Editorial La Jornada
Después de varios días
de intensas y tensas negociaciones, la Organización de Países
Exportadores de Petróleo (OPEP) y otras naciones productoras, entre
ellas México, lograron un acuerdo para reducir la extracción y
comercialización de hidrocarburos en 9 millones 700 mil barriles diarios
–aunque la propuesta inicial era recortar la producción 10 millones de
barriles– a partir de mayo próximo, como una medida para enfrentar y
contrarrestar la aguda caída en las cotizaciones internacionales del
energético –que ha llegado a su nivel más bajo en varias décadas–,
derivada del frenazo económico asociado a la pandemia de Covid-19.
Con el telón de fondo de un desacuerdo entre las potencias petroleras
Rusia y Arabia Saudita, algunos de los gobiernos integrantes de la OPEP
pretendían que México redujera 400 mil barriles diarios de su
producción –23 por ciento– y ante esa insistente condición, el jueves
pasado la secretaria de Energía, Rocío Nahle, abandonó la reunión, lo
que provocó un impasse y llevó las tensiones a un punto máximo.
Finalmente, ayer los representantes de las otras naciones productoras
aceptaron una propuesta previamente pactada entre los presidentes de
México, Andrés Manuel López Obrador, y de Estados Unidos, Donald Trump,
para que nuestro país recortara su producción en sólo 100 mil barriles y
Washington se comprometió a una reducción adicional de 250 mil.
La razón mexicana para resistirse a un corte drástico a su generación
petrolera es evidente: desde diciembre de 2018 el país está empeñado en
el rescate del sector energético que pasa por elevar esa extracción,
reconfigurar las refinerías y repotenciar la producción nacional de
combustibles. De manera adicional, la Cuarta Transformación se ha
propuesto recuperar la soberanía energética, especialmente en materia de
gasolinas para el abasto del mercado interno, dependiente en cerca de
la mitad de las importaciones. En tales circunstancias, un brusco
recorte de la producción no sólo descarrilaría los planes de
incrementarla, sino que alteraría la capacidad de proveer a sus propias
refinerías de materia prima.
Así pues, a pesar de las acres críticas de funcionarios, medios del
sector petrolero internacional, así como de opositores y comentaristas
locales, la firmeza de Nahle y la postura del gobierno mexicano
desembocaron en el acuerdo positivo que fue saludado por los integrantes
de la organización de productores y que da margen para proseguir el
programa de recuperación de la industria nacional de hidrocarburos.
Ciertamente, es deseable y necesario que las autoridades expliquen
los términos del acuerdo por el cual Estados Unidos se allanó a absorber
una parte del recorte en la producción que se pedía a México y lo que
implica para nuestro país en términos de retribución a la nación vecina,
pero, en lo inmediato, cabe felicitarse por la consecución del convenio
de recortes y esperar que esta acción contribuya en forma significativa
a la mejora de las cotizaciones internacionales.
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