El responsable directo de esta grave situación es Felipe Calderón. Fue él quien declaró una guerra
en el país y decidió utilizar al Ejército y la Marina para atacar selectivamente los cárteles de la droga. Fue el Ejecutivo quien de forma obstinada prosiguió con esta estrategia bélica a pesar de que diversos órganos de la ONU le han solicitado suspender la utilización de los militares en tareas policiacas, recientemente el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU, en marzo de 2011.
Como han documentado diversos informes sobre derechos humanos elaborados por organismos como Amnistía Internacional, el Ejército Mexicano ha llegado al extremo de asesinar y torturar a civiles completamente ajenos al conflicto, en retenes militares y durante sus operativos. Además, ha intentado encubrir estos hechos para garantizar impunidad a los responsables. Recordemos al respecto el caso de los estudiantes asesinados en el Tec de Monterrey el 19 de marzo de 2010, señalado por la CNDH en su recomendación 45/2010.
Las fuerzas armadas también han dejado impune la violación sexual de mujeres indígenas cometida por soldados durante sus operativos, con lo que ha fomentado el empleo de tan deleznable práctica (caso Fernández Ortega y otros vs. México, así como el caso Rosendo Cantú y otra vs. México –Corte Interamericana de Derechos Humanos).
Por su parte los cárteles de la droga también practican terribles crímenes contra la población civil. Reclutan niños menores de 15 años de edad para convertirlos en sicarios. Se estima que entre 30 y 43 mil menores de edad han sido reclutados por grupos criminales. Además, los ataques a los centros de rehabilitación de enfermos y adictos a las drogas se han generalizado. Los arteros ataques del 26 de junio en Durango, el 5 de diciembre y 10 de junio en Ciudad Juárez, Chihuahua –todos en 2010– son sólo tres ejemplos.
Los tribunales de nuestro país se encuentran prácticamente impedidos para juzgar al Ejecutivo Federal (artículo 108 onstitucional). A ello se añade la falta de autonomía de la PGR, lo que se traduce en impunidad a los funcionarios civiles y militares responsables de esta crisis.
Tampoco es viable someter a la justicia nacional a los soldados responsables de violaciones, torturas, desapariciones y asesinatos debido al inaceptable alcance del fuero militar, que permite que estos hechos sean juzgados por tribunales militares (artículo 57 Código de Justicia Militar). La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado contundentemente que la jurisdicción penal militar no es competente para investigar, juzgar y sancionar a los autores de violaciones de derechos humanos (caso Radilla Pacheco vs. México), pero Calderón se ha opuesto a cumplir con las sentencias que ordenan modificar el marco jurídico para adaptarlo a los estándares internacionales.
Ante la imposibilidad de juzgar a los violadores de los derechos humanos en nuestro propio país es urgente que hoy, bajo el principio de complementariedad, acudamos a la Corte Penal Internacional (CPI). Ello parece difícil dado que la Constitución señala que es el Ejecutivo (con aprobación del Senado) quien reconoce la competencia de la CPI. Sin embargo ninguna norma de derecho interno puede invocarse para incumplir obligaciones contraídas en el ámbito internacional (Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, artículo 27) por lo que cuando Calderón y sus mandos militares las invoquen, sus argumentos serán rechazados por la CPI.
Para robustecer esta denuncia hace falta que participen la población y los defensores de derechos humanos del país. Por ejemplo, habría que incluir en el expediente de denuncia las declaraciones de los familiares de quienes han sido asesinados en operativos militares. Además, la mayor cantidad posible de ciudadanos mexicanos debemos firmar la petición que exige ante la CPI, detener el derramamiento de sangre. Contamos ya con miles de firmas recabadas en la marcha del 8 de mayo pero todavía es tiempo de que nuevas firmas respalden la denuncia.
Calderón ordenó el empleo de estrategias anticonstitucionales y violatorias del derecho internacional para combatir al narcotráfico y ello ha llevado a la sistemática violación de los derechos humanos en nuestro país. Bajo el artículo 8 párrafo 2, inciso c, numerales I y IV, así como el inciso e, numerales I, IV y VII del Estatuto de Roma, debe ser juzgado por crímenes de guerra en la CPI.
http://twitter.com/@elNetza Petición disponible en: http://nomassangre.mx
catalizador de un vasto pero hasta el momento informe movimiento que combina rabia, afrenta, irritación y rechazo al triste papel en el que nos quieren colocar los hombres de la guerra. Y en segundo lugar, señalando un camino a seguir para que la indignación no quede en una explosión de rabia momentánea. Así se ha pasado de la indignación y del reconocimiento de la magnitud de la emergencia al obligar y obligarse a obtener un registro detallado del nombre de las víctimas. No son un número, tienen nombre: tiene el propósito de enfrentar a autoridades y ciudadanos frente a la cruda realidad de los crímenes. De ahí también la propuesta de un monumento en su honor. De la indignación se pasa a la acción con la convocatorias de las dos marchas en abril y ahora en mayo. Ahí aflora lo que es el hilo conductor de las movilizaciones hoy: agravio e impunidad.Como las grandes movilizaciones que han acontecido en México llevan a definición de una plataforma mínima y ésta a la generalización de la movilización. Los seis puntos de esta plataforma leídos en el Zócalo el domingo pasado se resumen en:
1. Exigir verdad y justicia.
2. Exigir poner fin a la estrategia de guerra y asumir un enfoque de seguridad ciudadana.
3. Exigir combatir la corrupción y la impunidad.
4. Exigir combatir la raíz económica y las ganancias del crimen.
5. Exigir la atención a la juventud y acciones efectivas de recuperación del tejido social.
6. Exigir democracia participativa, mejor democracia representativa y democratización en los medios.
Con ese pliego de exigencias se comienza a dar un cierto grado de cohesión a un movimiento que de por sí es diverso y disperso. Viéndole bien se trata de un conjunto de redes con pequeños nodos autónomos que han surgido a lo largo y ancho del país en reacción a la ausencia de gobiernos que respondan a las necesidades de sus ciudadanos, sobre todo en el ámbito de la seguridad humana, o como se plantea en el documento de la manifestación: seguridad ciudadana. Estas redes no pueden ser articuladas con medidas clásicas como implicaría la formalización de un organismo, por ello el factor clave para aglutinarlas es el discurso.
Teniendo discurso –y un pliego de exigencias que expresa muchas y muy variadas demandas de diversos sectores de la sociedad– se define un método de lucha. De las posteriores entrevistas y conferencias de prensa con varios de los organizadores, se derivan dos métodos de lucha: uno que privilegia la movilización y de ahí la convocatoria a la siguiente etapa con la marcha a Ciudad Juárez. Otro que enfatiza el diálogo y la conversación democrática. Así por un lado convocan a especialistas y en general a la ciudadanía a elaborar, depurar y suscribir un pacto social. Por otro lado frente a las autoridades proponen un diálogo público en el Palacio Nacional para discutir los seis puntos. Para que ese diálogo funcione –en el sentido de que no sea un simple acto mediático– se requieren varios acercamientos previos que permitan establecer reglas. Pero lo esencial es que el gobierno federal acepte una conversación pública que será ríspida si es auténtica pero que a diferencia de los actos artificiales de consensos artificiales que terminan con una foto; en este caso podría confluir hacia la construcción de procesos que encaren y resuelvan los dos temas centrales: agravio e impunidad.
Se trata por tanto de un movimiento social que funciona como acordeón –tienen momentos de expansión y otros de retracción–, que actúa en diversos niveles: movilizaciones, política mediática, negociaciones con la autoridad –cabildeo– y que, si se fortalece políticamente, producirá nuevas reglas del juego en el espacio público mexicano. Es decir movilización social como medio de producción de instituciones.
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