La Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto
Nacional Electoral (INE) encontró una serie grave de irregularidades en
el financiamiento de las agrupaciones políticas que buscan obtener
registro como partidos. Entre las anomalías detectadas se encuentran
haber recibido aportaciones de personas no identificadas y de entes
prohibidos, el uso de una aplicación que no permite identificar al
aportante, donaciones de personas sin capacidad económica para hacerlas,
así como aportaciones en especie en las que no se acreditó la relación
entre el aportante y el proveedor de los bienes y servicios.
De las siete organizaciones sancionadas, la que acumuló el mayor
número de irregularidades fue Libertad y Responsabilidad Democrática,
del ex presidente Felipe Calderón y su esposa Margarita Zavala: el
proyecto de los Calderón-Zavala para volver al primer plano de la
política tras sus renuncias al Partido Acción Nacional, se hizo acreedor
de casi la mitad de los 6.1 millones de pesos en multas tras la
fiscalización que aprobaron los consejeros electorales en sesión
virtual. En el otro extremo se encuentra Fundación Alternativa, del ex
priísta César Augusto Santiago, que únicamente sería sancionado con 63
mil pesos.
Más allá del volumen de irregularidades perpetradas por cada una de
las agrupaciones que buscan convertirse en partidos, está cla-ro que el
hecho de haber incurrido en faltas de ética y en posibles ilegalidades
en su proceso de conformación, las desacredita de origen para contender
por el voto ciudadano. En efecto, si una de las principales obligaciones
de toda persona que ocupa un cargo de elección popular es cumplir y
hacer cumplir las leyes, supondría un despropósito permitir que
instituciones surgidas de la burla y el quebranto a la legalidad sean
las que decidan e impulsen las candidaturas de quienes habrán de
desempeñar dichos cargos.
Además de la credibilidad de la democracia, están en juego cuantiosos
recursos del erario. Cabe recordar que apenas el 7 de agosto el Consejo
General del INE aprobó el financiamiento público para las fuerzas
partidistas en 2021, el cual será de 7 mil 226 millones de pesos. Bajo
el actual esquema establecido para el reparto de dicha bolsa, todas las
agrupaciones que logren el registro recibirán una parte significativa de
ese monto que, es necesario insistir, resulta en sí mismo difícil de
justificar a la luz del pobre desempeño de la mayor parte de la clase
política.
En suma, otorgar el registro a las agrupaciones que ya exhibieron su
ausencia de escrúpulos al tomar atajos fraudulentos en la búsqueda de
sus objetivos, sería nada menos que un premio a la ilegalidad y a la
simulación, es decir, perpetuar el régimen de corrupción hacia el que
los ciudadanos han manifestado repetidamente su hartazgo. Cabe esperar
que la autoridad electoral esté a la altura de su misión, y se niegue a
ser partícipe de tal afrenta.
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