Nueve mujeres han sido liberadas en Guanajuato gracias a la presión social después de cumplir entre dos y nueve años de prisión por haber sufrido abortos naturales.
La impartición de justicia se hizo arbitrariamente y como castigo ejemplar
Este estado es uno de los más retrógradas del país y las interrupciones del embarazo están penalizadas hasta en casos de violación
Yolanda Martínez Montoya está volviendo a su vida normal después de casi siete años en la cárcel acusada injustamente de haber abortado. M.S.
“Pídele a Dios porque te van a caer muchos años. Desde el momento en que tiraron a sus hijos, ustedes son culpables y se merecen muchos años de cárcel. Aquí se van a quedar (en la prisión) porque tienen que pagar por lo que hicieron”. Esto es lo que le dijo la abogada de oficio Guadalupe Cruces a su defendida Yolanda Martínez, acusada de homicidio en razón de parentesco después de haber sufrido presuntamente un aborto espontáneo, que ella misma niega. Yolanda tiene 26 años y acaba de salir de la cárcel después de 6 años y 8 meses presa. Tenía que cumplir una sentencia de 25 años por haber matado a su futuro bebé, aunque ella asegura que no estaba embarazada cuando fue, desde su aldea al hospital de Dolores Hidalgo, con la menstruación y un dolor en los pechos. La doctora que la recibió no la atendió en ningún momento sino que llamó directamente a la policía, quién la trasladó del hospital al penal.
Algo parecido le dijo Guadalupe Cruces a su también defendida Ana Rosa Padrón. Esta campesina de 23 años, que sólo cursó hasta tercero de primaria, podrá celebrar la semana que viene el sexto cumpleaños de su hija junto a ella. Los últimos dos años no lo pudo hacer. Ha estado 30 meses en la prisión desde que sufrió un aborto espontáneo en su segundo embarazo. La abogada de oficio no quiso que se llevaran a cabo los careos, ni la reconstrucción de hechos, ni el examen de los péritos, cuando fue acusada de estrangular al feto que expulsó. La condenaron a 29 años de prisión por el mismo delito de homicidio en razón de parentesco.
Ambas acaban de salir libres junto a otras 7 mujeres, todas ellas campesinas del norte del estado de Guanajuato, una de las zonas más retrógradas del país. Purgaban sentencias de entre 25 y 29 años, acusadas de asesinato, aunque 6 de ellas tuvieron abortos espontáneos, 2 habían sido violadas y Yolanda ni siquiera había estado embarazada nunca. Su salida se produjo después una gran campaña social y mediática donde llegaron a implicarse las Naciones Unidas. La presión civil consiguió que el 31 de agosto el Congreso estatal aprobase una reforma exprés donde aplicó un atenuante a este crimen en razón de parentesco, que redujo de una pena máxima de 35 años a entre tres y ocho años de cárcel para las mujeres que den muerte a un recién nacido.
La movilización social y mediática consiguió que delegados de la ONU se reunieran con el gobernador del Estado y a los pocos días se reformará el codigo penal. AP Photo
“El homicidio en razón de parentesco es la manera de criminalizar a las mujeres pobres. Estos 9 casos no han sido aislados, responden a una política de estado para dar un castigo ejemplar a todas aquellas que quieran abortar”, explica Verónica Cruz, la directora del Centro de Derechos Humanos Las Libres, quiénes recuperaron las historias de estas nueve mujeres.
Ni Yolanda ni Ana Rosa, ni ninguna de las otras 7 mujeres encarceladas por el mismo delito en Guanajuato, tuvieron acceso a un proceso jurídico regular. No se les hicieron las pruebas necesarias ni se respetó su derecho a un proceso justo. En el caso de Ana Rosa, la presionaron a autoinculparse con el engaño que así saldría libre y volvería con su hija. Después de la declaración oral firmó cinco hojas en blanco. En el juicio de Yolanda, la fiscalía presentó como prueba un feto que ella nunca había gestado.
“Aquí quién administra y procura la justicia lo hace desde su carga cultural misógina. No hubo posibilidad de escucharlas, los médicos juzgaron, los fiscales no investigaron sino que directamente sentenciaron, y los jueces sólo la ratificaron, obviando por completo el derecho al debido proceso. El estado las utilizó de ejemplo, pensando que al ser mujeres sin recursos y casi sin estudios nadie las iba a reclamar” afirma Cruz.
En Guanajuato, además del caso de estas 9 mujeres, ha habido otras 166 denunciadas por aborto en la última década, la mayoría por los propios médicos que las atendieron al llegar desangrándose al hospital. De éstas, 30 han sido condenadas a penas entre 9 meses y 3 años por delito de aborto, aunque se han acogido a la libertad bajo fianza.
Gracias a Veronica Cruz y el Centro Las Libres se difundió los casos de estas nueve mujeres y se llegó a su liberación. M.S.
“Ahora podemos decir que en Guanajuato no hay nadie en prisión por haber abortado pero continúan 43 procesos penales contra mujeres que han interrumpido su embarazo. Cualquiera de estas podría ir a prisión por aborto o por homicidio, es la historia de nunca acabar”, se queja Cruz, quién agrega que es el estado quién debería garantizar los derechos de las mujeres. Pero sin embargo, desde 2009 han aumentado el número de denuncias, justo desde que se reformó el código civil para proteger el derecho a la vida “desde el momento de la concepción”. Guanajuato hizo esta reforma conjuntamente con otros 15 estados, de los 32 que conforman el país, después que en el Distrito Federal se legalizace el aborto libre y gratuito durante las 12 primeras semanas de gestación. Además, desde el año 2000, el aborto está penalizado incluso en caso de violación, y eso supone que vayan a la prisión incluso mujeres que han sido ellas víctimas de un delito.
La puesta en libertad de Yolanda, Ana Rosa, y el resto de mujeres no ha obedecido realmente a ningún cambio en la legislación sobre el aborto en este estado, sino que ha respondido a la presión nacional e internacional. Ninguna ha sido reconocida como inocente, o como víctimas de procesos irregulares. Simplemente salieron, porque con la disminución de la pena por el delito que se les imputa, ya cumplieron la condena correspondiente. Por eso, Yolanda no ve esto como una victoria definitiva y está dispuesta a seguir adelante con su exigencia de justicia.
“Nunca van a reconocer que hiceron un error, nos soltaron por la presión, pero para ellos seguimos siendo criminales. Tuvimos que aceptar la libertad en esas condiciones, pero ahora estando aquí fuera, voy a reclamar mi inocencia”, arguye decidida Yolanda, pese a que el gobernador le sugirió que estuviese callada. Sabe que los casi siete años encarcelada no se los va a devolver nadie pero espera que se le reconozcan todas las vulneraciones a sus derechos y acabar con el estigma. Esta guanajuatense estudiaba primero de derecho cuando fue denunciada y ahora, quiere retomar sus estudios. No será tan fácil, porque en estos siete años ha tenido un bebé en la cárcel, que apenas tiene ocho meses, y ahora además de estudiar y trabajar tendrá que cuidar a su hijo.
Yolanda Martínez al salir de la cárcel el pasado 7 de septiembre. Imagen tomada de un video de Las Libres
Áun así, se muestra empeñada en seguir adelante y quiere acabar la carrera para luchar por los derechos de otras mujeres. Eso sí, ve difícil pensar en la despenalización del aborto a corto plazo en Guanajuato, un estado con un gran peso de la iglesia católica y gobernado por el Partido Acción Nacional, el mismo del presidente Felipe Calderón, profundamente conservador. De hecho, aunque este estado ocupa el tercer lugar en el país donde hay más embarazos adolescentes, el gobierno se ha negado a impartir clases de educación sexual en las escuelas. En este contexto, tanto Yolanda como Verónica, aspira a que, por lo menos, se garantice el derecho al aborto por violación y por el resto de supuestos asumidos en gran parte del mundo. Les queda, pues, mucho trabajo por hacer.
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