Etileno XXI, el proyecto mafioso que favoreció a consorcio y dañó a Pemex
▲ Ubicada en Nanchital, Veracruz, la planta tuvo una inversión mayor a 3 mil millones de dólares.
En el gobierno del panista Felipe Calderón Hinojosa,
funcionarios y empresarios urdieron un plan transexenal para privilegiar
a una compañía privada en detrimento de la industria petroquímica
nacional, lo cual ocasionó pérdidas acumuladas a Petróleos Mexicanos
(Pemex), sólo entre 2016 y 2018, últimos tres años de Enrique Peña
Nieto, por alrededor de 6 mil 500 millones de pesos, según documentó la
Auditoría Superior de la Federación (ASF).
El proyecto Etileno XXI, consorcio conformado por Brasken, filial de
la brasileña Odebrecht, y la mexicana Idesa, se benefició de un contrato
a largo plazo para obtener de la petrolera mexicana el suministro de
gas etano a precios con descuento hasta de 30 por ciento respecto de las
cotizaciones del mercado internacional. Ello, además, sin pagar los
costos de importación, transporte y separación de dicho hidrocarburo.
El contrato de suministro de etano es un negocio redondo para el
consorcio privado, que hoy día aún se ve beneficiado de los subsidios
directos que recibe de lo que antes era Pemex Gas y Petroquímica Básica
(PGPB), al importar gas natural a precios de mercado para suministrar
ese hidrocarburo barato a Brasken e Idesa.
Etileno XXI, que comenzó operaciones en enero de 2016, es un clúster
industrial que construyeron Brasken e Idesa en Nanchital, Veracruz, y la
justificación de la obra era que se iba a relanzar la industria
petroquímica nacional, objetivo desde la administración de Vicente Fox
con el proyecto El Fénix.
El etano es la materia prima para la producción de etileno, el cual, a
su vez, ocupa el segmento más importante de la industria petroquímica y
es convertido en gran cantidad de productos finales e intermedios, como
plásticos, resinas, fibras y elastómeros (todos ellos polímeros), así
como solventes, recubrimientos, plastificantes y anticongelantes.
El 19 de febrero de 2010, durante la gestión del presidente Felipe
Calderón, se celebró el contrato de suministro por medio del cual PGPB,
ahora Pemex Transformación Industrial (Ptri), se obligaba a vender 2
millones 980 mil 220 metros cúbicos de etano por día, equivalentes a 66
mil barriles diarios, durante al menos 20 años, con un precio de
descuento hasta de 30 por ciento respecto de las cotizaciones
internacionales. Además, con la posibilidad de renovarlo por tres
periodos adicionales de cinco años cada uno.
Desde su preparación, hasta mucho después de la firma del contrato,
se reservó la información sobre las condiciones en que operaría ese
acuerdo a solicitud de consorcio, que a todas luces fue desventajoso
para Pemex.
En octubre de 2010, Robert Bischoff, director general de la alianza
Braskem-Idesa en el proyecto Etileno XXI, afirmó que el precio del
etanol era confidencial, por cuestiones de competencia, sobre todo con
las empresas estadunidenses.
El directivo brasileño adujo:
Hay que entender que la materia prima, el etano, es el insumo principal de la producción del polietileno, que compite en un mercado abierto, en el cual la mayoría viene de Estados Unidos.
Los principales competidores son grandes empresas estadunidenses, como Exxon Mobil.
Ellos no divulgan ni hacen públicos sus costos, justificó.
Negocio ganar, ganar
La estrategia de favorecer a una compañía privada fue
acompañada de sendos decretos por medio de los cuales el gobierno
federal aumentó el impuesto a la importación de polietileno como medida
para eliminar la competencia, por lo que Brasken e Idesa afianzaron su
posición preponderante.
Las condiciones totalmente adversas para Pemex llegaron a punto tal
que se incluyeron penalizaciones en caso de que no cumpliera con el
suministro confiable de etano al complejo Etileno XXI, pese a que la
petrolera no produce el suficiente energético para cubrir la demanda
local.
El consejero independiente de Pemex Rogelio Gasca Neri, en la sesión
del consejo de administración del 29 de abril de 2011, advirtió sobre la
inviabilidad de ese acuerdo para Pemex, pues, dijo, no se tiene el gas
suficiente y es importador neto de ese energético.
La ASF, de la Cámara de Diputados, documentó que en sólo nueve meses y
12 días (entre el 18 de marzo y el 31 de diciembre de 2016) Etileno XXI
generó una pérdida de mil 935 millones de pesos.
Más adelante, en 2017, se reportaron pérdidas para Pemex por mil
707.3 millones de pesos, mientras entre 2016 y 2018 se le aplicaron
penalizaciones por incumplir el suministro de etano por 2 mil 769
millones, es decir, un total, ahora para Ptri, de 6 mil 411.3 millones.
El consorcio Brasken-Idesa fue constituido en 2010 como sociedad de
riesgo compartido por la brasileña, la mayor productora de resinas
termoplásticas del continente, y Grupo Idesa, empresa líder en el sector
petroquímico del país.
La obra significó una inversión superior a 3 mil millones de dólares,
de los cuales 30 por ciento fue capital propio y el 70 restante vía
deuda. Entre las instituciones que aportaron se encuentran el Banco
Mundial-IFC; el Banco Interamericano de Desarrollo, Nafin y el
Bancomext, de México, así como BNDES, de Brasil; SACE, de Italia; EDC,
de Canadá; Bank of Tokyo-Mitsubishi; HSBC; el Banco de Desarrollo de
Corea, y Sumitomo Mitsui Banking Corporation.
Los actores
En el contexto del establecimiento de dicho acuerdo,
varios servidores públicos de los sexenios de Felipe Calderón y del
priísta Enrique Peña Nieto fueron protagonistas.
Brasken es una subsidiaria de Odebrecht, acusada de sobornar a
funcionarios y financiar campañas políticas a cambio de contratos en
diversos países de América Latina.
Por su parte, Idesa es una compañía propiedad de la familia de
Gerónimo Gutiérrez Fernández, subsecretario de Gobierno de la Secretaría
de Gobernación en 2010.
En 2016, hasta finales de noviembre de 2017, fue director general de
Pemex José Antonio González Anaya, vinculado con el ex presidente Carlos
Salinas de Gortari. Posteriormente, en el bienio 2017-2018, fue
director general de la petrolera Carlos Alberto Treviño Medina.
Emilio Lozoya Austin fue consejero de OHL, constructora española,
ahora Aleatica, entre 2010 y 2012. Además, director general de Pemex de
diciembre de 2012 a febrero de 2016.
Luis Videgaray Caso, coordinador de la campaña presidencial de
Enrique Peña y titular de la SHCP de diciembre de 2012 a septiembre de
2016.
Jordy Herrera Flores, secretario particular del titular de Energía,
entonces encabezada por Felipe Calderón (2003-2004), y director general
de PGPB en la fecha en que se celebró el contrato. Además, secretario de
Energía de septiembre de 2011 a noviembre de 2012.
Felipe Calderón, presidente de México en la fecha en que se celebró
el contrato de suministro. Firmó el decreto que incrementó el impuesto a
la importación de polietileno para presuntamente favorecer en el
mercado a Bresken-Idesa. Anteriormente, de 2003 a 2004, secretario de
Energía.
Enrique Peña, mandatario de México (2012-2018), en diciembre de 2012,
dos días después de que tomó posesión del cargo, ratificó el contrato
de suministro a Etileno XXI.
Esos hechos son parte de la ratificación –ante la Fiscalía General de
la República–, realizada el pasado 10 de agosto de 2020, de una
denuncia inicialmente efectuada en junio de 2018 ante la entonces
Procuraduría General de la República por los abogados Paulo Genaro Diez
Gargari y Alfredo Figueroa Fernández por acciones probablemente
constitutivas de delito.
La denuncia, presentada ante la titular de la Fiscalía Especializada
en Combate a la Corrupción, María de la Luz Mijangos Borja, describe un
esquema criminal diseñado y ejecutado por una sofisticada red de
corrupción, en la que participan empleados públicos y empresarios en
perjuicio de la hacienda pública de Pemex y de la economía nacional.
Una auténtica asociación para delinquir, una conspiración de Estado para beneficiar a un particular, aseguran los denunciantes.
Foto La Jornada Veracruz
Israel Rodríguez J.
Periódico La Jornada
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