Imagen retomada del TEPJF
Ciudad de México. La magistrada Janine Madeline
Otálora Malasis aseguró que el proceso electoral que inicia en
septiembre próximo marca el momento oportuno para fortalecer la
participación política de más de 25 millones de personas adscritas como
indígenas para que su voz y voto reduzca sus condiciones de pobreza,
discriminación y exclusión.
Durante una conferencia virtual que se realizó este viernes 21 de
agosto, la magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación (TEPJF) expuso que los derechos
político-electorales de las comunidades indígenas no pueden reducirse al
ámbito local, de la comunidad y de los sistemas normativos internos,
también, dijo, deben garantizarse en el sistema de partidos políticos.
En el encuentro, realizado por la Defensoría Pública Electoral para
Pueblos y Comunidades Indígenas, del TEPJF, y la Red Nacional de
Consejeras y Consejeros Electorales por una Democracia Incluyente,
Otálora Malasis dijo que los derechos de las personas indígenas deben
entenderse como un asunto nacional y así garantizar que tengan las
mismas oportunidades de influir en el destino colectivo del país.
A propósito del “Día Internacional de los Pueblos Indígenas”, que se
conmemoró el 9 de agosto, la magistrada expuso que las personas que son
parte de los pueblos originarios deben participar en los órganos de
representación y de gobierno. “Para lograr que las políticas públicas
sean efectivas en su lucha contra la pobreza y la marginación deben
poder participar en su diseño e implementación todos los colectivos a
los que están dirigidos, como los pueblos y comunidades indígenas”,
mencionó.
Otálora Malasis, quien fue titular de la Defensoría Pública creada en
2016, detalló que el sistema electoral mexicano no preve reglas
específicas para proteger los derechos de las comunidades indígenas. Con
este vacío legal, la Sala Superior del TEPJF creó la Defensoría y ha
emitido resoluciones que reconocen los derechos políticos de los
pueblos.
Entre las medidas afirmativas tomadas por el Tribunal Electoral en
favor de la representación política, en 2018 confirmó los lineamientos
del Instituto Nacional Electoral (INE) para que los partidos políticos
postularan a diputaciones federales, respetando el principio de paridad
de género, a personas indígenas en por lo menos 13 distritos con 60 por
ciento de población Indígena.
Además de establecer esta regla para la integración de la Cámara de
Diputados, en 2017 la Sala Superior resolvió que los representantes de
los pueblos indígenas deben tener voz en las sesiones de los
ayuntamientos del Estado de México, aunque no se logró la mayoría a
favor de declarar que también deben tener derecho a votar las decisiones
del cabildo.
Por otro lado, en la conferencia dónde también participó la consejera
electoral de Chihuahua Claudia Arlett Espino, y la presidenta de la
Defensoría Pública, Marina López Santiago, la magistrada explicó que
durante la pandemia por COVID-19 se ha promovido la justicia electoral
digital, pero adelantó que falta construir un derecho procesal indígena
por medio de jurisprudencia y tesis que permitan ensanchar la protección
de estas comunidades.
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