Ciudad de México. La Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó a
Movimiento Regeneración Nacional (Morena) que, a la brevedad, apruebe y
emita el protocolo relativo a la prevención, atención, sanción y
reparación del daño en caso de violencia política en razón de género,
como se estableció en el estatuto del partido político desde 2018.
En
la sesión del viernes 14 de agosto, las y los magistrados de Sala
Superior consideraron que la elaboración del protocolo fue una
obligación emanada del artículo séptimo transitorio del Estatuto de
Morena desde 2018, por tanto el partido incumplió con una disposición de
sus órganos intrapartidarios.
La Sala Superior también expuso
que actualmente no existe al interior del partido un instrumento en
materia de violencia política en razón de género, pues en diciembre de
2019 el protocolo aprobado por el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) fue
invalidado por la instancia de justicia partidista.
Las y los
magistrados aseguraron que no contar con este instrumento es una omisión
al Estatuto y a los parámetros convencional y nacional, en los que se
destaca la urgencia de implementar una estrategia integral para la
prevención, combate y sanción de la violencia política de género, en la
que los partidos políticos también deben involucrarse.
El Protocolo ya existía pero no se implementó por falta de compromiso
Desde 2018 mujeres militantes de Morena redactaron el “Protocolo para
la paz política”, un documento para definir y sancionar conductas de
violencia política de género al interior del partido, pero nunca fue
implementado por la Comisión de Honestidad y Justicia.
La
secretaria de Mujeres del CEN de Morena, Carol Arriaga García, denunció
en un comunicado que ese protocolo contra la violencia política no fue
implementado por falta de compromiso y voluntad política de quienes
integraban la Comisión de Honestidad y Justicia.
Arriaga detalló
que entre 2017 y 2018, ella, junto con colegas con amplia experiencia en
temas de violencia contra las mujeres y participación política
elaboraron el proyecto “Protocolo para la paz política”, el cual fue
difundido de forma electrónica entre mujeres políticas de los 32 estados
de la República.
Este documento era una hoja de ruta para
atender la violencia política contra las mujeres, debido a la falta de
una legislación en la materia y siguió el modelo que propusieron las
autoridades electorales federales en 2016, cuando se creó el primer
“Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres”, que
después fue replicado por los partidos políticos.
En la reforma
estatutaria de agosto de 2018, el órgano de justicia intrapartidista
acordó que el CEN de Morena en coordinación con la Comisión Nacional de
Honestidad y Justicia implementarían ese protocolo. Sin embargo, fue
hasta diciembre de 2019 que el CEN votó y aprobó el documento, pero
después esa sesión y los lineamientos fueron invalidados.
“Hasta
ahora me enteré por el TEPJF, que esa sesión del CEN se invalidó, por
tanto, se anuló el protocolo. Lo grave es que nadie me notificó”,
refirió Carol Arriaga.
Este año un grupo de militantes del
partido, en la alcaldía Azcapotzalco, en la Ciudad de México, solicitó
la aplicación del protocolo para atender la violencia hacia las mujeres,
pero la Comisión Nacional de Honestidad de Justicia se negó al
argumentar que no contaba con un instrumento en la materia. El asunto
llegó a la Sala Superior del Tribunal Electoral, que el 14 de agosto
falló a favor de la militancia y ordenó a Morena realizar un protocolo
para proteger a sus mujeres militantes en el ámbito político.
“Desde
la Secretaría celebramos ese logro e invitamos a las militantes, a las
especialistas y a las mujeres interesadas en la defensa de nuestros
derechos a hacernos llegar a la brevedad sus aportaciones y
contribuciones de mejora. Podemos avanzar, pero no retroceder, ni un
paso atrás”, enfatizó Carol Arriaga, al asegurar que ni su partido se
salva del patriarcado.
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