millones de personas, estimó el Instituto Sou da Paz (soy de paz).
Podrán andar armados los adultos en el medio rural, camioneros,
abogados, comerciantes, coleccionadores de armas, agentes públicos de
varios sectores e incluso periodistas que cubren actividades policiales.
El derecho a poseer armas en la residencia o local de trabajo ya se
había extendido a gran parte de la población, por otro decreto emitido
en enero, pero sin facilitar el porte, que gana ahora una amplitud
inesperada.
Según muchos juristas y políticos, la pretendida ampliación del porte
es inconstitucional y viola el Estatuto del Desarme, una ley vigente en
Brasil desde 2003 y que restringe la posesión y el porte de armas.
Gobernadores de 14 estados brasileños, de un total de 27, divulgaron
un manifiesto conjunto pidiendo a los poderes Ejecutivo, Legislativo y
Judicial la revocación del “decreto de las armas”.
Argumentan que la norma incrementará la cantidad de armas y
municiones que caerán en manos criminales y convertirá en tragedias las
peleas y discusiones entre ciudadanos.
Además el Ministerio Público Federal
(fiscalía general) pidió la suspensión judicial de la medida y por lo
menos dos partidos de oposición cuestionaron su constitucionalidad ante
el Supremo Tribunal Federal.
Bolsonaro se vio forzado a admitir la revisión de algunos puntos ante la repercusión negativa en distintos sectores.
La Organización de la Aviación Civil Internacional podrá bajar la
nota de seguridad de Brasil, ante la posibilidad de que personas armadas
sean autorizadas a embarcar en los aviones. En consecuencia compañías
aéreas extranjeras podrían suspender sus vuelos a Brasil.
Además las nuevas reglas permiten a civiles la posesión incluso de
fusiles semiautomáticos, hasta ahora restringidos al uso militar y
policial, constataron especialistas al ahondar en detalles del decreto.
El gobierno niega esa intención en la medida.
“Aun si se revoca el decreto, el mal está hecho”, se ha producido un
estímulo a la violencia que se vuelve contra la mujer, evaluó a IPS la
socióloga Joluzia Batista, asesora técnica del Centro Feminista de Estudios y Asesoría (CFemea).
El incremento de la violencia de género en el ámbito público se
alimentó desde 2013 con posiciones como la del pastor evangélico Marco
Feliciano, quien presidió la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados,
“impulsando la intolerancia religiosa y ataques machistas a la libertad
de las mujeres, con un discurso moral conservador”, recordó.
Luego la misoginia ganó nuevas fuerzas en 2015 con la Cámara
presidida por otro diputado conservador conectado y parte de la llamada
“bancada evangélica”, Eduardo Cunha, quien promovió iniciativas en
desmedro de las mujeres hasta ser destituido y preso en 2016 por
corrupción.
Con el triunfo electoral de Bolsonaro en octubre de 2018, con
propuestas de extrema derecha, “armamentistas”, moralistas en defensa de
la familia tradicional y contra la educación sexual escuelas, se
consolidó “el inmenso retroceso, sofocando el debate educativo”, subrayó
Batista.
Se difundió como positivo un imaginario colectivo de violencias, de
“afirmación machista, con el feminicidio como prerrogativa del poder
masculino”, acotó.
Para agravar todo eso, el ministro de Justicia,
Sergio Moro, famoso como el juez de la gran operación de anticorrupción
Lava Jato (autolavado de vehículos), presentó al parlamento un paquete
de modificaciones legales que busca fortalecer el combate a la
criminalidad, endureciendo las penas y ampliando la protección legal a
la policía en sus actividades.
Una de las medidas, que aplica para cualquier ciudadano, amplía el
concepto de legítima defensa, reduciendo el castigo o incluso
descartándolo a quienes maten a causa de “miedo, sorpresa o violenta
emoción”.
Parece destinado a la impunidad de los feminicidios, ya que “violenta emoción” es una alegación usual en esos casos.
“Es dramático, se retrocede a la ‘legítima defensa del honor’, que en
el pasado fue el argumento para absolver a hombres que asesinaban a
mujeres”, un atenuante que costó muchos años de lucha feminista
eliminar, destacó Batista.
En Brasil los varones representan más de 90 por ciento de las
víctimas de homicidios. Pero aun así, entre 1980 y 2013 fueron
asesinadas 106.093 mujeres, según datos del Sistema de Información de Mortalidad del Ministerio de Salud.
Y son cifras que están en aumento. La cantidad anual se elevó de
1.353 en 1980 a 4.762 en 2013 y el índice pasó de 2,3 víctimas por cada
100.000 mujeres a 4,8, más del doble.
Edición: Estrella Gutiérrez
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