Editorial La Jornada
En su conferencia de
prensa matutina de ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador
informó que aprovechará su buena relación con el senador y líder minero
Napoleón Gómez Urrutia, y con el dueño de Grupo México, Germán Larrea
Mota Velasco, para buscar una solución a la huelga que estalló hace 13
años en la mina de plata propiedad del magnate en Taxco, Guerrero. Por
su parte, el legislador de Morena manifestó su disposición de llegar a
acuerdos para poner fin al prolongado paro de actividades en dicha mina,
así como en la de Cananea, Sonora, y la de Sombrerete, en Zacatecas,
que se remontan a la misma época.
Hace un año, con motivo del Día del Minero que se conmemoró el 30 de
julio, el mandatario solicitó a los familiares de los huelguistas de
Cananea que se abstuvieran de tomar la mina de Buenavista del
Cobre, y ofreció establecer una mesa de diálogo para encauzar el
conflicto. Sin embargo, Larrea ha dado la espalda a todo intento de
solución.
Durante todo este tiempo, la conducta de los funcionarios a cargo de
la política laboral y la conciliación entre los sectores obrero y
patronal ha sido, o bien omisa ante el conflicto, o francamente sesgada
en favor de Grupo México.
Cabe recordar que Grupo México, la principal compañía del rubro en el
país, se caracteriza por su desdén hacia la seguridad de los
trabajadores (el ejemplo más dramático esla tragedia de Pasta de
Conchos, Coahuila), por su negligencia en el cumplimiento de las normas
ambientales (tuvo 22 accidentes en sus primeros 21 años de operación),
por su feroz beligerancia hacia las exigencias obreras de ejercer sus
labores en condiciones dignas y con remuneraciones acordes con el riesgo
que supone la actividad minera, y por su tejido de complicidades con
autoridades de todos los niveles para evadir las consecuencias legales
de las conductas anteriores.
Una muestra de la manera en que su hostilidad contra las luchas
gremiales se combina con su cercanía al poder, se dio en septiembre de
2018, en las postrimerías del sexenio anterior, cuando policías
estatales, municipales, agentes viales e incluso integrantes del
Ejército irrumpieron ilegalmente en la mina San Martín, en la citada
localidad de Sombrerete con la finalidad de romper la huelga.
En cuanto a la huelga en la histórica ciudad de Cananea, se trata de
una herencia funesta de la embestida del ex presidente Felipe Calderón
contra los trabajadores del país, emprendida en su empeño por favorecer a
los grandes capitales a expensas de las mayorías, medio ambiente y la
hacienda pública: en 2008, el entonces mandatario panista dejó sin
sustento económico a 670 familias del municipio, al entregar a Germán
Larrea el contrato colectivo de la sección 65 a fin de burlar el derecho
de huelga de los mineros. La saña de Calderón se ha visto replicada por
Grupo México, que presiona a los empleadores de la región para que
nieguen cualquier oportunidad laboral a los huelguistas y su entorno.
Cabe esperar que en esta ocasión se den las condiciones para resolver
de manera satisfactoria la larga lucha minera y hacer justicia a los
trabajadores que han pagado el más alto costo –35 de ellos han muerto en
este lapso, sólo en Cananea, por falta de servicios médicos– por
reclamar los derechos de los que deberían gozar sin ningún impedimento.
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