Silvia Ribeiro *
El 24 de marzo, en medio de la crisis por el Covid-19, se aprobó la llamada Ley federal para el fomento y la protección del maíz nativo, con el voto unánime de la Cámara de Senadores. Con tal título muchos habrán supuesto que sería una norma para detener el asalto de las empresas trasnacionales de transgénicos sobre las semillas, los pueblos indígenas y las comunidades campesinas. Lamentablemente, no es así. Más allá de la intención de sus promotoras esta disposición favorece intereses claves de las empresas que desde hace dos décadas quieren avanzar en el país con sus semillas transgénicas y otras de alta tecnología.
La AMSAC es miembro directivo del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), que a su vez es integrante fundador del Consejo Coordinador Empresarial. Representan, mayoritariamente, a los sectores empresariales que han devastado la vida campesina, la producción sustentable y la alimentación sana. Las seis empresas trasnacionales globales dueñas de más de 70 por ciento de los mercados globales de semillas y agrotóxicos (y 100 por ciento de las semillas transgénicas) han estado por años en el consejo directivo de la AMSAC. Es el principal cabildero de la industria semillera, actuando en conjunto con el CNA. Son los que pugnaron y consiguieron privilegios para las trasnacionales en todas las leyes existentes relativas a semillas y patentes. (https://tinyurl.com/ruoc3ka ; https://tinyurl.com/t6lxfov)
Antes del voto final en la Cámara de Senadores, de donde salió la iniciativa, la ley de fomento del maíz nativo se votó, con cambios, en la Cámara de Diputados el 18 de marzo, con 270 sufragios en favor. Ya nadie se opuso. ¿Sería que PRI, PAN, PRD, Morena y todos los partidos de pronto se dieron cuenta de la importancia de proteger a los pueblos de maíz, sus semillas y culturas contra la invasión transgénica? Claro que no. Porque la ley no prevé tal cosa. Tampoco previene el patentamiento de semillas campesinas. Pero sí separa el maíz de sus pueblos, reduciendo el complejo proceso de miles de años de muchos pueblos creando milpas, asambleas, bosques y sus propias formas de gobierno a la promoción de
bancos comunitarios de semillas, expresión que la mayoría de los pueblos rechaza, porque proviene del sistema financiero y es ajena a su concepción de las semillas como elemento en la integralidad de política, economía y cosmovisión de sus pueblos. Además, establece que sólo es maíz nativo aquel que reconozca la Conabio, no los propios pueblos y comunidades. Les impone un nuevo Consejo Nacional del Maíz, que aunque es meramente consultivo tiene 16 miembros, de los cuales solamente seis son de comunidades indígenas o ejidos agrarios.
Pero la razón principal por la que las trasnacionales aplauden esta ley es porque delimitará
áreas geográficas, donde las autoridades reconocerán que hay sistemas de producción de maíz nativo, lo cual significa que abre al resto del país a plantar cualquier otra semilla, desde híbridos a transgénicos o las nuevas semillas biotecnológicas que las empresas llaman
edición genética.
Monsanto, Syngenta y demás empresas han insistido en este punto por décadas: que hay que definir áreas, que en realidad no les interesa sembrar donde hay campesinos, solamente en todo el resto del país. Contra esa posición falaz y extremadamente riesgosa, que provocaría que con el tiempo la contaminación transgénica llegara a todo el país, hemos insistido en que todo México –y Mesoamérica– es centro de origen del maíz y por ello se debe prohibir la siembra de cualquier semilla manipulada genéticamente.
Esta posición de la llamada ley de fomento y otros graves errores de ésta –ahora aprobados– fueron claramente expresados por la Red en Defensa del Maíz desde que se publicó el dictamen de comisiones, en octubre 2019 (https://tinyurl.com/vjk8qyl).
Mientras tanto, la Ley Monsanto, como bien se llama a la ley de bioseguridad vigente aprobada en 2005, sigue intocada por todas y todos los ahora legisladores y funcionarios que prometieron en campaña que la derogarían. Más aún, la Semarnat participó en 2020 en un foro en línea sobre bioseguridad en el Convenio de Biodiversidad y su representante se sumó a la posición de la industria semillera de que no es necesario establecer nuevos marcos de bioseguridad, ni siquiera para los
impulsores genéticos, transgénicos exterminadores altamente peligrosos.
¿Por qué ninguno de los funcionarios y legisladores hacen su trabajo para realmente garantizar la bioseguridad y que lo que anunció AMLO de que no se permitirá maíz transgénico en el país sea una realidad?
* Investigadora del Grupo ETC
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