Bernardo Bátiz V.
Hay deudas justas, legítimas,
esas hay que pagarlas; hay también deudas inicuas, ilegales, esas hay
que anularlas, declararlas inexistentes. Desde 1986, se creó un fondo
para apoyar a los clientes de los bancos en el caso de la bancarrota de
alguno de ellos, la medida se tomó cuando las instituciones de crédito
habían sido expropiadas por el capricho megalómano de López Portillo y
había que cuidar que ninguno, por malos manejos o estrategias
inadecuadas, perdiera liquidez e incumpliera sus compromisos con
ahorradores y depositantes.
Anteriormente, cuando la banca era privada y estaba en manos de
banqueros profesionales, esa función preventiva se ejercía por el Banco
de México a través del
encaje legal, que era un fondo al que aportaban los bancos, una especie de mutualidad, un fondo para usarlo si alguno tenía dificultades para cubrir, cuando sus ahorradores solicitaban devolución de sus depósitos. En 1995, se estableció una prohibición expresa para que el Estado aportara a ese fondo, así se fraseó:
En ningún caso el patrimonio del fideicomiso podrá incrementarse con aportaciones del gobierno federal; se protegía con eso el dinero público.
Se logró entonces asegurar los intereses de los usuarios, sin
comprometer los del erario; entonces los bancos funcionaban vigilados y
supervisados por la Dirección de Banca y Crédito de la Secretaría de
Hacienda, por la Comisión Nacional Bancaria y por el Banco de México; se
prevenían los riesgos y se evitan los abusos; los bancos no eran unas
hermanas de la caridad, como no lo han sido nunca, pero los dueños antiguos cuidaban su prestigio por convicción propia y también por la eficacia de los múltiples controles de las autoridades.
Abrieron la puerta al desorden y a los riesgos, dos presidentes
priístas, el que por capricho y sin consultar con nadie, para lograr lo
que creía podría ser su pase glorioso a la historia, expropió
atropelladamente la banca privada y el otro, el que en forma no menos
atropellada, sin medidas precautorias, sin restructurar los sistemas de
control, de un plumazo, devolvió la banca a los particulares, no a los
antiguos dueños, sino a sus amigos, a los
bolserosy a especuladores y aventureros.
Los nuevos banqueros no supieron o no pudieron con el manejo de sus
carteras; la crisis económica hizo que las deudas de los clientes de los
bancos crecieran exponencialmente y se hicieran impagables. Fue
entonces que, en lugar de asumir sus responsabilidades, liquidar sus
activos, cargar las pérdidas a sus accionistas, sacar sus ganancias
anteriores, pidieron auxilio a sus amigos en el gobierno y con la
mayoría de diputados de PRI y PAN lograron que el Fondo Bancario de
Protección al Ahorro, que no alcanzaba para cubrir utilidades a los
accionistas y devolver ahorros y depósitos, se convirtiera en el IPAB;
esto sucedió al aprobarse, a fines de 1998, la Ley de Protección al
Ahorro Bancario.
La objetó la bancada del PRD y otros partidos menores, fue denunciada
públicamente como un atraco, pero resultó aprobada por los legisladores
del binomio PRI-PAN; la ley creó entonces al Instituto de Protección al
Ahorro Bancario y en ella se dispuso que tal instituto, con aval del
Ejecutivo, asumiera la totalidad de la cartera vencida que los bancos no
podían cobrar, sin distinguir entre créditos legítimos o ilegítimos,
garantizados o no, auténticos o falsos.
Con esa maniobra, el Estado, el erario, se convirtió en deudor de los
bancos. Se adquirió deuda pública sin obtener nada a cambio, en franca
contravención del artículo 73, fracción 8, de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, que establece con toda nitidez, que
prohíbe contraer deuda nacional si no es destinada a los fines
específicos asentados en dicho precepto y en especial si no es para
inversiones productivas.
La deuda contraída fue gigantesca, se volvió impagable; se dice que
asciende ahora a 2 billones de pesos, que se han pagado ya de intereses
700 mil millones y se calcula que en 2070, quizá, si sobrevivimos al
coronavirus, se estaría pagando lo comprometido y sus escandalosos
intereses.
La deuda se contrajo contra disposición expresa de la Constitución.
Es, por tanto, nula de pleno derecho; con lo cubierto hasta hoy, se ha
pagado quizá más del equivalente al capital inicial; lo lógico, parece
ser, que en una contingencia de salud pública y de crisis económica, nos
veamos forzados a buscar soluciones extremas.
Me pregunto, ¿no es hora ya de parar la sangría? ¿De detener el
saqueo? La nulidad absoluta por contravención a disposición expresa de
la Constitución debe analizarse; puede reclamarse en cualquier tiempo;
puede renegociarse con equidad; el país necesita echar mano de todos sus
recursos. Ahora puede ser cuando.
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