Imagen retomada de la conferencia de prensa
Ciudad de México.- La reforma para garantizar la
participación política de las mujeres en el Estado de México, aprobada
por el Congreso local la semana pasada, no contempló la violencia como
causal para anular una elección, la obligación de garantizar la paridad
en la conformación del tribunal estatal electoral ni en la listas de
candidaturas por el principio de representación proporcional, entre
otros temas.
Al revisar el dictamen aprobado el pasado 13 de agosto, las
integrantes de la “Red Mujeres en Plural”, “Nosotras Tenemos Otros
Datos” y los colectivos “Las Constituyentes Feministas” y 50+1, capítulo
Estado de México, celebraron la reforma, pero expusieron que quedaron
pendientes diversas modificaciones, por ejemplo, establecer que los
tribunales electorales y de justicia se deben integrar observando el
principio de paridad.
En conferencia de prensa virtual, la defensora y fundadora de “Las
Constituyentes Feministas”, Yndira Sandoval Sánchez, expuso que uno de
los logros de la reforma fue establecer como requisito constitucional
para acceder a cargos de elección, no haber sido sancionado, mediante
resolución firme, por delitos de violencia política, violencia de género
o delitos contra la libertad sexual.
En la entidad tampoco se permitirá la postulación de personas que
estén inscritas en el Registro de Deudores Alimenticios Morosos, como lo
propusieron las defensoras que promueven la propuesta #3de3vsViolencia,
es decir, la reforma para evitar que acosadores, deudores de pensión
alimenticia y agresores de mujeres, accedan a cargos públicos, ya sea
por la vía electoral o por designación.
Yndira Sandoval celebró la reforma por retomar la propuesta de las
agrupaciones civiles, pero expuso que se hizo “tarde y de prisa”. Una de
la consecuencias, enfatizó, es que las candidaturas se negarán a los
aspirantes agresores solo si tienen una sentencia firme, lo que puede
ser un obstáculo, debido a que hay agresores que son denunciados sin ser
sancionados o pasan varios años hasta que reciben una condena firme.
Por su parte la integrante de “Mujeres en Plural”, Claudia Castello
Rebollar, destacó que la reforma se hizo a tiempo para ser aplicable en
el proceso electoral de 2021 y ahora sólo falta que sea publicada por el
Ejecutivo para que entre en vigor. Sin embargo, señaló que al Congreso
le faltó profundizar en la obligación de la paridad como mecanismo para
garantizar el derecho de las mujeres a participar en todos los Poderes
del Estado.
Por ejemplo, explicó que en el dictamen no se estableció que el
gabinete del Poder Ejecutivo, ni de los ayuntamientos, se deba
garantizar la paridad, tampoco quedó como una obligación en la
integración de los tribunales. Expuso que en el articulado quedaron
frases como “se observara” o “se favorecerá la paridad” a pesar de que
tendría que garantizarse porque la participación política de las mujeres
no es una prebenda o un favor de quien gobierna.
La defensora señaló como un avance la próxima creación de una Unidad
Técnica para atender la violencia política en contra de las mujeres en
el instituto estatal electoral, para asesorar, asistir y encausar a las
mujeres que sienten que han sido víctimas de violencia política, un
acompañamiento importante porque muchas aspirantes a cargos públicos no
cuentan con asistencia en esta materia.
Castello Rebollar confió
que, de cara al próximo proceso electoral en la entidad, el organismo
electoral emita reglas y lineamientos para hacer exigible la paridad
como lo marca la Constitución federal y así se corrijan los pendientes
que no quedaron en las leyes electorales.
La también integrante de Mujeres en Plural, Esther Morales Pérez y la
presidenta del capítulo Estado de México del colectivo 50+1, Ana Lilia
Herrera Anzaldo, aseguraron que esta reforma retomó varias propuestas de
la sociedad civil, por tanto es una propuesta de gran trascendencia que
además define 27 conductas como actos de violencia política de genero y
establece sanciones en materia penal, administrativa y electoral.
20/AGM/LGL
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