México: Mujeres periodistas en riesgo

Sara Lovera

Brisa Solís, directora ejecutiva del Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS) México, enero (SEMlac).- En los últimos cuatro años, dos mujeres periodistas perdieron la vida cumpliendo su misión, alrededor de 20 recibieron amenazas de muerte o fueron atropelladas y perseguidas, mientras María Esther Aguilar sigue desaparecida, y la valiente Lydia Cacho todavía no se siente segura. Este es el panorama que confrontan las mujeres dedicadas a esta profesión en México, lo que en opinión de Brisa Solís las coloca en una situación de alta vulnerabilidad. Ella es directora ejecutiva del Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS), el primer organismo que inició la defensa de periodistas desde la década de los setenta. En entrevista con SEMlac, la ejecutiva de CENCOS asegura que no hay garantías ni voluntad política en México para respetar la libertad de expresión, ni para investigar los 11 asesinatos de periodistas sucedidos en 2010. Tampoco se atienden las denuncias, pese a que existen al menos cinco instancias gubernamentales que han ofrecido intervenir para frenar la agresión a estos profesionales. Recordó que la periodista Anabel Hernández hizo público, el primero de diciembre de 2010, que existe un plan para atentar contra su vida, instrumentado por funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública y policías de la Agencia Federal de Investigaciones. Las amenazas de muerte proferidas a Hernández, autora del libro Los Señores del narco, aparecido en las últimas semanas de 2010, es una muestra de la impericia y el riesgo, dijo Solís. Esas amenazas surgieron porque su última investigación, publicada por la prestigiosa casa editorial Grijalbo, conjetura cómo las autoridades gubernamentales, militares y policíacas están relacionadas y protegen a los cárteles de la droga en México, al tiempo que muestra alarmantes complicidades en los altos círculos políticos y empresariales. "Puso el dedo en la llaga", dice Solís. Pero lo más lamentable de lo que sucede en México es que mujeres y hombres periodistas que salen a realizar cobertura informativa a cualquier parte pueden ser objeto de arbitrariedades. El caso de Anabel, quien ha tenido todos los foros para denunciar —como lo hizo en su momento Lydia Cacho— es emblemático. El problema es que otras y otros comunicadores no están en la misma situación, comentó Solís. La directora ejecutiva de CENCOS recordó que el periodista Francisco Cruz relató el caso de Selene Hernández, una colega del Estado de México que apareció ahorcada en un hotel, en 2008, caso sobre el cual no existe, hasta la fecha, información o investigación alguna. Según las autoridades, el crimen organizado es responsable de la persecución de las y los periodistas, pero todas las investigaciones de organismos civiles indican que en 65 por ciento de los casos las amenazas provienen de funcionarios locales, gobernadores, jefes policíacos o caciques tradicionales. Y este es el problema. Anabel narró que, tras la publicación de su libro, su informante le aseguró haber escuchado el plan para atentar contra su vida y hacerlo pasar por un accidente automovilístico, un robo o un intento de secuestro. Ella, quien colabora para la revista digital Reporte Índigo, presentó una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. El viernes 3 de diciembre esta última dictó medidas cautelares para Hernández, quien actualmente está protegida por escoltas. Solís asegura que ahora se pretende establecer, como sucede en Colombia o Guatemala, un mecanismo de protección permanente a las y los periodistas, iniciativa que se está discutiendo hace un año. "Este 17 de enero las autoridades lo echaron a andar, sin formalidad alguna", denunció y dijo que, además, las autoridades impidieron que en esa mesa de análisis participaran las y los afectados y trabajadores de la comunicación, lo que hace de esta situación insegura, inconfiable y fuera de toda protección real. Luego reflexionó: "nada ha detenido los ataques a periodistas" y no existe un solo caso investigado, no hay culpables detenidos ni expedientes para consultar y eso hará que los organismos civiles, entre ellos CENCOS, acudan este mismo mes a las instancias internacionales, detalló. Añadió que está en riesgo la periodista oaxaqueña Verónica Villalbazo, así como una veintena de publicaciones, amenazadas por diversas instancias locales o nacionales. En México existen varias instancias gubernamentales para atender los problemas: una Comisión especial en la Cámara de Diputados; una instancia especial en la Procuraduría General de la República; una visitaduría en la Comisión Nacional de Derechos Humanos y ahora este pretendido mecanismo, pero María Esther Aguilar, desparecida en Michoacán en noviembre de 2009 no aparece, y no se sabe quién la busca. CENCOS, que es al mismo tiempo un espacio de difusión para las organizaciones sociales, ha estado también en riesgo, porque desde ahí se investiga y da seguimiento a las denuncias, dijo Solís. Agregó que el trabajo periodístico de Hernández se ha enfocado en los últimos años en la documentación de actos de corrupción y abusos de poder por parte del Secretario de Seguridad Pública, Genero García Luna, uno de los hombres más poderosos del gobierno, y que lleva a cabo los operativos contra el narcotráfico. El informe 2009 de ARTICLE19 y CENCOS documentó que 65 por ciento de las agresiones a periodistas provienen de funcionarios públicos. Esta situación resulta alarmante al considerar las obligaciones que en la materia ha asumido el Estado mexicano. ARTICLE19 es una organización internacional de derechos humanos que trabaja en la defensa y promoción de la libertad de expresión en el mundo. Toma su nombre del Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el cual reconoce el derecho a la libre expresión de todas las personas. CENCOS fue la primera organización en denunciar las agresiones contra periodistas en México. Busca promover la libertad de expresión y la libertad de prensa como un derecho individual de los y las periodistas y como derecho colectivo de la sociedad en su conjunto. Periodistas La joven ejecutiva Brisa Solís y dos periodistas, José Reveles y Roberto Rodríguez Baños, el primero autor de varios libros especializados sobre la crisis de criminalidad y persecución que se vive en México, y el segundo coordinador de una mesa de periodistas de Capital 21, la TV por Internet del gobierno de la capital, examinaron para SEMlac la peligrosidad de la profesión de periodista en este país. Los tres explicaron que en México hay una fragmentación de las denuncias y los atropellos, que no sólo vulneran la libertad de expresión y ponen en riesgo a hombres y mujeres periodistas, sino que esas situaciones las viven también las mujeres y hombres integrantes del campesinado, de los sindicatos, de las organizaciones sociales y feministas. Tal es el caso de la defensora de los derechos humanos Marisela Escobedo, asesinada el 16 de diciembre, a pesar de tener vigilancia y protección, frente al palacio de gobierno del estado de Chihuahua, a donde acudió para exigir un avance en las investigaciones sobre el asesinato de su hija Rubi, quien fuera muerta por su novio en agosto de 2008. La ejecutiva y los dos periodistas señalaron que no existen, en esta fragmentación cobijada por el gobierno, instancias de coordinación y unas autoridades a otras se pasan la responsabilidad. Urgieron a cumplir los compromisos acordados en 2003 y 2004 en diversos foros internacionales para garantizar la vida e integridad de los periodistas, crear mecanismos de diálogo y realizar investigaciones creíbles y responsables. Hasta el momento, nada se ha hecho. Rodríguez Baños apuntó que, apenas el lunes 17 de enero, el secretario de Gobernación, Francisco Blake, dijo que el Estado mexicano tiene todos los recursos para garantizar un clima de seguridad en el país, algo que ruboriza por absolutamente falso. Cada día, recordó, "leemos en los medios cómo caen ejecutados, cómo hay balas que matan a cualquier civil y unos 20.000 niños han quedado huérfanos". Solís sostiene que en el gobierno no hay sensibilidad alguna, y puso como ejemplo la falta de protección a las y los migrantes procedentes de Centroamérica, que frecuentemente son secuestrados a la vera del camino, mientras la autoridad simplemente "no hace caso". Por ello, coincidieron en la entrevista a SEMlac, urge también crear un mecanismo social y civil integral, porque ahora, ante la confusa situación que vive México, "cada quien defiende lo que puede" en soledad o aisladamente. Para las y los periodistas también hay una mesa de trabajo. Eso, reflexionaron, hace recordar la docena de instancias creadas entre 1993 y 2004 alrededor del feminicidio en Ciudad Juárez; la veintena de recomendaciones internacionales y el anuncio de políticas públicas para recomponer el tejido social en esa ciudad fronteriza. Sin embargo, hoy se sabe que se trata de la ciudad más peligrosa del país, donde no sólo no se ha frenado el feminicidio, sino que han sido asesinados una centena de jóvenes en casas de recuperación de drogadicción; donde se han puesto bombas y no se puede circular. Pronto abrirá una casa de emergencia para periodistas perseguidos en la Ciudad de México, dirigida por el periodista Rogelio Hernández, quien afirmó que ya se han tocado todas las puertas. Y nada pasa. Ahora toca mantener la información y todo lo necesario para evitar el asesinato de las y los periodistas; pero también de todas y todos los mexicanos.