Asa Cristina Laurell
Aunque parezca extraño, un gran beneficio de la epidemia de Covid-19 es que la salud ha pasado a ocupar un lugar importante en la agenda nacional. Muchos comentaristas que jamás se habían preocupado por la situación de salud de la población ni por la política de los gobiernos en ese sector hoy no dejan de hablar al respecto. La salud era casi un asunto privado, aunque para la mayoría de atención doméstica o pública, bastante deficiente, en franca violación de la Constitución y su garantía de protección de la salud.
Cuando no atacan la política del actual gobierno en ese sector, los altos funcionarios de los gobiernos pasados hacen llamados a la unidad nacional para aprovechar al máximo las enseñanzas de los sexenios anteriores. Esta posición encubre dos cuestiones de fondo.
La primera es que las condiciones actuales del sistema de salud son precisamente el resultado de la política aplicada desde 1983, empezando con el llamado
ajuste estructuraly luego con las sucesivas
reformas. El segundo problema es que hay políticas sanitarias claramente distinguibles e incluso opuestas, según la orientación de un gobierno.
Sostener que la precariedad actual del sistema de salud es el resultado de las políticas neoliberales es irrebatible si se usa el concepto en su sentido estricto. La política neoliberal se expresa con nitidez, tanto en la reforma de los institutos de seguridad social (IMSS e Issste), como en las llevadas a cabo en los servicios para la población sin esta prestación laboral (la descentralización a los estados y el Seguro Popular). Todos los indicadores de capacidad de atención de los institutos –camas, quirófanos, distintos tipos de equipo, médicos, enfermeras, etcétera, así como el presupuesto per cápita– tienen un decremento tendencial.
Otro tanto pasa con los mismos indicadores del llamado sistema abierto para la población sin seguridad social laboral que, sin embargo, es de más difícil interpretación. Ocurre así porque la descentralización ha seguido senderos distintos en los estados y algunos de éstos han dado prioridad a salud y otros, particularmente los más pobres, no. A ello se añade que las cuentas públicas estatales son poco transparentes, igual a las estadísticas de instalaciones y de su operación. Además, los datos sobre el incremento al presupuesto del Seguro Popular se presentan mañosamente con el año 2013 como base. Las restricciones impuestas a los servicios de especialidad se reflejan en la falta de campos clínicos suficientes para la realización de las residencias médicas, con el resultado de que actualmente hay carencia de varios tipos de especialistas, destacadamente en este momento de urgenciólogos o intensivistas.
La situación actual del sistema público de salud viene entonces gestándose durante varias décadas y no puede ser revertido de la noche a la mañana. Esto no significa que el gobierno no haga nada, sino que tiene que actuar con originalidad e inventiva. Las enseñanzas sobre el origen del colapso del sistema sanitario en España, Italia y Estados Unidos son las mismas que nos amenazan y también respecto de posibles soluciones en la actual coyuntura. En este contexto, es de suma importancia que se logre aplanar la curva epidémica para que el número de casos que requiera de atención hospitalaria, en especial, de cuidados intensivos, no rebase la capacidad instalada ampliada.
Los procesos de privatización, que no son otra cosa que la transformación de la salud en una mercancía, van más allá de la prestación de los servicios y abarcan el acceso a los medicamentos y otros insumos indispensables. La prensa nacional e internacional reporta innumerables casos de especulación con los equipos médicos e insumos necesarios. Esta conducta afecta particularmente a los países que no tienen el presupuesto para pagar los sobreprecios.
Otra cuestión que se debe prever desde ahora son los nuevos o viejos medicamentos que resulten eficaces contra el Covid-19, al igual que las futuras vacunas. Los países deben prepararse desde ahora para aplicar los Acuerdos de Doha sobre salud pública, los cuales permiten a un país declarar soberanamente qué considera una emergencia nacional o de extrema urgencia. Su importancia es que puede romper patentes vía licencias obligatorias e imponer el levantamiento del secreto de las farmacéuticas sobre sus
datos de prueba, lo que acorta sustancialmente la producción de genéricos; procedimientos ambos que logran ampliar el acceso a los medicamentos.
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