CIMACFoto: César Martínez López
Ciudad de México. A 3 años del asesinato de la
periodista Miroslava Breach Velducea, atacada afuera de su casa el 23 de
marzo de 2017, el juicio para sancionar a uno de los responsables
demostró que el crimen afectó a su familia pero las consecuencias se
extendieron a todo el gremio periodístico de Chihuahua y a la sociedad
que dejó de recibir información sobre la narco-política del estado.
Así
lo expresó en entrevista la directora de “Propuesta Cívica”, Sara
Mendiola, organización representante de la familia, y quien desde este
martes 18 de agosto y hasta el viernes 21 participa en la audiencia que
se desarrolla en el Centro de Justicia de la ciudad de Chihuahua para
determinar la sanción a Juan Carlos Moreno Ochoa, alías “El Larry”,
autor material del asesinato de la corresponsal del diario “La Jornada”.
Debido
a la pandemia de COVID-19, el proceso por delito de homicidio se
reanudó después de 5 meses desde que el pasado 18 de marzo se dictó
sentencia condenatoria a Moreno Ochoa. Este martes 18 comenzó la
audiencia en la que la defensa de la familia de Miroslava solicitó la
pena máxima de 70 años de prisión. El miércoles y jueves se presentan
los últimos testigos, entre ellos dos peritos en psicología, y el
viernes el juez Nestor Pedraza Sotelo dictará la pena.
Esta
sentencia será un precedente para los crímenes contra periodistas porque
se litigó en instancias federales, fue atraído por la Fiscalía Especial
para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión
(Feadle), la Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía (FGR) y
se comprobó que el asesinato estuvo ligado a la actividad periodística
de la víctima. Por esa razón, expuso Sara Mendiola, se solicitó la pena
máxima, para que sea una sentencia ejemplar, referente para casos que
siguen impunes.
Miroslava Breach fue asesinada de ocho impactos de bala en 2017
cuando salía de su casa, en Chihuahua, para llevar a su hijo a la
escuela. En el juicio oral se supo que el grupo delictivo “Los
Salazares” ordenó matar a la periodista. Incluso, en el lugar del crimen
dejaron una cartulina con amenazas. Además, se demostró que la
investigación de Miroslava denunció públicamente la relación de este
grupo criminal con políticos del estado, quienes les entregaron
candidaturas a cargos de elección.
En la etapa final de este
juicio, expuso la directora de Propuesta Cívica, los asesores legales de
la familia y la Feadle presentaron los últimos testigos y peritos para
robustecer y justificar la propuesta de otorgar la pena máxima de
prisión; y este jueves la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas
(CEAV) presentará un plan de reparación del daño para las hermanas e
hijos de la periodista.
Mendiola destacó que la afectación por este
crimen fue hacia la familia pero también tuvo una repercusión en el
gremio periodístico de la entidad. “A raíz del asesinato de Miroslava se
acaba el periodismo crítico. Hay mucho temor dentro del periodismo y no
tenemos voces que nos estén informando respecto de la narco-política
que opera en ese estado y que no están informando de las violaciones
graves a Derechos Humanos en la sierra de Chihuahua”, temas que
investigaba la reportera.
La defensora de la libertad de expresión aseguró que desde que inició
este juicio Propuesta Cívica pidió que el caso fuera juzgado con
perspectiva de género y de libertad de expresión. Así se logró la
sentencia condenatoria en marzo pasado, porque se comprobó la plena
responsabilidad del acusado y se acreditaron las agravantes: que el
crimen fue contra una mujer, y una periodista y que se cometió con
alevosía, ventaja y premeditación.
Queda pendiente conocer los
años que Juan Carlos Moreno Ochoa deberá pasar en prisión. Sin embargo,
la defensora aclaró que con esta sentencia no se cierra la investigación
debido a que hay una orden de aprehensión contra otro de los
responsables y coautor material, Jaziel N. También falta investigar a
los autores intelectuales y la participación de políticos involucrados,
cuyos nombres salieron a la luz durante el juicio oral.
Otro crimen contra una mujer periodista
que llegó a un proceso penal fue el asesinato, en abril de 2012, de la
periodista Regina Martínez, corresponsal de la revista Proceso en el
estado de Veracruz. Sin embargo, la sentencia para una persona
involucrada fue impugnada luego de que alegó tortura. Este caso se
litigó en el fuero local, las autoridades insistieron en que se trató de
un robo que no estaba ligado a la actividad periodística y a 8 años del
asesinato, aún no están identificados los autores intelectuales.
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