Complicada la obtención y valoración de pruebas: Lucha Castro
Por Gladis Torres Ruiz
México, DF, 25 ene 11 (CIMAC).- El sistema penal acusatorio en Chihuahua es acertado para mejorar el acceso a la justicia en los delitos de violencia de género, sin embargo persisten estereotipos de género, prejuicios y discriminación en las investigaciones y resoluciones judiciales, advirtió la abogada del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres de Chihuahua (Cedehm), Luz Estela Castro Rodríguez.
En conferencia de prensa realizada esta mañana donde presentó el libro “El acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia de género en el sistema penal acusatorio”, Castro Rodríguez, declaró que esta modalidad del sistema penal permite que las mujeres víctimas, sus familias y sus representantes legales participen activamente en los juicios.
Además de que realicen solicitudes bien fundamentadas y puedan obtener sentencias a su favor, en audiencias públicas y orales, que pueden ser presenciadas y revisadas por toda la ciudadanía, lo que permite una mayor vigilancia y una mayor rendición de cuentas.
Cabe recordar que existen dos casos emblemáticos de feminicidio, juzgados bajo el sistema penal acusatorio, el de Vianney y Rocio, asesinadas en abril y diciembre, respectivamente en el año 2009, por sus parejas sentimentales y en los cuales un tribunal oral decidió aplicar una penalidad de 10 a 30 años.
Como el sistema de justicia penal brinda la posibilidad de acudir a un tribunal de casación, integrado por tres magistrados, para revisar la decisión del tribunal oral, el Cedehm acudió para ambos casos a este tribunal y solicitó que se aplicara el artículo 126 del Código Penal de Chihuahua (referente a lesiones y homicidio agravado) cuya penalidad es de 30 a 60 años de prisión cuando la víctima es mujer.
En ambos juicios, se aportaron pruebas para acreditar los daños a las víctimas y sus familiares, y el tribunal de casación modificó la sentencia con la penalidad solicitada por el Cedehm, entre 30 y 60 años.
A pesar de ello Luz Estela Castro Rodríguez, señaló que en materia de violencia de género, la implementación de este sistema de justicia aún es complicada en lo referente a la obtención y valoración de las pruebas.
Ya que al igual que en el antiguo sistema, las sentencias condenatorias son muy difíciles de obtener por estereotipos de género, misoginia, prejuicios y discriminación, lo que lo puede condenar a reproducir errores que le restarán efectividad y transparencia.
Citó como ejemplo el caso de Rubí Marisol, asesinada en 2008, a la edad de 16 años. Su asesino confeso, Sergio Barraza Bocanegra, fue liberado en abril de 2010. La activista señaló que gracias al sistema penal acusatorio, luego de un largo camino, obtuvieron una sentencia condenatoria.
Sin embargo ésta no fue cumplida por lo que Marisela Escobedo madre de Rubí fue asesinada en la búsqueda del cumplimiento de la misma.
“Por lo que desde el Cedehm, estamos convencidas que la implementación de este sistema penal acusatorio es un paso en dirección a la justicia”.
En el caso de Rubí los jueces, no escucharon a la familia, a la amiga cuando les dijo que Rubí fue a refugiarse a su casa, no escucharon a la madre cuando les dijo que a su hija la habían sustraído de su ambiente familiar, todo esto y más lo dejaron pasar, subrayó la abogada
“Lo más grave es que ni si quiera tomaron en cuenta las pruebas, ya no exigíamos calidad en la perspectiva de género, lo que exigíamos era lógica pura”.
Esos son los beneficios del tribunal oral porque ahí las y los ciudadanos se dan cuenta y pueden exigir rendición de cuentas, por eso es un caso emblemático por que todas y todos nos dimos cuenta de la injusticia, reiteró.
Barraza Bocanegra, fue exonerado en primera instancia judicial por los jueces Catalina Ochoa Contreras, Nezahualcóyotl Zúñiga Vázquez y Rafael Boudib Jurado, a pesar de contar con las pruebas suficientes para condenarlo por la muerte de Rubí Marisol.
Posteriormente un tribunal de segunda instancia revocó la sentencia y ordenó la re-aprehensión del homicida, lo que aún sigue pendiente.
HEIDI, SIN PROTECCIÓN MEXICANA
En el mismo caso, Luz Estela Castro Rodríguez, denunció que la niña Heidi Barraza Frayre, hija de Rubí Marisol Frayre y nieta de la defensora Marisela Escobedo; ambas asesinadas en Chihuahua, se encuentra en un refugio de Houston, sin compañía de ningún familiar.
Hasta el momento, denunció Luz Estela Castro, ninguna autoridad, ni estatal, ni federal, ha hecho algo por rescatar a la niña, que podría permanecer hasta por seis meses en el refugio hasta que resuelva su estatus migratorio.
La menor de edad fue trasladada el 18 de diciembre de 2010 por las autoridades migratorias a ese lugar, luego de que los hijos y familiares de Marisela Escobedo decidieron solicitar asilo político a los Estados Unidos para proteger su integridad.
Por todo lo anterior, la activista adelantó que en breve, iniciarán una campaña a través de las redes sociales con organizaciones nacionales e internacionales, para exigir que la niña sea regresada a sus familiares, “ya que se encuentra sola y en un lugar donde no conoce ni el idioma, lo que va contra su integridad emocional”.
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