MÉXICO, DF., 8 de mayo (apro).-Sin verdad no puede haber paz. Los 40 mil muertos por la violencia de la delincuencia y del Estado y los otros miles que preconiza la “guerra a las drogas” no pueden quedar sólo en la indignación.
El hartazgo de cientos de miles de mexicanos que este domingo participaron en calles y plazas del país en la Marcha por la Paz, la Justicia y la Dignidad habrá de materializarse para encauzar el dolor de millones de deudos y víctimas provocadas por esa violencia que se parece cada vez más a la de una guerra civil.
El Pacto de Juárez propuesto como uno de los caminos para salir de esa violencia habrá de considerar a la verdad como condición necesaria para la paz, la justicia y la dignidad. La verdad, como exigencia para saber lo que ha pasado y para que no prevalezca sólo lo que la delincuencia organizada y las autoridades quieren que se sepa, ya por separado o, peor aún, en contubernio.
Sin ese conocimiento no se puede aspirar a la justicia. De los miles de muertos, secuestrados, torturados y vetados, sólo en unos cuantos casos hay investigación judicial y menos aún los supuestos responsables han sido consignados. Muchos menos todavía los que han sido sentenciados, a menos de que se trate de chivos expiatorios por acuerdo entre los jefes de la delincuencia y las autoridades.
Las averiguaciones previas, cuando las hay, están llenas de mentiras y distorsiones que imposibilitan la justicia y cualquier acto de reparación. Los muertos no pueden quedar en cifras. Se trata de un desgarramiento del país que tendrá que atenderse si es que se quiere evitar no sólo la prolongación de esta violencia –por lo menos 10 años más, como lo han advertido los encargados del aparato represivo gubernamental–, sino la repetición de ese tipo de hechos en el futuro.
La impunidad que históricamente ha definido a este país hará difícil transitar hacia la verdad. Pero hay referentes internacionales. La Marcha por la Paz quedó en el registro de la prensa internacional porque que México se ha convertido en noticia mundial por la violencia sin precedentes que lo desangra.
En Estados Unidos, desde donde se impulsa la “guerra a las drogas” hay quienes ven a lo que pasa en México como un teatro más de las guerras irregulares. Como tal, elaboran todo tipo de escenarios bélicos para “la protección” de su frontera.
Pero también está la visión del Derecho Internacional Humanitario (DIH) que caracteriza a lo que pasa en México como un conflicto armado interno por los efectos que está teniendo en la población civil: ejecuciones arbitrarias, desplazamientos de comunidades, desapariciones forzadas, reclutamiento de menores y otras expresiones de la violencia exacerbada.
La comunidad internacional interviene en conflictos de este tipo debido a que las autoridades nacionales han sido rebasadas. El gobierno federal nunca reconocerá estar en esa situación y por lo tanto se opondrá a cualquier intervención que no sea la estadounidense.
Pero la sociedad podrá buscar las experiencias tanto de la aplicación del DIH como de las soluciones que se han dado a sí mismos distintos países para enfrentar las consecuencias de la confrontación interna violenta.
Una de ellas es la creación de Comisiones de la Verdad. Con todo y sus limitaciones, tienen la ventaja de llegar a una verdad compartida sobre lo ocurrido, pero sobre todo al establecimiento de responsabilidades y la reparación del daño.
En el caso de México, los responsables están tanto del lado de la delincuencia, de las autoridades y de aquellos que se han encargado de legalizar el dinero de las drogas.
La verdad, entonces, como camino a la justicia y como forma de recuperar la dignidad no sólo de las víctimas y sus deudos, sino de la mancillada sociedad mexicana.
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