¡Basta de sangre!, impulsada por él, Julio Scherer y los moneros de La Jornada, es sacudir a una
sociedad de agachadosque tiene miedo de protestar contra la violencia desatada por la estrategia contra el crimen del régimen de Felipe Calderón.
El punto de partida de la campaña es la condena de toda violencia criminal; está implícito en el mensaje. No obstante, con base en la tautológica retórica oficial (los responsables de la violencia son los violentos
, Calderón dixit), los propagandistas del gobierno y sus papagayos orgánicos en los medios han deslizado que los cartonistas no se atreven
a meterse con los homicidas que secuestran, balacean, degüellan, descuartizan o pozolean a sus víctimas; los verdaderos hijos de puta
, según los definió Héctor Aguilar Camín. Si se trató de un coloquialismo trivial
soltado sin pensar, que exhibe la debilidad del chascarrillo, el dicho está haciendo escuela entre los cultores de la guerra
de Calderón contra los malos, autoerigidos en tribunal de facto para el linchamiento mediático de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por sus informes sobre las flagrantes violaciones humanitarias cometidas por el Ejército, la Marina y la Policía Federal.
En Twitter, el caricaturista José Hernández argumentó que a Calderón se le hace responsable de impulsar una falsa guerra
, simulada con espots engañosos y estériles, que además de ser anticonstitucional es selectiva y electorera y no ha tocado la base patrimonial de los cárteles de la economía criminal. Recordó que los juguetes
que presume Calderón son para matar seres humanos y que a los delincuentes hay que juzgarlos y condenarlos, no asesinarlos.
En abono de lo anterior, creemos que hace falta responder otras preguntas que expliquen los 40 mil muertos y ocho mil desaparecidos de la guerra irregular de Calderón. ¿Existen objetivos encubiertos que hacen explicable
o necesaria
la espiral de violencia desatada por la estrategia de seguridad
calderonista? ¿Cómo intervienen en esta guerra los grandes empresarios? ¿A quiénes beneficia el terrorismo de Estado derivado de la aplicación de la tortura, los degollamientos, decapitaciones, desapariciones forzosas y ejecuciones sumarias practicadas indistintamente por fuerzas de seguridad del Estado y grupos paramilitares vinculados y/o bajo la protección de éstas?
Hemos insistido en que la estrategia de Calderón no es fallida. Responde
a una práctica predeterminada de doble vía, que combina una guerra reguladora por el control de las rutas y los mercados de la economía criminal, con una guerra de contrainsurgencia basada en la estrategia estadunidense de consolidación de territorios, practicada en Colombia y Afganistán. La lucha
(armada) de Calderón fue diseñada en Washington y forma parte de los acuerdos secretos en el marco de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte y el Plan México (Iniciativa Mérida).
La total subordinación del régimen entreguista de Calderón a las directivas de la Casa Blanca y el Pentágono ha posibilitado un acelerado proceso de reingeniería de las fuerzas militares y policiales locales, que ya son parte orgánica del modelo de privatización de la seguridad contrainsurgente y de control político-social militarizado, local, regional y nacional.
En pleno auge del capitalismo del desastre
(Naomi Klein), como peón designado por los poderes fácticos para la reconfiguración violenta del territorio mexicano en función de los intereses (legales e ilegales) del capital transnacional, la política de shock y conmoción de Calderón ha sido desplegada para generar caos, confusión y terror en la población. La dualidad terror militar colectivo-tratamiento de shock económico (Milton Friedman/Escuela de Chicago) ha estado presente en el Chile de Pinochet, la Indonesia del general Suharto (Plan Yakarta) y en Irak invadido, bajo la inicial tutela neocolonial de Paul Bremer III.
La doctrina de shock y pavor responde a un modus operandi clásico. Necesita condiciones políticas autoritarias y se aprovecha de una crisis o un estado de shock colectivo, producto de una guerra, un colapso del mercado o una catástrofe (el Katrina en Estados Unidos), para combinar medidas de seguridad represivas con la venta al mejor postor de los pedazos de la red estatal, las tierras, las minas, el petróleo, el agua y otros recursos geoestratégicos a los agentes privados y pescadores de oportunidades como Carlos Slim.
Tras la ocupación militar de Irak, el ex agente de la CIA Mike Battles sintetizó: Para nosotros, el miedo y el desorden representaban una verdadera promesa
. Así, la privatización del gobierno y de la guerra (de ejércitos y policías), y la introducción de un sistema de vigilancia agresiva, con limpieza social, ejecuciones en masa, desapariciones, tortura, fosas comunes, encarcelamiento, reducción de libertades civiles y violación flagrante de derechos humanos, son puestos al servicio del libre mercado
por el nuevo Estado corporativista.
Con el aporte de un narcoparamilitarismo interrelacionado con grupos políticos, financieros, empresariales y núcleos del poder legal (incluidas porciones del Estado), el miedo y el desorden son los catalizadores de un nuevo salto hacia adelante. Si los grandes magnates (incluidos los de los grandes consorcios mediáticos) no se quejan, es porque en medio de la guerra
de Calderón siguen haciendo pingües negocios. El trauma colectivo generado por la guerra urbana en Ciudad Juárez, Monterrey, Tijuana o Apatzingán ha servido, además, para dar el pistoletazo de salida a contrarreformas económicas y sociales de corte radical (ley Televisa, extinción de Luz y Fuerza del Centro, cerco al sindicato minero).
En ese contexto, ¿la señora Clinton llega a atizar el estigma de la narcoinsurgencia y el Estado fallido?
Editorial La Jornada
En el primero de esos documentos, fechado en febrero de 2010, se afirma que el gobierno de Felipe Calderón solicitó a la secretaria de Seguridad Interior estadunidense, Janet Napolitano, la participación del Centro de Inteligencia de El Paso (EPIC, por sus siglas en inglés) para pacificar
Ciudad Juárez y responder a la presión pública de hacer algo por la localidad
. Es significativo y preocupante que el principal viso de sensatez ante tal petición haya debido venir de la funcionaria estadunidense: de acuerdo con el documento, Napolitano respondió que las autoridades de su país podrían ayudar a la identificación de objetivos, pero que México debe ir más allá de los despliegues militares y establecer una fuerza de policía en Ciudad Juárez capaz de vigilar todas las calles y viviendas
.
Independientemente de lo que Calderón haya tenido en mente al pedir la ayuda del EPIC para controlar la violencia en la ensangrentada urbe fronteriza, la solicitud confirma que desde el Poder Ejecutivo se propicia la injerencia de Estados Unidos y la supeditación a ese país en tareas de seguridad y de manejo de la fuerza pública, lo cual se hace a espaldas de la sociedad. Por lo demás, el contenido del cable referido da cuenta del empecinamiento de las autoridades nacionales en una estrategia a todas luces fallida: los despliegues policiales y militares ordenados en amplias regiones del territorio han demostrado no sólo ser inútiles, sino contraproducentes, y el caso de Ciudad Juárez es dolorosamente paradigmático al respecto; sin embargo, lejos de rectificar, el gobierno mexicano se muestra empeñado en profundizar dicha política, aunque ello implique el riesgo de vulnerar la soberanía nacional.
Si del documento referido se desprende que el gobierno mexicano no ve con malos ojos la operación de agentes estadunidenses en el país, en otro de los cables difundidos ayer por Wikileaks se pone en evidencia su papel como facilitador de esa medida: de acuerdo con un mensaje diplomático, personal de la Oficina Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI, por sus siglas en inglés) ha realizado interrogatorios a migrantes indocumentados detenidos en el país, con el apoyo del Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional, en respaldo a una inquietud de las autoridades estadunidenses de que el terrorismo internacional pudiera aprovechar la frontera con México para atacarlos.
Lo anterior es improcedente por partida triple: porque de nueva cuenta se evidencia una concesión inaceptable en materia de soberanía; porque México queda exhibido como un país que presta su territorio para actividades de hostigamiento practicadas por Washington contra ciudadanos de terceras naciones, y porque, con ello, el gobierno mexicano asume como causa propia, ante los ojos del mundo, la guerra contra el terrorismo
emprendida por el gobierno de Bush, y suscribe, así sea tácitamente, las obsesiones estadunidenses de seguridad nacional características del gobierno anterior del vecino país, pero que han persistido durante la actual presidencia y que son contrarias al derecho internacional, violatorias de las soberanías nacionales y de los derechos humanos.
A la luz de estos elementos de juicio, la sumisión del gobierno federal a Washington en lo que debieran ser tareas irrenunciables de cualquier Estado –como la seguridad pública y el control migratorio– confirma que, además de la ruptura de la legalidad y el estado de derecho en amplias franjas del territorio, un saldo principal de los cuatro años de la actual administración es, precisamente, una abdicación inaceptable de la soberanía nacional.
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