Necesario diferenciar violencia por género, coinciden expertos
Por la Redacción
México, DF, 10 may 11 (CIMAC).- La violencia contra mujeres periodistas o comunicadoras tiene como elemento característico que son amenazas dirigidas en contra de sus familias, o bien, que tienen la clara intención de desacreditar su carácter moral, destaca el informe “La violencia en México y el Derecho a la Información”.
El documento que ayer se presentó y que fue elaborado por Artículo 19 y Cencos, detalla que en 2010 se registraron 155 agresiones contra la libertad de expresión, de éstas 129 fueron en perjuicio de periodistas y trabajadores de los medios de comunicación y en 29 casos la víctima fue una mujer.
De acuerdo con estas organizaciones, en el informe anual sobre agresiones contra la libertad de expresión en México 2009, advirtieron la existencia de un sub-registro en el número de casos, así como de la necesidad de adecuar la tipología de las agresiones para hacer visible la diferenciación de la violencia de acuerdo al género.
En este sentido, durante 2010 se realizaron una serie de adecuaciones metodológicas, por lo que la diferenciación de la violencia por género comienza a ser reflejada en las base de datos de agresiones, aunque –advierten– aún falta consolidar una red de información y solidaridad entre periodistas, que permita que los casos sean conocidos por la opinión pública.
Al igual que en 2009, durante 2010 ambas organizaciones identificaron que las mujeres periodistas reciben amenazas contra sus familiares o ataques de índole sexual; aunque muchas de ellas deciden no denunciar porque estos actos no son investigados ni sancionados o porque los consideran “parte del oficio”.
Ejemplificaron el caso de la reportera Jade Ramírez Cuevas, reportera de Radio Universidad de Guadalajara, quien ha cubierto el rechazo de las comunidades afectadas por el megaproyecto hidroeléctrico “El Zapotillo”, en Jalisco, y quien recibió amenazas de índole sexual a través de su correo electrónico.
También destacan las amenazas contra la periodista Anabel Hernández, quien ha documentado ampliamente la corrupción al interior de la Secretaría de Seguridad Pública y quien el pasado 1 de diciembre denunció haber recibido información sobre un plan de atentado en su contra instrumentado por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y elementos de la Agencia Federal de Investigaciones. Lo cual demuestra que el Estado también agrede a las y los comunicadores, sostiene el informe.
El documento precisa que el tipo de agresión más recurrente fue el ataque a la integridad física o material tanto de reporteros como de instalaciones a medios de comunicación (52.9 por ciento de los casos), lo que significa que 1 de cada 2 agresiones son de forma física.
En segundo lugar, se encuentran las amenazas y los actos de intimidación o presión, que continúan siendo una práctica recurrente (31.61 por ciento). Los 82 casos de agresiones físicas o materiales están distribuidas de la siguiente manera: 59 corresponden a periodistas, 5 a trabajadores de los medios de comunicación y los 18 restantes a instalaciones de medios.
El informe también critica que las y los periodistas carezcan de un entrenamiento para coberturas de alto riesgo y que no cuenten con el equipo y el entrenamiento necesario. Señala que la agresión a la reportera Ixtli Martínez, quien fue herida de bala en una pierna cuando cubría un conflicto en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, muestra la falta de este entrenamiento.
En este contexto las organizaciones recordaron que desde 2008 manifestaron la necesidad y urgencia de tomar medidas de prevención de agresiones y protección a periodistas. En noviembre de 2010 la Secretaría de Gobernación anunció e implementó el Comité Consultivo para la Implementación de Acciones de Prevención y Protección a Periodistas, el cual a la fecha no ha reportado avances, por lo que pidieron, se retome.
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