Luis Linares Zapata
Muchos de los rasgos del año
venidero pueden, desde ahora, escudriñarse con visión provisional. Serán
tiempos de elecciones y presiones financieras adicionales derivadas de
limitantes impuestas por la pandemia. Lo electoral, en especial, no será
motivo de este artículo. Muchos analistas ya lo hacen y continuarán en
esa batalla con marcado y ladeado ahínco. Concentraré este trabajo en
algunas de las líneas definitorias adicionales que tienen que ver con
las urgencias programáticas y financieras. Estas urgencias cercarán al
gobierno federal y sus propósitos de introducir niveladores en el
reparto equitativo de los bienes y servicios colectivos. Es decir, qué
tantas acciones prácticas, además de las ya instaladas, se podrán añadir
al curso de 2021 en lo tocante a la justicia social prometida.
Nada fácil se aprecia la disposición de llegar al año que entra con
los recursos presupuestales indispensables para seguir por la senda
marcada desde el inicio del presente sexenio. La atención a los
excluidos, a los de abajo o pobres de siempre se antoja, desde ahora, a
menos de cinco meses de terminar 2020, una tarea venidera para
esforzados. En verdad será difícil pero, sin exagerar recursos o
pretensiones, tendrán que redoblar cometidos y voluntades para no dejar
ir las expectativas ya sembradas.
Las búsquedas de ingresos adicionales, provenientes de cerrar las
llaves a la corrupción, aunque importantes, quedaron más cortos a lo
esperado. Resta, para el año entrante, explorar otros sectores
promisorios de ingresos adicionales. Además de las garantías de una
conducción eficaz de la oficina recaudadora, (SAT) que seguirá apretando
sensibles tuercas, se deben añadir otras áreas de muy difícil
tratamiento: aduanas, elusión, fiscalidad adicional y otros de menor
cuantía pero que, sumados, darán respiro a un agobiado ente recaudador.
La austeridad no podrá, ni convendrá, ser reforzada. A duras penas se
continuará con la astringencia hasta ahora marcada.
Los dos primeros años han sido un esforzado “ tour de force” para, al mismo tiempo, enderezar el gasto y la inversión hacia los proyectos prioritarios de los morenos:
primero los pobres, los estratégicos del sureste y la reducción de la
violencia. Por lo pronto y aún en medio de los rigores de la pandemia,
que adelantaron masiva atención hacia la salud, se pudieron dejar
fondeadas las demás prioridades. La consecuencia, después de dos años de
tormentoso cambio y rápidas velocidades cotidianas, la realidad se
ensaña sobre una hacienda ahora exhausta. La renovación del caudal de
nuevos ingresos, para el siguiente periodo, exprimirá la usual
fiscalidad hasta niveles poco previstos con anterioridad. Aliviarle la
carga disponible es y será la encomienda. El despegue que ya insinúa la
economía, después del forzado encierro, no permitirá una futura ley de
ingresos boyante. Ni siquiera pensando en que los proyectos aduaneros
rescaten parte sustantiva de las supuestas fugas actuales que son y han
sido cuantiosas.
El impacto que se logró en el consumo, con los recursos canalizados a
las capas poblacionales necesitadas de atención, tendrá, a futuro,
menor impacto, ahora que la planta productiva empiece su ascendente
marcha. El empleo, efectivo elemento distributivo y reivindicador,
retomará camino pero con lento crecimiento. El ritmo y la cuantía de las
revisiones contractuales, dada las dificultades financieras en curso,
impondrán mesura en la ambición justiciera. Los tironeos electorales, ya
en pleno juego, no permitirán el desboque acostumbrado del gasto
respectivo. Los caudales disponibles, antes masivos, no se espera que
ocurran en esta elección por importante que esta pueda entreverse. Sobre
todo porque el manirroto principal del oneroso dispendio pasado, no
abrirá su caja principal: la hacienda federal. Lo cierto es que, la sola
tentativa de pensar en la costumbre de los ríos anteriores, en
beneficio de cualquier candidato o para el partido
oficial, quedará sellada. La simple disposición y anunciada vigilancia presidencial, la harán visible y, en variadas formas, punible.
Además, la estrategia hasta ahora seguida desde Palacio Nacional ha
forzado el respeto y observancia de los cauces marcados por las leyes
prevalecientes. Pero ello ha implicado dificultades crecientes y poco
sostenibles. Por tanto, se tendrá que pensar, en ese venidero año, en
abrir, de ser posible, los canales para una renovación legislativa a
fondo. Un renglón fundamental, para este propósito de fondear los
programas en curso y adicionarle otros de pinta universal, (Ingreso
básico por ejemplo) será indispensable embarcarse, para el segundo
semestre de 2021, en la pendiente reforma fiscal. Aunque no sólo este,
en verdad penoso trabajo de reforma, integra el paquete que se visualiza
necesario. Otras más se prevén tan urgentes como cruciales, pero las
dejaremos para próximas tareas difusivas.
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