Ciudad de México. Los Derechos Humanos (DH) deben
estar presentes en todas las políticas que se implementen a nivel
federal o local por la contingencia provocada por el COVID-19; esto
quiere decir, entre otras cosas, garantizar la salud universal, mitigar
los impactos negativos sobre los derechos sociales y proteger a grupos
poblacionales históricamente excluidos o que están protegidos, como
trabajadoras del hogar y defensoras.
Así lo ordenó la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y
Migración, dependiente de la Secretaría de Gobernación, en la “Guía en
Derechos Humanos para las medidas COVID-19”, publicada este 13 de abril y
que obliga a las autoridades de todos los niveles de gobierno a
garantizar las condiciones para que las medidas de distanciamiento
social puedan llevarse a cabo.
Por medio de este documento, la Subsecretaría de DH —encabezada por
Alejandro Encinas Nájera— ordenó garantizar el acceso universal a la
salud pública sin importar si las personas tienen seguro médico o
recursos económicos y pidió proteger los derechos al salario, la
estabilidad y la permanencia en el empleo, a la alimentación, y espacios
dignos para personas en situación de calle. Asimismo, la guía señala la
obligación de las autoridades de garantizar la distribución de agua en
los lugares con mayor carencia; y fomentar estrategias para la cultura y
la educación.
En otra estrategia, la Subsecretaría indicó que las acciones públicas
deben atender los impactos diferenciados de la pandemia en personas con
factores de riesgo (como mujeres embarazadas), personas excluidas e
históricamente discriminadas (como trabajadoras del hogar o pueblos
indígenas), y poblaciones protegidas (como refugiadas, solicitantes de
asilo, migrantes, víctimas y defensoras).
La guía también dicta a los gobiernos a tomar acciones para proteger
de la discriminación y la violencia a personas con COVID-19, personal
médico y de enfermería, personas con rasgos estereotípicamente asiáticos
y personas de la diversidad sexual.
Asimismo, se deben implementar medidas para proteger a niñas, niños y
mujeres frente al potencial riesgo de ser víctimas de violencia durante
el confinamiento, y mantener en funcionamiento los refugios y Centros
de Justicia para las Mujeres.
La Subsecretaría recordó que, a fin de evitar violaciones a los DH,
las medidas que emitan las autoridades durante la contingencia deben
tener un fin legítimo y constitucional válido (como la salud pública),
deben ser idóneas, necesarias, con temporalidad limitada, estar sujetas a
vigilancia y de competencia de la autoridad que las emita. Si bien es
posible que con estas medidas se restrinja algún derecho, dice el
documento, se tiene que ponderar si el beneficio es mayor a la
afectación que ocasiona.
Esta guía vino después de que organizaciones de la sociedad civil
denunciaran públicamente que la contingencia sanitaria por la pandemia
en México significaría mayor vulnerabilidad en materia de violencia,
economía y contagio, para distintos grupos poblacionales, muchos
confirmados especialmente por mujeres, como las trabajadoras del hogar,
personas en reclusión, población migrante; pueblos indígenas, entre
otros.
Por ejemplo, Cimacnoticias documentó que cientos de personas en
tránsito irregular por México permanecían recluidas en condiciones
insalubres en Estaciones Migratorias sin que se les haya informado sobre
un plan de prevención para evitar contagios de COVID-19, lo que desató
motines que derivaron en la muerte de una persona.
En ese caso, la Subsecretaría de DH —a cargo directamente de la
política de migración en México— no se pronunció al respecto ni informó
qué medidas debía implementar el Instituto Nacional de Migración durante
esta emergencia sanitaria para evitar violaciones a los DH.
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