Editorial La Jornada
Durante el primer encuentro
nacional digital Desafíos de la Justicia Mexicana, organizado por la
Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República,
representantes de los tres poderes de la Unión coincidieron en la
urgencia de aprobar la reforma al Poder Judicial que se encuentra en
manos de la Cámara alta, con el fin de recuperar la confianza de los
ciudadanos en el sistema de impartición de justicia.
En sus respectivos turnos, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez
Cordero; el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero; el
presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo
Zaldívar; el consejero jurídico del Ejecutivo federal, Julio Scherer
Ibarra, y el presidente de la Jucopo, Ricardo Monreal Ávila,
reconocieron las severas fallas de la justicia mexicana, y llamaron a
subsanarlas, si bien cada cual hizo énfasis en distintos aspectos de
dicha tarea.
La encargada de la política interior afirmó que desde el gobierno federal se busca
reformar la justicia para que desde ésta se reforme y se transforme la vida pública del país; el fiscal general insistió en la importancia de contar con un Código Penal nacional único que ponga fin a una situación en la que un mismo acto es delictivo en un estado del país, y aceptado en otros; el titular del Poder Judicial llamó a descargar de tareas a la Suprema Corte, para que ésta pueda enfocarse en los casos que revistan un interés excepcional en materia constitucional y de derechos humanos; el representante legal de la Presidencia remarcó que es imposible acabar con la violencia
si antes no logramos una nación que enaltezca la justicia como valor prioritario y forma de vida digna; el coordinador de los senadores de Morena destacó que el verdadero acceso a la justicia es una de las principales demandas de la sociedad.
Cabe saludar que se haya dado este diálogo en el que coinciden las
voluntades y se complementan las experiencias de los tres poderes y de
la Fiscalía, pues resulta incuestionable que el sistema judicial padece
graves lacras, rezagos, incompetencias y disfuncionalidades. Estas
fallas dificultan el combate a la corrupción y la reconstrucción del
estado de derecho que los ciudadanos exigen y constituyen pilares
centrales del proyecto de nación impulsado por el partido gobernante; de
manera adicional, generan en la población hondos sentimientos de
desánimo y escepticismo. En efecto, la gran mayoría de los mexicanos no
cree en la justicia, y tiene fundadas razones para no hacerlo, pues el
acceso a ella se encuentra vedado para la mayor parte de ellos. Como se
puntualizó durante el encuentro de ayer, está claro que la Cuarta
Transformación no podrá avanzar en sus objetivos mientras no se concrete
una profunda reforma del sistema judicial. Asimismo, sería incongruente
buscar la regeneración de la vida pública mientras se deja intacto un
entramado institucional que, en su configuración actual, resulta tan
insensible a las demandas y necesidades de la ciudadanía, como
susceptible a la corrupción y a todo género de irregularidades.
Aunque la experiencia histórica ha mostrado que ninguna legislación
resuelve por sí misma los grandes problemas sociales, es indudable que
discutir, enriquecer y aprobar la reforma elaborada por el ministro
Zaldívar y adoptada por el presidente Andrés Manuel López Obrador
supondrá un importante paso en la dirección correcta para dar al país
legalidad, institucionalidad y funcionalidad judicial.
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