Miguel Concha
Desde hace 10 años el Observatorio
contra la Trata del Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de
Montesinos AC (CAM) ha tenido el objetivo de analizar la legislación y
la política pública que en materia de trata de personas (TdP) existe en
diferentes entidades del país, bajo la perspectiva de género y el
enfoque de derechos humanos. El CAM realizó para el presente año el
informe Legislación, política pública y trata de personas en Baja
California, la Ciudad de México, Chihuahua, Coahuila, San Luis Potosí y
Zacatecas. La elección de las entidades del norte coincidió con que son territorios donde existe mucha migración interna e internacional.
Sin embargo, llamó la atención que la TdP tiene allí más víctimas del
propio país que del ámbito externo. Es decir, que la gente migra y es
enganchada, sobre todo las niñas, adolescentes y jóvenes, por el desplazamiento forzoso, a causa de la violencia en sus estados, los megaproyectos o la pobreza. En todas esas entidades existe además la violencia por causa de la delincuencia organizada, que afecta directamente el fenómeno de la TdP y la impunidad. Por ejemplo, aunque existe un número de carpetas de investigación sobre trata en 2019 (Baja California tiene 17 carpetas; Ciudad de México, 194; Chihuahua, 44; Coahuila, siete; San Luis Potosí, 14 y Zacatecas, 24), el número de sentencias es mínimo: Ciudad de México 19 (10 condenatorias y nueve absolutorias); Chihuahua, siete; Coahuila, dos, y San Luis Potosí, una. De las otras entidades no se pudo obtener el dato debido a la falta de transparencia.
La TdP es, pues, un delito que queda impune. En la mayoría de los
estados analizados no se cubren, en efecto, los mínimos requisitos de
política pública en la materia. Esto hace que la política nacional
contra la trata no tenga la coherencia necesaria con las políticas de
las entidades, y aún menos con la de los municipios. La mayoría de las
comisiones o consejos interinstitucionales de los estados se han reunido
pocas ocasiones, sin cristalizar su actuar en la elaboración del
programa contra la TdPcon su respectivo presupuesto.
En cuestión de albergues para víctimas de trata, sumamente
importantes para su seguridad y reinserción en sus comunidades, sólo la
Ciudad de México y Chihuahua tienen espacios gubernamentales. Las demás
entidades carecen de ellos. Los únicos que tienen un fondo para la
atención de víctimas de trata son Chihuahua y San Luis Potosí. La Ciudad
de México, pese a la cantidad de casos existentes, no cuenta con un
fondo específico.
En un Estado neoliberal, todo se ha convertido en mercancía, y las niñas y las mujeres son las más afectadas en el
negociode la trata de personas. Los flujos migratorios y la pobreza se suman a los aspectos que posibilitan que este tipo de violaciones se presenten y tiendan a incrementarse en un contexto posCovid-19. Este informe evidencia que en la región norte del país prevalece un clima violento, en el que el Estado se encuentra debilitado por la presencia de la delincuencia organizada, así como por la corrupción que genera, lo cual dificulta las tareas de persecución, sanción y atención a víctimas de trata en todas sus modalidades.
Hoy en día predomina en nuestro país una tradición que considera que
los problemas públicos se resuelven con leyes. Esto es fundamental, pero
no suficiente. Adentrarnos al análisis institucional y al monitoreo de
políticas públicas permite incursionar en los procesos cotidianos del
quehacer gubernamental donde recae, desde una perspectiva de derechos
humanos, la capacidad garantista del Estado.
Por todo esto el Informe recomienda: 1. Definir con claridad
el problema de la TdP, en el que participen la sociedad civil y el
Estado, 2. Generar sistemas de información que permitan crear un piso
común para la coordinación interinstitucional y dar respuesta de manera
oportuna a las solicitudes de la ciudadanía, 3. Que las comisiones
interinstitucionales den cuenta de su trabajo a través de informes
periódicos y de mecanismos acordes con una perspectiva de gobierno
abierto, 4. Diseñar, ejecutar y evaluar los programas especiales
contemplados en las leyes estatales, 5. Estimar con claridad los
recursos económicos destinados a la política pública sobre TdP, 6.
Creación de albergues, refugios o casas de transición especiales para
recibir y atender víctimas de trata, 7. Incrementar los esfuerzos
institucionales y de coordinación de los gobiernos federal, estatales y
municipales con la finalidad de dar cabal cumplimiento al Objetivo 5 de
la Agenda 2030, y 8. Abrir espacios de interlocución y colaboración
gobierno-sociedad civil con el propósito de contar con diagnósticos,
estrategias y mecanismos de contraloría para fortalecer las acciones que
se vienen realizando.
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