Imagen cortesía de ZonaDocs Mario Marlo
Guadalajara, Jal. El pasado 26 de julio una niña de
10 años fue víctima de Luis Alonso “N”, Jefe de Recursos Humanos de la
Dirección de Seguridad Ciudadana del municipio de Puerto Vallarta, quien la retuvo de manera forzada dentro de su vehículo particular y abusó sexualmente de ella. El ahora exfuncionario fue detenido en flagrancia por policías municipales y vinculado a proceso por el delito de abuso sexual infantil el pasado 3 de agosto.
Sin embargo, durante la audiencia de vinculación a proceso el viernes
14 de agosto, el Juez de Control y Oralidad del Centro de Justicia para
las Mujeres en Puerto Vallarta, Jorge Luis Solís Arana, decidió no vincular al imputado por el delito de corrupción de menores, al manifestar que no podía acreditarse puesto que la niña de 10 años “no había sentido placer”.
Por lo anterior, el Comité para América Latina y el Caribe para la
Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM), el Colectivo Mujeres
Puerto Vallarta, el Colectivo MAM, Vallarta FEM, la Colectiva Puerto
Feminista; Cuepaliztli A.C. y demás colectivas y mujeres a título
personal, denunciaron las “omisiones y graves faltas” en las que ha incurrido la Fiscalía Regional de Puerto Vallarta para integrar la carpeta de investigación sobre el caso (2712/2020) y que han determinado la impartición de justicia para la víctima y sus familiares.
De acuerdo con el comunicado emitido por las colectivas, la Fiscalía Regional fue omisa en “no perseguir más de dos agravantes; al no acreditar el delito de corrupción de menores desde un principio”; puesto
que, según advirtieron, fue el propio Fiscal del estado, Gerardo
Octavio Solís, el encargado de asegurar que los peritos no habían encontrado huellas de abuso sexual ni maltrato.
“Sin duda, esos dictámenes son parte de este engranaje de violencia institucional que sustenta la justicia patriarcal. Es increíble que no adviertan la violencia sexual que sufrió esta niña de 10 años al ser subida por la fuerza al vehículo de este funcionario municipal, quitarle la ropa y realizarle tocamientos en su cuerpo”, expresaron.
A ello, precisaron, se suma la decisión del Juez Jorge Luis Solís Arana como
el culmen de esas violencias institucionales: “Ninguna mamá tendría que
volver a escuchar la voz de un juez que traslada la configuración del
delito al cuerpo de su hija y no a la conducta del delincuente que la
agredió sexualmente. Ninguna niña tiene que someterse a los dictados de
una justicia patriarcal y machista para poder acceder a la justicia”
afirmaron.
De tal manera que manifestaron su preocupación sobre el proceder de ambas autoridades, el cual, evidencia el desconocimiento que existe respecto a los principios del interés superior de la niñez y de la perspectiva de género, dos elementos ausentes dentro de la investigación.
Entre otras fallas documentadas por las organizaciones,
precisó Sandra Quiñones, representante legal en el caso e integrante
de CLADEM y del Colectivo Mujeres Puerto Vallarta, se encuentran:
- El no aseguramiento del teléfono celular del imputado. Al respecto, la abogada comentó que esto genera dudas sobre las razones que llevaron a las autoridades a no confiscar el equipo electrónico y, con ello, la información que éste podría contener. “Hubo fallas elementales, no se le retuvo los equipos electrónicos que llevaba con él ese día y eso nos mete la duda de saber qué información tenía con él. La pregunta es por qué no le retuvieron el teléfono a esta persona”.
- Dentro de la carpeta no existe la declaración del padre de la menor de edad y tampoco se han realizado y/o integrado los testimoniales del lugar donde la niña fue forzada a subir al vehículo.
- No se recabó la ropa que traía el imputado (el short y el calzoncillo para determinar la existencia de fluidos).
- No se realizó prueba al vehículo en cuanto a los fluidos en el asiento del copiloto y en el piso del mismo lado.
Hasta la mañana del lunes 17 de agosto, expresó Sandra Quiñones, dichos elementos no habían sido incorporados a la carpeta, la cual, informaron a la par los funcionarios de la Fiscalía Regional, se encuentra en Guadalajara “para trabajar el tema de la apelación”, por lo que “no saben cómo le van a hacer”, declaró la abogada.
Y es que tras la decisión del juez de Control y Oralidad, Jorge Luis
Solís, sobre no vincular a proceso al funcionario por el delito de
corrupción de menores, la Fiscalía del Estado anunció que interpondrá un recurso de apelación, al considerar que “existe una inexacta aplicación de la ley”.
“Todavía hoy en la mañana siguen sin realizar estas gestiones porque comentan que la carpeta la tienen Guadalajara para el tema de la apelación y no saben cómo le van a hacer. Están cometiendo error tras error para subsanar el anterior”.
De aquí que la abogada y las organizaciones que acompañan el caso, continúen en la insistencia de integrar correctamente la carpeta,
puesto que de lo contrario, afirmó Quiñones, es muy probable que bajo
las condiciones en las que se encuentra la investigación, no logre sostenerse en el juicio.
No es un caso aislado
“En Jalisco hace falta esa justicia con perspectiva de género, pero sobre todo hace falta que se erradique la violencia sexual arropada en la impunidad de la justicia patriarcal” sentenciaron las defensoras en su comunicado.
A decir de las colectivas, en medio de un contexto nacional donde una de cada cuatro niñas y uno de cada seis niños sufre una violación antes de cumplir la mayoría de edad, Puerto Vallarta, se posiciona como uno de los municipios en el estado y en el país donde las denuncias por abuso sexual infantil van en aumento.
De acuerdo con cifras oficiales ofrecidas por las organizaciones de mujeres, en
el primer semestre del año se han interpuesto 67 denuncias por este
delito, 15 por ciento más que las registradas durante el 2019, cuando se documentaron 58; lo que significaría que, cada tres días, una niña o niño es víctima de abuso sexual en este municipio costero. Habrá que advertir que a éstas se suman las 738 denuncias que concentran el Área Metropolitana de Guadalajara (Guadalajara 189, Zapopan 180, Tlajomulco 116, Tlaquepaque 96, Tonalá 90).
Por ello no puede hablarse de un caso aislado, el abuso sexual cometido en contra de la menor de edad pone de manifiesto la reiterada comisión de este delito en la zona, la complicidad de las autoridades para negarlo y, en algunos casos, de coaccionar a las víctimas y a sus familiares para que claudiquen en su búsqueda de justicia, señaló Sandra Quiñones:
“Este caso tiene que mover todas estas malas prácticas que no nos ha permitido que niñas y niños que han sido víctimas de abuso obtengan justicia. Si yo sacara una lista de las madres que me hablan sobre estos casos, son más de 67 y sé que en más de una vez han sido coaccionados para no poner denuncia”.
La abogada aseguró que las denuncias interpuestas ante las autoridades locales por agresión sexual infantil son “mínimas” ya que las propias policías municipales y ministerios públicos “hacen todo lo necesario para que la familia no denuncie”:
“Tenemos conocimiento de que los propios MP hacen todo lo necesario para que la carpeta se empantane y quede como un leve intento, sólo aquellas que alcanzan lo mediático logran judicializarse y con errores. Lo que sucedió es una práctica cotidiana en los casos de abuso sexual y agresiones sexuales a menores”.
A este contexto de impunidad, explicó la abogada, se suman las dudas que han surgido alrededor de Luis Alonso “N”, el cual tendrá que ser investigado para determinar si su actuar ya habría sido denunciado por otras víctimas, -trabajadoras o usuarias-, mientras desarrolló distintos puestos dentro del Ayuntamiento de Puerto Vallarta:
“Le corresponde al Ayuntamiento informar si este funcionario en el tiempo que estuvo laborando para la dependencia y otras, si alguno de sus superiores recibió quejas por abuso o agresiones sexuales tanto a trabajadoras como a usuarias. Y Fiscalía debe realizar todas estas líneas de investigación tendientes a investigar qué hay detrás de él”.
Así mismo, las colectivas han solicitado al Ayuntamiento y a la Fiscalía del estado de Jalisco que lleven a cabo una investigación que permita no sólo identificar su actuar, sino la complicidad y la protección que podría mantener con otros funcionarios dentro de la dependencia:
“Parte de las exigencias son tanto al ayuntamiento de Puerto Vallarta como a la Fiscalía se lleven a cabo las investigaciones correspondientes para determinar quiénes podrían estar relacionados a manera de protección con este exfuncionario. Porque hemos detectado en carpeta que se movía en ciertas zonas y esto por algunos de los datos que hemos encontrado en la carpeta”.
Sin descartar que este caso pueda dejar al descubierto a otros funcionarios públicos implicados, así como otros delitos como la trata de personas con fines de explotación sexual,
la abogada insistió en que es deber de las autoridades municipales y
estatales indagar para sancionar a quienes resulten responsables:
“Es sabido, es un secreto a voces que somos un destino de turismo sexual en materia infantil y sí nos preocupa que sea un funcionario de la Dirección de Seguridad Pública el que haya sido encontrado en flagrancia en este caso en particular. Nos hacemos muchas preguntas y son las mismas de las que nos vamos a encargar, para que estas instancias nos den las respuestas correspondientes y una vez con los datos precisos se puedan iniciar las investigaciones, si hay más delitos, si hay más personas, que sea la fiscalía quien inicie la apertura de las carpetas”.
El ahora exfuncionario desempeñó varios cargos públicos en la administración municipal. Fungió
como Jefe de Patrimonio; Coordinador de Patrimonio, Contabilidad y
Presupuesto del SEAPAL Vallarta; y finalmente, como Jefe de Recursos
Humanos de la Dirección de Seguridad Ciudadana, tras ganar una demanda laboral en contra del ayuntamiento.
Los esfuerzos sororos de las colectivas frente al riesgo y desprotección de las autoridades
Claudia Angélica Rangel Martínez, Directora General de CUEPALIZTLI A.C, psicóloga encargada de realizar el Peritaje Psicológico Victimológico independiente, que fue integrado a la Carpeta de Investigación del caso -dadas las fallas previamente señaladas-, advirtió que hasta ahora el acercamiento con la familia se encuentra en reserva, ya que existen temores fundados alrededor del riesgo que corren en medio de la exigencia de justicia y sanción al responsable.
La psicóloga señaló que la familia ya ha recibido llamadas de funcionarios públicos que les han buscado para ofrecerles “compensaciones económicas” a manera de reparación:
“El acercamiento con la familia se tiene en reserva, precisamente porque tenemos temores fundados con relación a todo este sistema operativo que tienen dentro de estas instancias públicas de amedrentar, amenazar y, además, acosar a la familia, porque ya han recibido llamadas por parte de funcionarios públicos para tratar de acercarse y tratar de tener una compensación económica que lamentablemente no va a atender el daño ocasionado a la menor en su estructura física, emocional, sexual y familiar”.
Con ello expresó que si bien la niña ha recibido atención psicológica, no ha sido así para su familia -como víctimas indirectas del delito-, por lo cual las organizaciones han realizado gestiones con la Fiscalía Regional para que también pueda ofrecerles acompañamiento psicológico.
Sin embargo, afirmó Sandra Quiñones, ha sido gracias a la sororidad de las organizaciones y colectivas de mujeres en Puerto Vallarta que la niña hoy cuenta con “una serie de recursos que le permitirán restablecer su proyecto de vida de manera multifactorial y multidimensional”.
“Desgraciadamente ha sido más de parte de la sociedad, en lugar del Estado, pues en medio de estas burocracias se pierde tiempo valioso, por eso, nosotras lo que hicimos fue acudir con estas instancias de la sociedad civil en Vallarta para poderle brindar todo lo que necesitan de manera urgente”.
¿Qué quieren ocultar?
La psicóloga Claudia Angélica Rangel, narró que llevó a cabo un peritaje psicológico con fundamentos pertinentes que buscaron no replicar el trabajo improvisado que realiza el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), el cual, según aseguró a la psicóloga la perito encargada de la Delegación Regional de Puerto Vallarta, no cuenta con expertos y/o expertas en abuso sexual infantil.
Sin embargo, denunció que un funcionario de nombre Josué, presuntamente comisionado al caso por el Fiscal del Estado, Gerardo Octavio Solís, le pidió “realizar una pericial a modo”.
“Una vez que yo solicité la carpeta de investigación al licenciado
Josué que era un Comisionado enviado por el Fiscal, Gerardo Octavio
Solís, me pedía en su lenguaje realizar una pericial a modo, yo le dije:
a ver déjeme leer la carpeta de investigación, necesito todas las
actuaciones para poder realizar mi trabajo, pues la ética y pertinencia
tendrá que estar sujeta a mi criterio pericial no a lo que usted me
solicite”.
Aunado a ello, expresó la psicóloga, durante la audiencia de
vinculación a proceso, la abogada Sandra Quiñones se percató de que no le habían sido entregados todos los documentos contenidos en la carpeta de investigación del caso, puesto que durante ésta se presentó un dictamen realizado por el IJCF, que no fue entregado por el presunto funcionario a la psicóloga para el peritaje independiente:
“Al finalizar mi pericial, cuando la licenciada Sandra Quiñones estuvo presente en la Audiencia de Vinculación a Proceso, en ese momento se señala que había otra pericial realizada por el IJCF, lo que no me fue informado ni integrado en la carpeta de investigación proporcionada”.
De acuerdo con el funcionario, el documento “se le olvidó en su escritorio” y por esa razón no se lo había proporcionado.
“¿Qué está pasando, algo está sucediendo con los funcionarios públicos, a quién están protegiendo y qué no quieren que se sepa?” se cuestionan las colectivas, quienes no dudaron en advertir un
actuar doloso de parte del funcionario y/o funcionarios que
intervinieron para no integrar todas las periciales correspondientes en
la carpeta y, con ello, obstruir la ejecución del peritaje
victimológico independiente. “Un funcionario que no entrega una carpeta
completa, qué está protegiendo y qué no quiere que se sepa”,
sentenciaron.
¿Qué sigue?
Las defensoras informaron que continuarán con el análisis jurídico de la apelación; además de que interpondrán una
queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos por las violaciones
cometidas en la integración de la carpeta. A la par, seguirán ejerciendo presión para que se lleve a cabo “la debida integración de la carpeta de investigación, así como el aporte de las pruebas”. Y, finalmente, trabajarán de manera conjunta con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en el seguimiento de la integración de la carpeta y en la asistencia multifactorial a la menor y a su familia.
*Este texto fue retomado de ZonaDocs
20/DS/LGL
No hay comentarios.:
Publicar un comentario