Fabrizio Lorusso* / II
Ante el aumento
repentino de distintas formas de violencia en Guanajuato
(shar.es/abqBxs), una parte de la población no se ha quedado de brazos
cruzados y ha desafiado las barreras del miedo, de la soledad
individualista y de la estigmatización que rodeaban a las víctimas.
Si no se hubiesen rebelado colectivamente al status quo de
negación y criminalización de las desapariciones por parte de las
autoridades, empeñadas en desmentir la presencia de fosas clandestinas,
en dificultar la participación ciudadana en temas legislativos, de
búsqueda y de atención a víctimas, en ocultar cifras o restringir el
acceso a los semefos, los familiares de las y los desaparecidos no
habrían conseguido avanzar en su búsqueda. Pero sí lo hicieron.
Maricela Peralta, quien busca a su hermano Jorge Ismael, desaparecido
en Celaya en 2018, el 16 de enero pasado, en Irapuato, expresó a la
prensa lo que se vive en el estado: “esto que ven, esto es el Guanajuato
que no le gusta al gobierno. Éste es el tejido social que se está
resistiendo a terminar quebrantado porque estamos hablando de familias
que están destrozadas, que se han quedado sin padres, sin proveedores,
sin hijos, sin salud… hablamos de un Guanajuato empoderado
económicamente, pero en desapariciones, pues allí la llevamos también a
de la primera, ¿no?” Detrás de ella, las compañeras del colectivo A Tu
Encuentro formaban un manto protector con las fotos de sus seres
queridos.
Pocas palabras claras: tejido social, dolor y resistencia ante las
desapariciones. El mensaje era dirigido a las autoridades, ya que el
colectivo acababa de reunirse con el gobernador Diego Sinhue, pero
también a una sociedad que padece de extremos desgarramientos e
indiferencia hacia las víctimas. El compromiso, tomado en esa ocasión,
de abrir mesas de trabajo formales con metodología, fechas establecidas,
escrutinio público y participación de colectivos con funcionarios
estatales todavía no se ha cumplido.
En Guanajuato hay dos colectivos históricos. El colectivo Cazadores
reúne a las familias de ocho cazadores de León que fueron desaparecidos
por policías municipales de Joaquín Amaro, Zacatecas, el 4 de diciembre
de 2010. Desde entonces buscan justicia y la verdad.
Justicia y Esperanza agrupa las familias de 22 migrantes de San Luis
de la Paz, desaparecidos el 7 de marzo de 2011 en camino hacia Estados
Unidos: tomaron el autobús y ya no se supo de ellos. Lo acompaña la
Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho y es parte
del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México.
En 2012 el Movimiento por la Paz, encabezado por Javier Sicilia, en
su paso por León, cobijó también a familias de Guanajuato. Desde el año
anterior algunas víctimas del estado se habían unido a Fundec-Fundem,
Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y México, luego
formaron la
región centrodel movimiento. Asimismo, el colectivo Búscame-Buscando Desaparecidos México tiene presencia en Irapuato y sus representantes, Yolanda Morán, quien busca a su hijo Dan Jeremeel Fernández Morán, y Grace Fernández, hermana de Dan y consejera ciudadana del Sistema Nacional de Búsqueda, han apoyado a familias en campo y a activistas en distintos foros y actos.
Estas experiencias, ejemplo de perseverancia, aún no se habían
articulado en un movimiento estatal más amplio hasta hace pocos meses,
cuando la conciencia del dolor común y la explosión de la problemática
en la entidad detonaron la unión de cinco familias que, en noviembre de
2019, fundaron en Irapuato el colectivo A Tu Encuentro. Así, se fueron
sumando energías de más víctimas de la violencia reciente, de académicos
y defensores de derechos humanos, de unos colectivos prexistentes y
organizaciones nacionales que propiciaron el crecimiento del grupo y su
posibilidad de incidencia. Sin embargo, el diálogo, los apoyos y las
negociaciones con el gobierno tuvieron que convivir con amenazas,
tergiversaciones y, más recientemente, con detenciones y represión
policiaca ( shar.es/abqVuH).
Guanajuato vive una crisis de desapariciones cada vez más compleja,
pero la fiscalía no ha entregado a la Federación información
actualizada: la Comisión Nacional de Búsqueda señala 840 casos, pero
datos obtenidos de la Unidad de Transparencia en octubre y diciembre de
2019 arrojan un mínimo de mil 40 y un máximo de 2 mil 104 personas
desa-parecidas. La Ley de Búsqueda y la Ley de Víctimas fueron
promulgadas en junio, con tres y siete años de retraso respecto de las
correspondientes leyes generales. La Comisión Estatal de Búsqueda se
acaba de instalar, mas el proceso fue contestado porque no hubo
transparencia ni participación de las familias.
Ya surgieron nuevos colectivos como Buscadoras Guanajuato, que
integra 11 familias de León desde marzo pasado, y Mariposas
Destellando-Buscando Corazones y Justicia, presente en cuatro estados
desde 2018, que tiene representación en Salvatierra y acompaña a 26
familias guanajuatenses. El 15 de julio, junto con Justicia y Esperanza y
el grupo Cazadores, los cuatro grupos formaron el Frente para la
Búsqueda de Personas Desaparecidas en Guanajuato (shar.es/abqPPM), que
lucha para ejercer su derecho a participar e incidir en búsquedas,
investigaciones, atención a víctimas y políticas públicas. Hasta
encontrarles.
* Periodista italiano y colaborador de La Jornada Semanal
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