Se trata de un caso heredado de los gobiernos de Vicente Fox
y Felipe Calderón, y tiene que ver con la persecución de los delitos y
la administración y aplicación de la justicia en México.
El Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria, de la Comisión de
Derechos Humanos de la ONU, está en espera de la resolución que en los
próximos días tome la Quinta Sala del TSJCDMX sobre el encarcelamiento
del empresario George Khoury Layon. Los gobiernos panistas fracasaron en
tres ocasiones en su intención de procesarlo por delincuencia
organizada.
Absuelto en esos tres intentos, que lo mantuvieron en prisión durante
casi cuatro años de la década pasada, fue acusado entonces del
homicidio de un empresario y detenido al día siguiente de su tercera
exculpación.
La nueva acusación, pese a ser del fuero común, lo tiene preso desde
2009. Actualmente está recluido en el penal de alta seguridad del
Altiplano, en el Estado de México.
En abril de 2018, la ONU pidió al gobierno de Enrique Peña responder
por lo que tipificó como una detención arbitraria, luego de evaluar los
argumentos jurídicos del acusado y del Estado mexicano.
En su opinión, el Grupo de Trabajo se pronunció por la liberación de
Khoury Layon, debido a que, además de haber sido acusado del mismo
delito en distintas ocasiones, fue sometido a tortura durante su segunda
detención.
En el gobierno de Calderón, sus aprehensiones estuvieron a cargo de
la Policía Federal, que dependía entonces del secretario de Seguridad
Pública, Genaro García Luna. Durante el gobierno de Fox, García Luna fue
director de la entonces Agencia Federal de Investigaciones (AFI),
responsable de las detenciones en la Procuraduría General de la
República (PGR), ahora Fiscalía General de la República (FGR).
En el caso del homicidio, fue detenido por la Procuraduría local
cuando el entonces jefe de gobierno de la capital era Marcelo Ebrard,
ahora titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
Otra de las violaciones que encontró el Grupo de Trabajo de
la Comisión de Derechos Humanos de la ONU fue la tortura de otra persona
para implicar a Khoury en un caso de relevancia: la desaparición de
Hugo Alberto Wallace. Esa tortura fue corroborada bajo el Protocolo de
Estambul.
Peña Nieto se fue sin responderle a la ONU y ahora la carga es para
el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Como interlocutora de la
ONU, la SRE trasladó las observaciones a la Comisión Ejecutiva de
Atención a Víctimas, la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría
General de Justicia de la Ciudad de México, el Tribunal Superior de
Justicia de la capital, la FGR y el Consejo de la Judicatura Federal.
Cada una de ellas tendrá que pronunciarse. El TSJCDMX está por emitir
su fallo a través del magistrado Salvador Ávalos Sandoval, titular de
la Quinta Sala. Pero Naciones Unidas no sólo pide la liberación del
acusado, sino indemnizarlo y otras formas de reparación del daño.
También exige que se investigue y procese penalmente a los
responsables de la tortura, así como una investigación independiente de
los implicados en la detención arbitraria. De lo que haga, el gobierno
de López Obrador tendrá que informarle a la ONU, aunque ésta ha hecho su
propio seguimiento del caso.
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