Pactos frente a la crisis

Orlando Delgado Selley

Tras semanas de confinamiento crece la certidumbre de que la economía global enfrentará una contracción sin precedente, que el Fondo Monetario Internacional prevé en 3 por ciento. Para el FMI la economía de México tendrá una caída de 6.6 por ciento. Esta contracción afectará desigualmente a los diferentes estratos de la población. Los ocupados en actividades informales y quienes en el sector formal tienen empleos precarios han visto ya y seguirán viendo disminuir sus ingresos. Para empeorar su situación, los recursos que enviaron nuestros compatriotas que trabajan en EU a sus familias en enero y febrero disminuyeron en 13 por ciento respecto al promedio enviado durante 2019 y seguramente caerán mucho más en marzo y abril.

La temida situación una vez terminado el confinamiento está ya siendo vivida por una parte de la población. Consecuentemente, desde diversas atalayas se ha planteado la necesidad de que el gobierno federal convoque a un pacto social, un pacto de Estado, un plan de emergencia, etcétera, que unifique la respuesta de los sectores económicos, de los diferentes actores políticos y que permita mitigar los impactos mayores de la suspensión de buena parte de las actividades económicas del país.

No se trata, sin embargo, de una especie de consenso nacional que se enfrenta a la respuesta que desde la Presidencia de la República se ha decidido instrumentar. Se trata de posiciones políticas distintas que ponen de relieve aproximaciones que justifican propuestas de política económica de diversa naturaleza y posicionamientos políticos que se ubican en terrenos adversos. Sin embargo, todas las propuestas reconocen que la prioridad es la salud, de modo que hay que garantizar los recursos para atender las crecientes necesidades. Sabemos que la pandemia no será derrotada pronto, lo que obliga a que el sector salud sea fortalecido no sólo a corto plazo, sino que se planeé el fortalecimiento de sus capacidades para el mediano y largo plazo. También hay decisiones de política económica que deben resolverse para incrementar la producción nacional de insumos.

Los acuerdos entre los proponentes de diferentes pactos desaparecen tan pronto nos ubicamos en el ámbito económico y social. Es claro que los impactos económicos y sociales serán elevados. Pero se distribuirán muy inequitativamente: sufrirán un impacto mayor quienes tienen menores condiciones para defenderse. Consecuentemente, la responsabilidad del Estado está en primer lugar con este muy amplio sector de la población. Andrés Manuel López Obrador lo plantea, pero su propuesta no podrá atender a una parte importante de este grupo. Los programas sociales deben mantenerse y deben apurarse las decisiones de inversión pública que significarán contratar contingentes importantes de mano de obra. Pero, esta respuesta ocurrirá en un plazo de varios meses y los efectos adversos ya están presentes.

Por esto, es necesario actuar de inmediato para resarcir lo que han perdido los ocupados informales y los que empezarán a perder pronto miles de ocupados formales. Las maneras de enfrentar este desafío son, por supuesto, muy variadas. Algunas propuestas sostienen que hay que apoyar a empresas con una tregua fiscal que posponga contribuciones tributarias, para proteger el empleo y la producción. En realidad, esta propuesta protege a los empresarios y a algunos les gusta creer que protege también a sus trabajadores, cuando lo que resulta urgente es primero proteger el ingreso de esos trabajadores y después a la empresa y los empresarios. Una posible manera de actuar es, siguiendo la propuesta de una renta básica universal, otorgar a todas las familias un apoyo de 3 mil 500 pesos, equivalente a lo que se entrega en Jóvenes construyendo futuro, durante tres meses, lo que permitiría atender la necesidad de dotar de ingreso a familias que lo han perdido parcial o totalmente. El monto de estas transferencias sería de 210 mil millones de pesos, un poco menos de un punto porcentual del PIB de 2019.

El fondeo de estos recursos puede provenir de diversas fuentes. La primera, y por supuesto la más sana, es pagando más impuestos, no dejando de hacerlo. Una reforma fiscal progresiva daría los recursos para sufragar este monto y posibilitaría que el estado tuviera mayores capacidades de respuesta. Sin embargo,una solución de este tipo tarda mucho en concretarse. Por ello, una posibilidad que daría recursos inmediatamente al Estado sería, como en el caso francés reciente un impuesto por única vez a las 100 personas más ricas del país.

Para ilustrar la idea, si los 10 más ricos de México cuya fortuna es de 134 mil 400 millones de dólares, es decir, 2.7 billones de pesos, 11.5 por ciento del PIB de 2019, aportaran a la hacienda pública uno por ciento de sus ingresos anuales como contribución especial, con estos recursos se fortalecería el sector salud, se pagarían las transferencias especiales durante el periodo de emergencia y habría recursos sobrantes para otras asignaturas y su fortuna apenas se modificaría. Económica y políticamente acordar con Slim, Larrea, Salinas Pliego, Baillères, Gonda, Aramburuzabala, González Moreno, la familia Arango y Beckman, y los otros 90 superricos de nuestro país, significaría una contribución fundamental para enfrentar la contingencia. Desmoronaría de un golpe, además, los intentos de desacreditar al gobierno, eliminando los proyectos golpistas en curso.

odselley@gmail.com