Orlando Delgado Selley
La reunión entre gobernadores y
el presidente sucede en un momento decisivo para el país. Pese a la
existencia de indicadores parciales que dan cuenta de que la caída del
empleo pudiera haberse detenido, lo cierto es que los datos económicos
duros muestran que la producción tardará meses en recuperarse. La
valoración sobre la medida de la contracción este 2020, que varía entre 9
y 10 por ciento, indica el tamaño de las dificultades que se están
enfrentando. Es cierto que la estrategia instrumentada ha evitado que la
caída tenga impactos mayores entre los más necesitados, pero también es
cierto que el impacto recesivo no se ha detenido y que, en
consecuencia, sigue siendo indispensable que haya respuestas, desde el
lado fiscal, mucho más amplias.
Está planteado, desde hace tiempo, que el pacto fiscal federal
debiera modificarse. En el diseño actual, las entidades con mayor
contribución tributaria, la que se explica por su mayor envergadura
económica, contribuyen al financiamiento de las entidades que menos
recaudan. Los programas que se usan para el reparto presupuestal se
asocian a estrategias de política social distributiva, así como al
fortalecimiento de la capacidad de atención a la infraestructura. La
crisis actual ha puesto en el primer lugar de las necesidades atender al
sector salud, desmantelado por las diversas administraciones
neoliberales. Hoy es indispensable reconstruir los sistemas de servicios
médicos estatales para enfrentar el reto del coronavirus, pero, sobre
todo, el desafío de la atención a la salud de la población.
Este requerimiento, junto con los recursos que innegablemente demanda
la construcción de una recuperación sostenible que sea redistributiva,
obligan a plantearse un escenario de mayor alcance que el pacto fiscal
federal vigente. Lo que hace falta no es solamente replantear la manera
en la que se distribuyen los recursos de la hacienda pública federal,
sino ampliar esos fondos mediante las distintas vías que ofrece la
tributación. La Ley de Ingresos de la Federación establece impuestos
federales, estatales y municipales. En estos tres ámbitos hay que
establecer una nueva fiscalidad. Se trata de reconocer que, en las
condiciones actuales, es indispensable una gran reforma que debe
reconocer que las contribuciones deben incrementarse, tanto en los
ingresos, como en lo que respecta a la participación de estados y
municipios en la recaudación fiscal.
A escala federal, por supuesto, está la necesidad de incrementar la
captación del ISR mediante un aumento a las tasas que se cobran a los
mayores ingresos. Los otros impuestos federales (IVA, IEPS, ISAN,
Tenencia, al Activo, al Comercio exterior y a Pemex, entre otros)
ameritan revisarse cuidadosamente desde la perspectiva de la
progresividad tributaria. Respecto de lo que deben captar las
administraciones estatales, es necesario reconocer que les corresponde
una responsabilidad que no puede soslayarse al amparo de propuestas
electorales que cuestionan el equilibrio fiscal entre
federación-estados-municipios. El impuesto a la nómina, la tenencia, la
compra-venta de vehículos usados y los otros tributos estatales, deben
aportar al financiamiento de sus gastos un porcentaje mínimo determinado
a nivel federal.
A escala municipal, la recaudación de mayor relevancia es el predial.
La propiedad inmobiliaria debe tributar para que los municipios puedan
cumplir con sus responsabilidades, acordes con los valores catastrales,
pero acercándolos a los valores comerciales conocidos. Los traslados de
dominio, a su vez, tendrían que establecerse de manera tal que
reconozcan el valor de lo que se está trasladando, considerando que
deben aportar a las haciendas municipales lo que corresponde.
El pacto fiscal federal tiene que modificarse. Los respectivos pesos
específicos de las entidades han cambiado y es menester reconocerlo en
los arreglos para la distribución de los programas presupuestales. Pero,
junto con esto, se requiere un nuevo pacto fiscal en el que los agentes
económicos reconozcan que sus contribuciones al financiamiento de las
actividades federales, estatales y municipales debe incrementarse para
permitir que estos tres niveles de gobierno puedan cumplir con sus
responsabilidades. La crisis que enfrentamos, cuyas consecuencias
negativas sobre las actividades económicas no han terminado, obliga a
replantear estrategias que se pensaban adecuadas a la normalidad
neoliberal. Es momento de aceptar las nuevas circunstancias, corregir la
estrategia y convocar a un nuevo pacto social con una fiscalidad
progresiva que permita un gasto público realmente redistributivo.
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